PAÍS
Agencia Uno
Cuando se registro una situación semejante a la de Arica en Temuco, en abril pasado, donde una jueza de garantía autorizó a la defensa de Héctor Llaitul a acceder al listado de testigos protegidos en la causa que se investiga en su contra, el titular de justicia desdramatizó la situación, aseverando que se trata de una tensión clásica en el sistema penal, opinión que cambió radicalmente luego de la decisión del juez Héctor Barraza, quien autorizó la revelación de la identidad de 57 testigos protegidos y agentes encubiertos que han declarado contra el Tren de Aragua, lo que Cordero catalogó como “extremadamente grave”. (Ver al final N. de la R.)
En abril pasado, luego de que una jueza de garantía de Temuco adoptara una decisión semejante a la de su par de Arica, Héctor Barraza, en orden a levantar el secreto que pendía sobre las identidades de los testigos protegidos que existen en la causa en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, desdramatizó la situación, planteando en una entrevista con radio Duna que “lo que subyace a esta discusión es el derecho de la defensa a conocer quién está declarando y qué está declarando en su contra, esencialmente por una cuestión que está asociada al derecho a la defensa. Por eso, probablemente, lo que hizo la defensa de Llaitul en este caso fue conocer la identidad de esas personas para hacer efectiva su teoría del caso, para ver si esas personas tienen algún nivel de compromiso, lo clásico que puede estar detrás de un litigio”.
En el mismo sentido, aseveró que, sin embargo, la defensa está obligada a mantener en secreto los antecedentes, aseverando que la colisión entre la posición del órgano persecutor y los defensores es “es una tensión de dos bienes que es muy habitual en el derecho”.
Cabe señalar que luego de que el Fiscal Regional de la Araucanía, Roberto Garrido, interpusiera un recurso de protección debido a esta situación, la Corte Suprema terminó revocando la decisión del tribunal de primera instancia, en un fallo que se conoció el 02 de junio pasado.
Pese a ello, la posición de Cordero fue diametralmente opuesta frente a lo que ocurrió en Arica, pues aseveró que “lo sucedido con la revelación de la información de testigos protegidos y de agentes que tienen esa condición es extremadamente grave”.
Del mismo modo, desmarcándose de sus dichos anteriores, argumentó que “es una situación que además se da en un contexto donde el fiscal que estaba a cargo de la causa, de hecho, tenía protección y estaba autorizado a comparecer telemáticamente, precisamente por la naturaleza de la investigación”.
Asimismo, indicó que “esta no es una investigación cualquiera, esta es una investigación de crimen organizado que es extremadamente compleja, donde es muy relevante los testimonios y la intervención de la policía en su interior. Y lo que sucedió es lo suficientemente grave, no solo para que el Ministerio del Interior, sino que también el Ministerio Público ha interpuesto queja y recurso de protección”, agregando que ya existe “un precedente con lo que sucedió en el caso de Temuco, en una situación similar, donde la Corte revocó esta decisión”.
*Nota de la redacción: Con posterioridad a la publicación de esta nota, el ministro Cordero hizo llegar a la redacción de El Mostrador, por medio de su encargada de comunicaciones, un texto en el cual se indica que “la nota asume un cambio de posición supuestamente ‘diametralmente opuesto’ (párrafo cuarto de la nota). Los dos casos son totalmente distintos. En el caso de Arica no sólo se reveló los datos de los testigos protegidos (una tensión habitual con las defensas), también se obligó a entregar los datos de los agentes encubiertos y, además, el juez desconoció que el fiscal estaba con medida de protección acordada por el comité de jueces -por eso comparecía telemáticamente- e impidió el debate del resto de los intervinientes. El caso del Tren de Aragua es la investigación más importante y riesgosa sobre crimen organizado que existe actualmente en el país. La nota asume que ambos asuntos -sobre los que se pretende construir una supuesta contradicción- son fáctica y jurídicamente iguales. Sin embargo, son distintos y por lo mismo suponen aproximaciones distintas”.
