PAÍS
La sesión del Pleno 16ª, votó esta mañana, normas constitucionales relativas al Capítulo III Representación política y participación. Entre las más discutidas y que sacaron chispas entre los y las consejeros/as estuvieron: el financiamiento de los partidos políticos que deja abierta la puerta al aporte empresarial; la que inconstitucionaliza a los movimientos que “hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella” y el rechazo a mecanismos de representación política efectivos en los órganos colegiados de elección popular para pueblos indígenas. “A pesar de mis esfuerzos, el resultado es cero”, dijo el consejero Alihuen Antileo.
La mañana de este sábado el Pleno del Consejo Constitucional votó las propuestas de normas constitucionales relativas al Capítulo III Representación política y participación. Entre las aprobadas está la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas de ley. Esta se refiera al artículo 47 que contempla que “un grupo de cien personas habilitadas para sufragar podrá registrar en la plataforma del Servicio Electoral una iniciativa ciudadana de ley”, la cual deberá reunir -como mínimo- el apoyo del cuatro por ciento del último padrón electoral para que sea discutida en el Congreso Nacional.
El consejero Carlos Solar (PRep), integrante de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, señaló que tanto esta norma como el capítulo aprobado promueven una “ciudadanía más empoderada”.
Pero entre las normas que generaron mayor debate está la relativa al financiamiento de los partidos políticos. En este caso, la Comisión Experta propuso que estos “podrán acceder a financiamiento público”, el Consejo aprobó la eliminación de la palabra “público”, lo cual deja a la ley la posibilidad de que las colectividades puedan recibir aportes privados.
La discusión se alargó en torno a la posibilidad de que el financiamiento empresarial sea permitido. Igualmente sacó roncha, el artículo que inconstitucionaliza a los “partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella”.
La consejera Karen Araya (PC) cuestionó la propuesta: “¿Cómo habría sido usada esta norma durante el estallido social o en la marcha más grande de Chile, la del 25 de octubre de 2019? Me preocupa que la derecha busque eliminar cualquier posibilidad de crítica y manifestación en contra del sistema que están construyendo” señaló. A lo que la comisionada Katherine Martorell replicó “si (Araya) se siente orgullosa de los saqueos, de las quemas de las iglesias” durante el estallido, y descartó que la marcha del 25 de octubre tenga que ver con la norma propuesta: “¿Tan difícil es respetar los principios básicos del régimen democrático?”. Araya contestó estar “en contra de la violencia”, y que su preocupación está “en que se pueda criminalizar a los movimientos sociales que pacíficamente nos hemos manifestado”.
Otro de los debates entre consejeros se generó por el rechazo a las enmiendas de Unidad para Chile que proponían el voto voluntario para mayores de 16 años, así como el establecimiento de mecanismos de representación política efectivos en los órganos colegiados de elección popular para pueblos indígenas. El consejero Alihuen Antileo señaló que, pese a sus esfuerzos, “el resultado es cero”.
