PAÍS
Diego Martin/AgenciaUno
Todos coinciden que, más que un problema salarial, es necesario reforzar la formación a nivel de suboficialidad, para evitar su infiltración por parte del crimen organizado y, asimismo, uno de los entrevistados indica que también es necesario comenzar a pensar en medidas tendientes a evitar la captación de jueces y fiscales por parte de las grandes organizaciones mafiosas que ya actúan en el país.
La detención de dos suboficiales de Carabineros, acusados de entregar (a cambio de dinero) información y armas a sujetos vinculados con el grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche, en Curanilahue, dejó en evidencia en el sur del país algo que ya se había visto en el norte, que es la forma en que distintas organizaciones criminales están buscando cooptar a suboficiales de carabineros para cooperar con ellas, como ya sucedió con “los Gallegos” en Arica, que habían captado a un expolicía, quien les proveía de armas y vehículos, o como aconteció en el retén Quillagua, donde varios excarabineros fueron condenados, luego de que se estableciera que cobraban dos millones de pesos por hacer la vista gorda ante el paso de camiones con contrabando o droga.
Por cierto, no son los únicos casos, y en diversas fiscalías, especialmente en la zona norte, existe preocupación ante las justificaciones de los sujetos que se corrompieron, que justifican su actuar en función de sus ingresos, como lo dijo uno de los acusados en el juicio por lo ocurrido en Quillagua, un sargento segundo que relató que, luego de los descuentos, su sueldo líquido era cercano a los 900 mil pesos, dando a entender que ese era “excusa”.
Por cierto, esa cifra en realidad alcanza a 1.5 millones, de acuerdo con la información disponible en la web de Carabineros, en la cual es posible apreciar que un carabinero gana 758 mil pesos líquidos; un cabo segundo, 943 mil; un cabo primero, un millón 144; un sargento segundo, un millón 534; un sargento primero, un millón 717; un suboficial, un millón 905, y un suboficial mayor dos millones 147, a lo cual hay que sumar una serie de asignaciones que varían caso a caso.
Hace dos semanas, la Cámara de Diputadas y Diputadas aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora de la criminalidad en la macrozona norte, y en ella el tema de los sueldos de Carabineros fue ampliamente discutido, estimándose que era necesario aumentarlos, junto con mejorar las condiciones de trabajo de los carabineros y también de los funcionarios de la PDI que se desempeñan en esa zona.
Lo de la suboficialidad de Carabineros es, por cierto, lo que más preocupa, dado que son sus integrantes quienes están mayoritariamente en las calles y son, por ende, la primera línea de contención frente al crimen organizado.
Policías, pero también jueces y fiscales
No obstante, no todos coinciden con la idea de que es necesario aumentar los salarios para disminuir el riesgo de corrupción. Pablo Zeballos, que fue oficial de Carabineros y es fundador de iTask Consulting, una firma de análisis de riesgos que trabaja a nivel latinoamericano, señala al respecto que “el aumento de sueldos puede ser una medida, pero no garantiza evitar la captación criminal de policías”, pues señala que “dentro de la realidad latinoamericana, los sueldos de carabineros son superiores a los de otras policías. Eso es una realidad, como también es que los eventos de policías cooptados en Chile son proporcionalmente menores a lo que uno podría entender en América Latina, con algunas excepciones”, entre las cuales menciona a la Gendarmería argentina, “que tiene índices de corrupción menores a los que tiene tradicionalmente la policía de ese país”.
Además, indica, muchos de los casos que son denunciados “provienen de la propia capacidad interna que tienen Carabineros para detectar su presencia, al igual que Investigaciones”.
Precisa que a su juicio, “tenemos un sistema tremendamente garantista, en el cual la detención es un paso, pero la investigación y la condena es realmente la preocupación que podría tener una organización criminal que no quiera tener presencia en las cárceles”, por lo cual, asevera, “sería mucho más atractivo para organizaciones criminales ‘serias’ corromper fiscales o jueces”, ante lo cual indica que, sin descuidar lo que ocurre a nivel policial, se debería legislar para imponer “penas muy elevadas para aquellos funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que se vean en situaciones dudosas, sospechosas, o efectivamente en situaciones de facilitación a actividad criminal”, aseverando que, como lo muestra lo acaecido en otras partes del continente, “la criminalidad organizada puede corromper niveles mucho más elevados que el de las policías. Estas pueden convertirse en entes funcionales para el resguardo de actividad criminal, para la cultura de la actividad criminal, para ese tipo de cosas, pero en definitiva, las amenazas que se ciernen la corrupción proveniente de la criminalidad, a mi juicio recaen mucho más en la política, en la justicia y en las agencias de cumplimiento de las leyes no policiales. Creo que ahí está el centro de lo que viene para Chile”.
A lo anterior, agrega que, en el caso de los carabineros que están en la calle, en términos de prevención, “el principal componente es la formación, junto con las medidas de control y las sanciones al incumplimiento de estas, pues si las sanciones son bajas para las policías, para los jueces o inexistentes para los fiscales, la mesa está servida para la criminalidad en Chile, para tomar el control”.
Su diagnóstico del futuro es sombrío, pues señala que “Chile va hacia un proceso de cartelización y en un proceso de este tipo, donde empiezan a existir organizaciones criminales que se superponen a otras y que comienzan a diversificar su actividad criminal, el enfoque de evitar la corrupción debería estar un poco más arriba de las policías”.
Casi desde el inicio de la Reforma Procesal Penal que Andrés Cruz se desempeñó en el Ministerio Público, donde se especializó en crimen organizado. Renunció a dicha entidad en 2011, en protesta por el hecho de que desde la misma institución filtraran la existencia de una investigación por lavado de activos que Cruz llevaba en secreto, como lo ordena la Ley.
Hoy, luego de un paso por la Convención Constituyente y dedicado a enseñar Derecho Procesal Penal en la Universidad de Concepción, coincide con Zeballos, explicando que si bien el tema salarial es importante, hay otros que son igual o más determinantes y uno de ellos es el de la rotación: “no es posible que los mismos funcionarios que se desenvuelven en un territorio permanezcan en este durante largos periodos de tiempo”, indica, y es imposible no recordar ante ello lo ocurrido con uno de los ahora excarabineros presos en Curanilahue, quien incluso llegó a presentar un recurso de protección en contra de Carabineros, cuando intentaron trasladarlo de allí.
En segundo lugar, detalla, “existe una profunda falta de capacitación, de preparación y también de objetivos de la institución”, aseverando que “tú te incorporas a una institución uniformada porque hay una misión. Eso se inculca desde el punto de vista de la formación. En nueve meses, el periodo de formación de un funcionario de Carabineros, es muy difícil que adquiera la convicción en torno a la misión que deberá realizar”.
Además, indica, “hay un problema de apoyo tecnológico, que genera mucha frustración, porque el policía ve que el delincuente, sobre todo el que se desenvuelve dentro de organizaciones criminales, va a una velocidad de perfeccionamiento que es mucho mayor a la suya, y esa carrera que se está pretendiendo dar en contra de la criminalidad nunca se va a ganar. Hay una frustración, porque no hay una preparación adecuada por parte del Estado respecto del desafío que significa enfrentar esto en la policía uniformada y en la Policía de Investigaciones”.
Cruz difiere de Zeballos, sin embargo, en cuanto a la contrainteligencia; es decir, la capacidad de las propias instituciones en orden a detectar las situaciones anómalas al interior de ellas, aseverando que esta es ínfima “y eso hace que finalmente los esfuerzos por evitar que sean cooptados por parte de la criminalidad organizada fracasen”.
En cuanto al aumento de sueldos, opina que sí es necesario, pero por dos motivos que no tienen que ver con la implementación de medidas anticorrupción. El primero de ellos es por la brecha salarial que existe entre oficiales y suboficiales y, el segundo, “por el contexto general de la función que ejercen, de lo que se les exige y del grado de responsabilidad que tienen y el riesgo que deben asumir como funcionarios públicos. Desde esa perspectiva yo creo que hay que aumentarles el sueldo, pero no desde la otra, porque si no, eso significaría que cada vez que se cometa un delito, por ejemplo, de cuello blanco, de individuos que manejan grandes cantidades de dinero, ¿vamos también a tener que aumentarles el sueldo?”
Un suboficial de Carabineros en retiro que accedió a hablar con El Mostrador (bajo reserva de su nombre) tampoco cree que la forma de evitar la corrupción sea aumentar los sueldos, pues coincide con Zeballos y Cruz en orden a que “es un tema de formación”, agregando que a su juicio, debido a las demandas de seguridad ciudadana, “hubo un periodo donde se contrató más cantidad que calidad, por querer llenar los cupos”.
En ese sentido, indica que “entró gente no preparada” y que también hay un problema generacional pues, según indica, “hoy en día no se puede contar con un funcionario como antes”. En general, señala que “el funcionario antiguo era muy disciplinado. Si me dan una orden, la cumplo. Ahora los funcionarios más jóvenes las discuten y presentan recursos de protección cuando no quieren ser trasladados”.
En el mismo sentido, indica que la imagen popular grafica a los delincuentes como sujetos básicos, sin educación, en circunstancias que señala que dentro del hampa, y especialmente en el crimen organizado, “hay gente que está preparada para vulnerar lo que son las instituciones”.
Es más: asevera que incluso hay sujetos especializados en ello, que buscan un nexo en instituciones como carabineros y que poseen una metodología corruptiva, que se inicia con cosas menores: hacer la vista gorda frente a una patente o no controlar un camión cargado con drogas, madera o cobre, para luego, una vez que el o los policías ya están completamente cooptados, derechamente hacer la cobertura de seguridad de los vehículos cargados con droga o contrabando. En otras palabras, convertirse en verdaderos escoltas armados de los traficantes.
Por supuesto, para hacer eso, detalla, las organizaciones criminales requieren de mucha inteligencia, mucha información, que les permita identificar a los carabineros que pasan por alguna estrechez económica o que pueden ser más permeables.
