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Agencia Uno
En el informe constan las recomendaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que representó las largas jornadas de trabajo de los policías, la falta de compensación para ello y la necesidad de proteger a quienes forman parte del aparato de persecución penal, así como a sus familias.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer, en forma, unánime el informe final de la Comisión Especial Investigadora que durante varios meses se abocó a indagar la situación de la criminalidad organizada en la llamada macrozona norte, instancia que fue presidida por Jaime Araya (PPD) y que, entre sus recomendaciones, puso un acento particular en lo que tiene que ver con quienes integran el aparato de persecución penal y la necesidad de mejorar no solo sus sueldos, sino también sus condiciones laborales y de todo tipo.
De hecho, el informe señala que, debido al aumento del riesgo en las labores de quienes se desempeñan en estas funciones, es necesario que, para retener al personal, existan mejores políticas, especialmente en lo relacionado con “remuneraciones y beneficios habitacionales, de salud y mejoras en su calidad de vida”, por lo cual la comisión recomienda diseñar un nuevo sistema de asignación de bonos, que sea en relación con los riesgos.
Los riesgos, por cierto –como señala el informe–, se pueden medir estadísticamente y una evidencia de ellos es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, la que en 2022 fue, a nivel nacional, de 4.7. En la Provincia de Santiago dicha tasa fue de 3.6, pero en la de Arica llegó a 7.9 y en la de Iquique a 10.1, cifras nunca antes registradas a nivel nacional, pero que aún distan de la realidad latinoamericana (16.4), aunque la tendencia es incremental.
El tema de los incentivos económicos es importante, pues –como puntualiza el diputado Araya– hace poco se logró subir de 20 a 28 años la edad en que un joven puede postular a Carabineros, con el fin de atraer a más personas, “pero es necesario aumentar las remuneraciones, por ejemplo, de los carabineros en formación, que reciben un sueldo mensual de 62.500 pesos, ingreso que es incompatible con las necesidades de alguien que tiene responsabilidades familiares”, sostuvo.
Al respecto, el parlamentario agregó que hay una serie de situaciones que también deben revisarse, como lo que ocurre cuando un carabinero quiere postular a alguna de las Escuelas de Suboficiales que hay en el país (Santiago, Concepción y Antofagasta), pero se encuentra con que, al hacerlo, pierde varias asignaciones y bonos que posee en la medida en que está operativo en las calles, lo que en la práctica se convierte en un desincentivo para el perfeccionamiento.
El tema no es menor, dados los hechos de corrupción que han quedado en evidencia en los últimos meses, especialmente a nivel de la que es la primera línea del combate al crimen organizado: los suboficiales de Carabineros que están en las calles, en las poblaciones, en los sectores fronterizos y en otros lugares críticos.
Araya señala que, independientemente de casos como el de los carabineros detenidos en Arauco, al haber sido corrompidos por sujetos pertenecientes al grupo Resistencia Mapuche Lafkenche, o lo sucedido en el norte, donde dos ahora exuniformados terminaron condenados a altísimas penas por dejar pasar camiones con droga o contrabando, a nivel general, como país, “aún tenemos una fortaleza institucional que es muy importante”, como es –dice– la probidad en general de quienes componen las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Sin embargo, frente a ello, subraya que “se requiere un refuerzo de Estado, para poder hacer frente a bandas criminales que tienen un nivel de sofisticación que nosotros no conocíamos y que excede, por lejos, toda la imaginación posible de la legislación chilena para poder enfrentar las particularidades que lleva a cabo”.
De hecho, reseña que “hay muchos países en que la gente va a denunciar y sabe que está yendo más bien a reportarse frente a una banda criminal que ante el control de la policía o del sistema judicial. Eso en Chile, afortunadamente, no ocurre”, señala, añadiendo que, sin embargo, deben adoptarse las medidas para que no suceda.
Entre las múltiples aristas del informe, una de las más llamativas es lo indicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que no solo informó a la comisión respecto de la vulneración de los derechos de los migrantes, sino también sobre la forma en que el propio Estado vulnera los derechos de sus agentes que trabajan en la zona norte. En síntesis, el documento refiere que, en el caso de Carabineros, estos deben efectuar extensas jornadas de trabajo y turnos con escaso tiempo de descanso, que no son adecuadamente compensados (ya sea con dinero o tiempo).
No es lo único: constataron problemas serios de infraestructura en varios cuarteles, la necesidad de contar con apoyo psicológico e intérpretes para los policías que se desempeñan en Colchane (el primer punto de entrada ilegal al país) e, incluso, la necesidad de cambiar los colchones en mal estado en que duermen los carabineros de Hito Cajón y la puerta de ingreso del cuartel de Ollagüe.
En lo relativo a la PDI, el INDH señala que a los funcionarios que laboran a más de tres mil metros de altura no se les practican evaluaciones de salud, lo que –a juicio del organismo– “incumple la obligación de todo empleador de proporcionar condiciones de salud y seguridad adecuadas para el desempeño de funciones”.
Ante ello, el Instituto Nacional de Derechos Humanos asegura que es necesario revisar los sistemas de turnos de Carabineros y la PDI, a fin de que “sea compatible con su vida personal y familiar” y no solo eso: también recomiendan establecer brigadas investigadoras de trata de personas (Britrap) en todas las regiones de la zona norte, pues actualmente solo existe una, en Iquique.
Entre lo establecido por los diputados, se pudo evidenciar, además, “la precariedad de las dotaciones existentes en toda la macrozona norte, por lo que resulta indispensable el compromiso del Estado con el aumento significativo de la dotación que hoy está operativa en el norte del país”. Junto con ello, se solicita un aumento específico de la dotación del OS-7 de Carabineros, la creación de una policía fronteriza especializada y la “necesidad de contar con un ente de seguridad especializado en materia de seguridad, control y fiscalización de los distintos recintos aeroportuarios públicos y privados que funcionan en el territorio nacional, dotándolos de personalidad jurídica propia, dependiente del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea”.
Asimismo, consideran “una tarea de Estado” el brindar protección a todos los agentes estatales, y sus familias, que cumplen funciones en zonas de riesgo (aunque la redacción del documento es anterior al caso del juez de Arica, Héctor Barraza, quien entregó a los defensores del Tren de Aragua las identidades de testigos protegidos y agentes encubiertos).
Además, en materia de prevención de corrupción, el informe hace hincapié en que “es necesario fortalecer y profundizar la obligatoriedad de realizar declaración de patrimonio e intereses de todos los altos cargos que hoy están cumpliendo funciones en las zonas de riesgo del país (fronteras, barrios, comisarías, cárceles, etc.) y particularmente de aquellos servidores públicos que se encuentran trabajando en contacto directo con infractores de ley”.
Lee el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos acerca de la zona norte.
