En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, profundizó en la materia, asegurando que la propuesta aprobada por el Partido Republicano y Chile Vamos “pone por más trabas que la Constitución de 1980”.
Un grupo de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez planteó que la propuesta de nueva carta magna “hace inconstitucional la penalización del narcotráfico”. Agregaron que “así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores”, considerando que el emblema de la iniciativa es justamente la seguridad ciudadana.
“Nadie sabe para quién trabaja”, señala el escrito que suscriben Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann. Este último, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, profundizó en la materia, asegurando que la propuesta aprobada por el Partido Republicano y Chile Vamos “pone por más trabas que la Constitución de 1980”.
Según el académico, además, en el texto que será plebiscito el próximo 17 de diciembre, “hay fijaciones contradictorias” como que se constitucionalice el no pago de contribuciones pero al mismo tiempo se recorte el financiamiento a municipalidades.
En ese sentido, dice que esta no es la Constitución de la seguridad, como plantea la derecha: “Yo creo que ese es un eslogan o un punto que ha intentado movilizarse y se ha intentado movilizar sobre todo por razones simbólicas. La propuesta constitucional tiene dos declaraciones simbólicas que no están contenidas en el texto de la constitución del ochenta, que refuerzan la cuestión de las consideraciones de seguridad. Establece como una base institucional la orientación del Estado a proveer de seguridad. Por supuesto, todos los Estados siempre lo han hecho, pero aquí lo refuerza simbólicamente. Y, en segundo lugar, establece el derecho a vivir en un entorno seguro”.
“Esas dos declaraciones simbólicas las hacen. Yo diría, sin embargo, que lo que puede hacer una constitución respecto a la provisión de seguridad es bien poco. O sea, en general, la provisión de seguridad es un problema de, si usted quiere, distribución de recursos públicos, eficacia en la persecución penal. Las constituciones no hacen eso. No pueden garantizarlo porque son demasiados generales. Más bien, lo que uno quiere es que las constituciones no pongan trabas a la posibilidad de distribuir recursos públicos y más recursos públicos a la posibilidad de proveer seguridad por medio de las policías y por medio de los organismos de persecución. Y que no pongan demasiados trabas institucionales al funcionamiento de los sistemas sancionatorios para efectos de proveer seguridad. Yo diría, en ese aspecto, en el aspecto no simbólico, sino en el aspecto material, la propuesta es más bien deficiente”, añadió.
De acuerdo a Wilenmann, es una propuesta “vende humo”: “Yo creo que lo que dice Jorge Correa tiene razón, por supuesto, dicho de un modo más llamativo. De lo que dije yo ahora, vender humo, creo, es la forma de referirse que hace declaraciones simbólicas, pero respecto de un tema que es, ante todo, un tema de gestión material, de funcionamiento material de las instituciones. Y no solo eso, por supuesto, seguridad depende de muchos más factores, pero lo poco que depende de las instituciones es, ante todo, un tema de distribución material de recursos y de funcionamiento eficaz de esos recursos”.
“El hecho de declarar simbólicamente y considerarlo como derecho, si ayuda o no ayuda a la provisión de ese problema, lo que pueden hacer las declaraciones de derecho siempre es, como dice el profesor Correa, una cuestión de ciertos casos específicos. La capacidad de movilizar por medio de acciones judiciales siempre es súper limitada. Es limitada y además distribución selectiva. A quién se le da más o menos es un problema de quién fue antes los jueces y a quién lo tomaron en consideración los jueces. Es una mala forma de hacer políticas públicas. O sea, en el mejor de los casos permitiría eso, que ya es un problema, pero en el resto, sobre todo, yo insisto, el problema central de la provisión de seguridad es un problema de poder contar con recursos para efectos de llevar a cabo acciones de prevención, digamos más bien de lo que en Chile hacen los carabineros, y poder llevar a cabo acciones de persecución. Y yo creo que lo que uno puede pedir a la Constitución a ese respecto es, ante todo, que no ponga trabas. Y mi impresión es que esta Constitución pone más trabas que lo que hace la Constitución de 1980″, añadió.
“En parte por las razones que señala el profesor Correa. O sea, en parte por las razones de Jorge Correa, que, a cargo de judicializar, tiende a ser las cosas más desordenadas. Todo lo que es judicial es más desordenado que lo que es administrativo, en principio. Y en parte por el tipo de razones que discutimos en la Carta”, cerró.
