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Créditos: Gobierno Regional del Maule.
Luego del estallido del caso Democracia Viva, Contraloría ha puesto sus esfuerzos en fiscalizar los convenios entre entes estatales y privados que cuentan con traspasos de recursos de forma directa. En ese marco, el Gobierno Regional del Maule presentó irregularidades por casi mil millones de pesos.
A inicios de noviembre, el contralor Jorge Bermúdez presentó ante la Comisión Investigadora del Congreso las observaciones realizadas a 15 seremis de Vivienda y Urbanismo en distintas regiones, en el marco del caso Convenios. Actualmente todas están siendo investigadas, pero no son los únicos organismos públicos que se encuentran bajo el ojo contralor. El caso Democracia Viva también echó luces sobre irregularidades en los traspasos de recursos por parte de Gobiernos Regionales (Gores) a fundaciones. Entre ellas, una de las más llamativas es la del Gobierno Regional del Maule, que lidera la democratacristiana Cristina Bravo.
La Contraloría hizo pública la auditoría realizada, con fecha 9 de noviembre, sobre los convenios llevados a cabo por el Gobierno Regional del Maule con cuatro fundaciones: Fundación Tejido Social (del 2021, por casi 17 millones), Fundación Urbanismo Social (del 2022, por 264 millones), Fundación Semilla (del mismo año, por 271 millones) y Fundación Participa (de marzo de este año, por 379 millones). Esta es una de todas las revisiones que está realizando el órgano fiscalizador a nivel nacional y de las que seguirán publicando resultados.
La Contraloría detectó irregularidades de distintas magnitudes en los cuatro convenios realizados que, juntos, suman un valor de $932.833.626. Sin embargo, cabe señalar que el Gore del Maule ya echó pie atrás en algunos proyectos, como –por ejemplo– “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” de Urbanismo Social, que fue un polémico caso ya dado a conocer por la prensa y que, en el detalle de este informe, también se encuentra descrito.
El informe muestra primero, a modo general, los “Aspectos del Control Interno” del Gore y ahí traza las primeras observaciones respecto a los convenios celebrados. En primer lugar, advierte que existen “debilidades generales de control interno”. Entre ellas, apunta específicamente a que “no existe una directa relación entre los objetivos de las fundaciones acorde a los estatutos de estas y la tipología del programa de inversión formulado y asignado a ellas”.
Otra de las observaciones señala que se confirmó que no se “ponderó ni consideró el patrimonio de las fundaciones a las que se les entregó recursos a fin de resguardar debidamente el patrimonio fiscal” y, también, se identificó que “los formularios de postulación no contaron con la totalidad de la información necesaria que permita acreditar el cumplimiento de los antecedentes exigidos para su postulación”. Concretamente, se refiere a la “falta de experiencia de las iniciativas, inicios de actividades cercanos a la celebración de los convenios” y “ausencia de identificación de los beneficiarios”.
Además, se detectó una “falta de oportunidad en la dictación del instructivo”. Esto, a raíz de que el programa presentado por la Fundación Participa –vinculada a personajes del PPD– y que tenía como título “Transferencia Programa de Extensión para frutilleros de la Provincia de Cauquenes”, fue evaluado y recomendado por un funcionario del Gore perteneciente a la División de Fomento e Industria.
Es importante mencionar que las observaciones vertidas por la Contraloría versan sobre las acciones que ha realizado el Gore del Maule respecto a los convenios celebrados y acerca de lo que las fundaciones han hecho, puesto que son entes privados.
Sobre eso, la cantidad de observaciones hechas respecto a cada fundación a veces se repite y, si bien el órgano contralor tuvo que levantar algunas de dichas observaciones, pues el Gore se apegó a lo legal, advirtió que “estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de las necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y que vele por su respectiva idoneidad”.
En tal sentido, se detectaron similares irregularidades en todos los convenios, donde en algunos se repiten las observaciones y en otros no.
El convenio que se había suscrito en diciembre del 2022 con Urbanismo Social –fundación cercana al Frente Amplio– se titulaba “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” y tenía por objeto intervenir en cinco barrios de la región. Sobre esta tramitación, se identificó que la definición de las personas beneficiadas no era óptima: “No aclara ni identifica los beneficiarios directos a los cuales está dirigida la iniciativa de inversión, ni tampoco los barrios a intervenir en las comunas que señala, y dado que el proyecto aún no ha sido concluido”.
Lo mismo ocurrió con el convenio suscrito por la Fundación Participa, que está vinculada al PPD. Si bien Contraloría reconoce que “se establece que estos corresponden a 244 agricultores no acreditados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, de la Región de Maule (…) De ellos, 175 corresponden a hombres y 69 a mujeres, aproximadamente”, advierte que no hay antecedentes que proporcionen una individualización de los beneficiarios.
El órgano fiscalizador identificó que Urbanismo Social adolecía de una falta de competencia en el área del proyecto presentado y, aun así, el Gore suscribió el convenio. Si bien incluyen una lista de 14 proyectos ejecutados y/o en ejecución, la Contraloría levantó una observación, pues “las fundaciones o corporaciones privadas sin fines de lucro, deberán acreditar experiencia en la administración de fondos públicos, la que deberá estar debidamente respaldada mediante certificados y/o documentos fidedignos y oficiales”, cosa que no se acreditó en esta oportunidad.
Se constató, en los cuatro convenios suscritos, que existían inconsistencias en los giros de actividad económica registrados en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Urbanismo Social tenía como objetivo la “participación, desarrollo o gestión de proyectos urbanos de carácter e interés social, la gestión inmobiliaria, asistencia técnica, económica, y legal para el desarrollo de proyectos sociales de carácter habitacional en general y proyectos urbanos de interés social”, dice la descripción de los estatutos de la fundación a los que aludió el órgano contralor.
Sin embargo, la cláusula primera del convenio suscrito habla sobre “implementar una intervención física y social en cinco barrios de la región del Maule con miras a reducir la percepción de inseguridad en cada uno de ellos”. Estos objetivos, indica Contraloría, “no se condicen con las actividades económicas de la fundación autorizadas por el SII”.
Lo mismo ocurre con Tejido Social, que postuló a un fondo que pretendía “disminuir el riesgo de contagio entre las mujeres y hombres beneficiarios de la Fundación, listado más abajo indicado, pertenecientes a las comunas de Talca y Linares. Ayudar con capacitación el autocuidado personal y familiar que le permitan prevenir el contagio del COVID19 [y] así poder realizar una Pandemia y/o cuarentena en condiciones más favorables”.
Pero los estatutos de la fundación, a los que aludió la Contraloría, indican que su objetivo “será el fortalecimiento y la generación de espacios de participación social y comunitaria, a través del asesoramiento, la gestión y la elaboración de insumos técnicos y teóricos en torno a la política territorial de la región del Maule”.
Sobre la Fundación Semilla, se identificó, en su artículo primero, un objetivo amplio: “La promoción y desarrollo de acciones destinadas a fortalecer íntegramente, es decir, espiritual, intelectual y materialmente, a grupos prioritarios, en los ámbitos de la pobreza, discapacidad, educación, trabajo, cultura, medio ambiente, infancia, deporte, conocimiento de los pueblos originarios”.
No solo las presentaciones de proyectos fueron llenadas de observaciones por parte de la Contraloría, sino que también se hizo énfasis en los traspasos directos de recursos, cosa que pone el foco en la jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional: Elena Fuica.
Tanto en los convenios suscritos entre el Gore del Maule y Urbanismo Social, así como con Participa y la fundación Semilla, “las transferencias realizadas para la ejecución de los proyectos consignados en los convenios aprobados se efectuaron de forma posterior a lo acordado en los programas de caja correspondientes”.
Estos responde, según la Contraloría, a que “los montos del presente convenio de transferencia serán transferidos de acuerdo con el programa de caja que acuerden las partes, al avance efectivo en la ejecución de las actividades y a la presentación de las rendiciones de cuenta respectivas. Este Programa de Caja se preparará identificando los montos y oportunidad en que se estima se utilizarán los recursos para cumplir con los gastos necesarios para la ejecución de las actividades que ha aprobado financiar el Gobierno Regional”, cosa que el órgano contralor no pudo ratificar al consultar al Gore en cuestión.
Además, sobre estos tres convenios se estableció que, a pesar de haber presentado un proyecto con una duración determinada, con etapas de ejecución específicas, se determinó un desembolso de recursos completo en una cuota.
Urbanismo Social presentó un proyecto con una duración de 9 meses y con tres etapas de ejecución, pero se estableció un programa de desembolso de 265 millones de pesos. Fundación Semilla contaba con un programa de 24 meses, repartidos en cuatro hitos, pero se constató que el traspaso fue pactado en una sola cuota de 271 millones de pesos. Lo mismo sucedió con Participa, en un proyecto de duración de 6 meses y con 5 puntos metodológicos, donde se pactó una entrega de 271 millones de pesos, la totalidad del fondo, en una sola cuota.
En julio de este año, cuando la Gore anunció que había echado pie atrás en el convenio suscrito con Urbanismo Social, dijo en la radio local VLN: “Aquí no hay nada irregular, los recursos del Maule están bien resguardados”.
El Mostrador intentó obtener la versión de la gobernadora regional, Cristina Bravo, respecto a este artículo, pero hasta el cierre de la edición no había llegado su respuesta.
