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Crédito: Agencia Uno
Una anciana que lleva 25 años buscando que el servicio enmiende el uso indebido de su Rut, un retornado al que pidieron US$ 1000 para una coima, un ingeniero que se enriqueció con un error informático y un funcionario del SII sobornado por Penta, forman parte de la lista de episodios.
“Que hubiera sobornos en el Servicio de Impuestos Internos (SII) no es una novedad. Lo que sorprende del audio es que mencionen que hubo una coima en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que era considerado un lugar con niveles mayores de control interno”. La reflexión proviene de un abogado experto en materias tributarias luego de oír el audio filtrado, en que Luis Hermosilla habla del pago de sobornos a funcionarios del SII y la CMF.
Su opinión apunta a que desde 1980 el servicio, dependiente del Ministerio de Hacienda, ostenta una larga lista de incidentes vinculados a irregularidades e investigaciones por cohecho. El Mostrador accedió a algunas historias hasta ahora desconocidas de episodios irregulares del SII.
El exfuncionario de la ONU Gustavo Castillo, luego de 15 años de exilio, retornó a Chile desde Bélgica en 1993, con su entonces esposa alemana Krista. Él era piloto civil en Europa y ella funcionaria de un organismo internacional. Poco después de su arribo a Chile, la pareja compró una casa de 90 mil dólares, al contado y en un cheque, en calle Paseo Amancay, cerca del mall de Quilín.
Semanas después, le llegó una citación del Servicio de Impuestos Internos (SII) donde se le requería que “declarara el origen de los fondos con los que había hecho la compra”. Al cabo de una semana, cuenta Castillo a El Mostrador, le llegó otra para que concurriera personalmente a las oficinas de la institución, según recuerda, en Irarrázaval esquina de Pedro de Valdivia, con carácter de urgente.
“Me recibió un jefe, me dijo que tenía que declarar el origen de la plata con la cual se había comprado la casa. El tipo era bien despectivo y maltratador, literalmente me dijo: ‘Sí, porque 90 mil dólares no se reúnen lavando platos en Europa, eso es imposible’”, relata.
Y agrega: “Ahí la discusión se hizo violenta. Yo le dije ‘mira, hueón, yo no he estado lavando platos, aunque no tengo ningún problema en trabajar en eso ni con la gente que lava platos, pero yo soy piloto de avión y es una plata que ha sido bien habida, hueón’. Fue muy desagradable el hombre”, señala Castillo.
Según expone el expiloto de misiones de paz –en países como Haití, El Líbano, Malí–, le pusieron un plazo de 10 días para justificar de dónde había salido el dinero.
“Tuvimos que escarbar en miles de lugares en Nicaragua, Bélgica, Alemania, Holanda, llamar por teléfono, escribir y todo eso, para pedir todos los papeles. No hacía gracia, porque el tipo era muy agresivo. Pedimos más plazo porque no podíamos juntar las pruebas en un plazo tan corto y estábamos angustiados”, cuenta.
Dos semanas más tarde, de forma mucho más amable, le propusieron una solución al exfuncionario de la ONU. Recuerda que recibió un llamado y lo citaron a un edificio en Alameda con Arturo Prat. “Por teléfono me dicen ‘mire, nosotros sabemos que tiene un problema con la compra de la casa y nosotros estamos dispuestos a poder ayudarlo, a buscar una solución’. Era un abogado”, afirma Castillo.
Al llegar a la cita, el profesional le dijo: “Nosotros podemos solucionar el problema, podemos dejarlo en cero, o sea, borrar cualquier problema que usted tenga, lo dejamos virgen”, le comentó.
Y luego el hombre dijo: “Lo dejamos sin ese problema, y eso cuesta alrededor de mil dólares, que es menos del 10% de lo que vale su casa”. Gustavo Castillo dice que “nosotros calculamos que eran como 12 sueldos mínimos (cerca de 5 millones de pesos actuales). Yo le dije que muchas gracias, que yo lo iba a pensar, que lo iba a tomar como una posibilidad, en caso de que no pudiera adjuntar estas pruebas, pero que quedaba muy agradecido. Eso para no causar mala intención en ellos y que después me fueran a hostigar de otra forma. Yo sabía que tenía los recibos en alguna parte”, explica Castillo.
Finalmente, como la casa estaba inscrita a su nombre y el de Krista, ella consiguió que se le enviaran desde Europa varios recibos de su sueldo. “Volví a la oficina de Irarrázaval y le agradecí al funcionario por esa gentileza de ofrecerme una coima”, concluye con ironía Castillo.
Fuentes del SII señalaron a El Mostrador que esa sede de la entidad en Ñuñoa fue intervenida años más tarde.
El 3 de abril pasado, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett (PS), recibió una dramática misiva. Su remitente era una mujer de 77 años, que le exponía que, desde hacía 25, el SII le cobraba una deuda impositiva que “no era de ella” y que ascendía a casi $18 millones.
“Desde el 2000 he realizado una serie de reclamos y que hasta el día de hoy registro una deuda que no es mía y que no ha sido solucionada. Por tal hecho, he tenido que acudir a una Clínica Jurídica, la cual ha revisado todos los documentos y dio como resultado la mencionada solicitud”, señalaba María Angélica Moscoso en su carta a Frigolett, a la que accedió El Mostrador.
La mujer –periodista, socióloga y exdiplomática de la Cepal– cuenta que cargaba con “un sospechoso” vía crucis tributario, desde 1998, cuando un tercero había hecho una serie de declaraciones de impuestos con su Rut, sin que ella fuera informada.
El inconveniente le había significado una interminable lista de angustias y problemas. Incluso, había estado a punto de perder su casa y ser embargada por el Estado.
Antes de escribir al socialista, la afectaba recurrió a otros cuatro directores del Servicio de Impuestos Internos, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a la Tesorería General, a Bienes Raíces, al Archivo Judicial, a Tribunales, al Ministerio Público, y a una larga lista de abogados, pero “nadie me quiso ayudar”, señala junto a su madre en silla de ruedas, a quien cuida.
Incluso, asegura que acudió a interponer una querella por falsificación de documentos en 2015. Sin embargo, tampoco le fue bien.
“El entonces Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, me mandó a decir en una carta que él no podía hacer nada, mientras el SII no hiciera una denuncia, y no podía seguir investigando por falta de antecedentes. Parecía que todos sabían mi caso, pero nadie hacía nada”, afirma Moscoso.
Lo anterior, aun cuando en otra carta que le envió el jefe de la División de Reclamaciones de la CMF, Andrés García –por deudas en cuentas corrientes que se abrieron con ese Rut, pero con otro titular, en los bancos Estado, de Chile e Itaú–, este le sugiere que vaya al Ministerio Público “si estima que hubiera una suplantación de identidad”.
Según le expuso Moscoso a Frigolett, ella tenía identificados a los autores del uso indebido de su Rut: “El causante, Luis Augusto Calvo Gana, Rut 3.746.788-K, era dentista y además estaba fichado en TGR como fabricante de productos químicos, giros totalmente diferentes a mi giro comercial. El SII no tiene por qué usar mis impuestos para ayudar a evadir impuestos que se venían registrando desde el fallecimiento, en 1968, de Luis Calvo Nieto, padre del causante y creador del ‘Metapío’ y socio de la Sociedad Laboratorio Dres. Calvo y Arenzana, que venía funcionando desde los años 40”.
Moscoso había hecho un favor en 1988. Había aceptado ser la representante legal del hijo de una amiga de su madre, quien vivía en España. El favorecido era el empresario Luis Calvo Gana y, tras su muerte, en 1998, comenzó la trama. En el relato de la mujer de 77 años hay dolor e indignación. Y la sospecha de la existencia de cohechos: “Esto no hubiera sido posible sin la anuencia de funcionarios de SII y una serie de abogados. El muerto me hacía declaraciones de impuestos, imagínese”, comenta a El Mostrador.
Según explica la periodista, finalmente Frigolett le dio una solución parcial: luego de 25 años, el SII dejó sin efecto el pago de lo que se le cobraba. Sin embargo, sus devoluciones de impuestos, retenidas durante más de dos décadas, no le han sido devueltas.
En noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por cohecho contra dos fiscalizadores del SII y dos asesores ligados a la Sociedad de Contadores y Auditores de Chile (Socogech), ante evidencia que apuntaba a que operaban ilícitamente desde 2000.
Según cuenta un retirado funcionario del ente fiscalizador, la acción judicial surgió de la denuncia que el abogado de un contribuyente afín a la Concertación hizo llegar a las manos del entonces director de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, primo del expresidente Ricardo Lagos.
Entre los querellados estaban los fiscalizadores Sergio Cáceres y Manuel Contardo y el exfuncionario Javier Mancilla.
La acusación incluyó también a los otrora asesores tributarios Mario Cañete e Iván Sánchez, quienes habrían pagado a funcionarios del SII para solucionar “problemas tributarios” de firmas con problemas de caja.
El modus operandi de los acusados consistía en contactar una lista de grandes empresas, cuyo pago por devoluciones de impuestos estaba retrasado, para realizar la restitución tributaria a cambio de hasta el 15 por ciento del total del monto involucrado.
En esa ocasión, Ricardo Escobar se mostró confiado y aseguró que las irregularidades “son casos aislados de personas específicas, que repudiamos y que serán perseguidos con el máximo rigor”.
El año 2010, el joven ingeniero y fiscalizador del SII, Iván Álvarez, descubrió un error que lo catapultó como el cerebro del fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) –destapado en las aristas del caso Penta– y que provocó un perjuicio fiscal de $ 3 mil millones, con casi 200 personas involucradas, entre contadores, contribuyentes y ejecutivos.
Se trataba de un error en el sistema informático de la institución y que solo conocían los más antiguos empleados de la entidad. Este permitía rectificar declaraciones de impuestos para abultar las devoluciones de primera categoría de modo irregular, cobrando una comisión por hacer ese “truco” a empresas millonarias.
Para ello, un contador conocido, Sergio Díaz, le conseguía a Álvarez potenciales clientes. Uno de ellos fue el martillero Jorge Valdivia, quien trabajaba con el gerente de inversiones de Penta, Hugo Bravo.
No está claro cómo el mecanismo fue descubierto. No obstante, el caso luego desencadenaría nuevas indagaciones en Empresas Penta, abriendo así una nueva arista del caso, la que más tarde se conocería como el caso de las platas políticas. Se estima que, a partir del fraude, la suma del perjuicio total fue de $2.706 millones.
En otra arista de este caso, en la acusación presentada en 2018 por el fiscal Felipe Sepúlveda –el mismo que instruye hoy el caso Hermosilla– contra Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda., se señala que las acciones del exjefe de contabilidad de la compañía, Marcos Alberto Castro Sanguinetti, son constitutivas del delito de soborno al ofrecer coimas al funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez –condenado a 5 años de libertad vigilada y al pago de $275 millones–, para revisar sus presentaciones y declaraciones dentro de la institución, evitando cualquier error, y proporcionándoles ventaja frente a otros contribuyentes al momento de revisar sus declaraciones de impuestos, evitando de esta manera que se produjera una fiscalización real.
En los hechos, Álvarez se convirtió en un empleado más de las empresas Penta, controladas –a la fecha de los delitos– por los condenados a clases de ética, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Un caso distinto pero no menos polémico fue el que vivió la empresa Johnson’s, debido a una millonaria condonación de impuestos por parte del SII por USD 125 millones en tributos en 2012 y que, tras filtrarse a través de La Segunda, significó, luego de un informe de Contraloría, la salida de su cargo del director nacional del SII de ese entonces, Julio Pereira, y también del subdirector jurídico de la misma institución, Mario Vila, durante el Gobierno de Sebastián Piñera.
En 2012, el Servicio de Impuestos Internos propuso una condonación de multas e intereses a la multitienda Johnson’s, y la compañía pagó de una vez 4 mil millones de pesos, es decir, solo un 8% de la deuda original, lo cual generó una controversia política nacional, debido a lo que se consideró como “amiguismo” entre el servicio y la firma. Y esto justo semanas antes de que la empresa fuera vendida a Cencosud.
“Profesionales que asesoraron a Johnson’s en juicios contra el SII después entraron a Impuestos Internos y están en altos cargos, en la plana mayor. Indudablemente, hay que despejar la duda razonable de que pueda haber un conflicto de intereses, porque la plana mayor evidentemente tuvo injerencia directa en esto”, afirmó el entonces diputado Fuad Chahin (DC), en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Chahin apuntaba al entonces director del SII, Julio Pereira, y al subdirector jurídico del mismo servicio en ese tiempo, Mario Vila, quienes antes de llegar al ente fiscalizador en 2010, convocados por el Gobierno de Sebastián Piñera, fueron socios del área tributaria de la auditora Pricewaterhouse Coopers (PwC), la que era además investigada por su responsabilidad en el caso La Polar.
PwC asesoró a Johnson’s en la declaración tributaria para evitar el pago de impuestos que adoptó la multitienda en 2001 y que el SII cuestionó en 2004, lo que le significó a la compañía arrastrar juicios por impuestos impagos durante casi ocho años.
