Luis Cordero y caso Convenios: “No hay registro que la Presidencia hubiese recibido ese informe”

“Hay que distinguir aquellas situaciones que son de público conocimiento de aquellas opiniones que involucrados utilizan como parte de sus estrategias de defensa”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, refiriéndose a las declaraciones del exSeremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras —que adjudicó un millonario fondo a la Fundación Democracia Viva— quien señaló que la Presidencia recibió un informe al respecto el pasado 7 de junio. Todo en el contexto de las investigaciones en curso por el Caso Convenios.

El ministro, entrevistado en Mesa Central, agregó: “no hay registros que la Presidencia hubiese recibido ese informe. De lo que sí hay registros y respecto de los cuales el propio ministro Carlos Montes entregó la información en su oportunidad (el 22 de junio), es del set de antecedentes y de informes que se habían emitido, entre otros el del señor Ricardo Trincado. De hecho, en la visita que hizo el ministro Montes al fiscal a cargo de la investigación, en Antofagasta, se entregó este informe conjuntamente con una serie de otros antecedentes, incluyendo los correos electrónicos”.

Enfatizó: “¿Era desconocido la existencia de ese informe? No. ¿Era de público conocimiento? La respuesta es sí. Si alguien quiere deducir a partir de eso que la Presidencia tuvo conocimiento de ese informe, la respuesta es no. (…) Son estrategias de defensa, pero sobre ese punto yo no voy a profundizar. Si uno analiza tanto las notas que hizo esta semana La Segunda como La Tercera, que al parecer tuvieron acceso íntegramente al informe, ese informe comienza diciendo que está siendo una evaluación a partir de un informe previamente realizado por el exSeremi. Entonces, aquí para efectos de la discusión pública, ese informe, ¿era conocido? Sí. ¿Se levantó dentro de la información que trabajó el equipo del ministro Montes? La respuesta es sí. ¿El ministro Montes comunicó eso públicamente? Sí. ¿Lo entregó al Ministerio Público? Sí”.

Ante la pregunta cómo es que el ministro Carlos Montes no se enteró de lo que pasaba hasta que el tema Democracia Viva estalló por la prensa, dijo que “el Estado trabaja en función de las responsabilidades institucionales de cada uno de sus cargos. ¿Estaba la denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios? Sí. ¿Había sido remitida a las autoridades respectivas? Sí. ¿Se requirieron los informes por parte de las autoridades respectivas? La respuesta es también. ¿Se acompañaron esos informes con evaluaciones? Sí. ¿Estaba en proceso de evaluación el aspecto más complejo, el conflicto de interés? Sí. ¿En otros términos, la institucionalidad del ministerio de Vivienda estaba funcionando? La respuesta es sí. Otra cosa es la rapidez. Y cualquier persona que tiene experiencia en el sector público, y más o menos evalúa los plazos que estaban vinculados, creo que entiende la racionalidad de lo que estaba sucediendo”.

Y agregó que lo relevante es, “además, la disposición que ha tenido el ministro Montes desde el inicio de entregar toda la información. Lo importante es tener el trazado completo de lo que ha sucedido en el programa de asentamientos precarios, que comprometen a contratos de esta administración y de la administración anterior”.

Corrupción en distintos flancos

“Los temas de corrupción son igual que los temas de seguridad. Aquí lo relevante es la actuación del Estado en su integridad respecto de situaciones que son inadmisibles.  La única manera que lo puede cerrar es teniendo una actuación integrada por parte del Estado”, sentenció.

Destacó que llevamos dos décadas discutiendo sobre seguridad y corrupción. “Se parecen en el entendido de que nunca uno puede bajar los brazos y dar por solucionado el problema porque implementó determinado tipo de políticas. Todas las administraciones han tenido comisiones, todas las administraciones han tenido cambios en materia de gestión y todas han realizado reformas al Código Penal en esta materia. Son reformas incrementales. Esto es lo más relevante. Lo segundo es que el rol de la Contraloría en esto ha sido clave. De hecho, el diagnóstico sobre la situación de los municipios, la Contraloría lo viene advirtiéndose hace más de una década”.

En relación a  los casos de corrupción en los sectores sensibles para la economía, se refirió al Caso Hermosilla. “Aquí se comprometen tres cosas: la integridad pública, en el caso del Servicio de Impuesto Internos (SII), la Comisión de Mercado Financiero (CMF) y la profesión legal. Esa relación tripartita puede tener un efecto no menor en los mercados. Entonces, no es llegar y normalizar y decir que esto ha sucedido siempre. Y lo otro, que tiene que ver con los volúmenes de contratos y los recursos y mecanismos de transferencia que utiliza el Estado. Yo creo que el Caso Convenios, tanto en el caso de asentamientos precarios como lo que sucede en el caso de los gobiernos regionales, que es un monto mayor, pero demuestra que con el afán de ejecutar con inmediatez se generan o se provocan incentivos muy inadecuados que permiten provechos que son impresentables”.