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El secretario de Estado dice que vivimos en un contexto de “punitivismo” legal extremo y que así se explica que la Ley Sayén, que busca que las mujeres embarazadas y las madres de niños menores de dos años cumplan sus condenas en sus casas, no logre ver la luz.
–Detrás de cada persona privada de libertad hay una historia. En el caso de las mujeres, la cárcel supone no solo la privación de su libertad, sino también la de sus hijos pequeños. Este video lo muestra. Así como el impacto que tiene la prisión en las embarazadas y la importancia del teléfono celular en sus vidas –señala el ministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero Vega (51), luego de ver el tráiler de Malqueridas, documental chileno premiado en el reciente Festival de Venecia.
Lo hizo junto a la capellana de la cárcel de mujeres, la hermana Nelly León, y al arquitecto argentino experto en cárceles, Nicolás Serra. También vio la sinopsis del corto Volver a Casa, de otra joven realizadora audiovisual chilena. Ahí se muestran las emociones de hombres y mujeres encarcelados, cuando a través de cascos de realidad virtual recorren su barrio, su casa y su familia como si estuvieran ahí, en libertad. Todo esto lo apreció el ministro como invitado al último programa “Hora de Conversar” de 2023, que transmite el Hogar de Cristo vía streaming.
En noviembre de 2022 se publicó la Ley 21.494. Ella tipificó como delito el ingreso de elementos prohibidos que permitan a los reos comunicarse con el exterior. Eso, en teoría, porque todos conocemos en detalle el gran número de estafas y extorsiones que se siguen realizando desde los penales vía telefónica.
Es más, luego de que un falso ministro diera instrucciones telefónicas para que dejaran entrar a sus supuestos sobrinos al Ministerio de Desarrollo Social para que sacaran de un cuantuay –computadores y hasta una caja fuerte–, se complementó la ley. En agosto, el Congreso votó que se estableciera “pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a quien, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tenga en su poder celulares, parte de ellos, chips o aparatos de telecomunicación”.
¿Cómo se armó entonces el premiado documental Malqueridas? Solo con imágenes anteriores a la norma legal. Es material acopiado por mucho tiempo de manera previa a la prohibición.
¿Qué dice el ministro?:
–El tráiler del documental muestra la importancia que tiene, sobre todo para las mujeres embarazadas y para las madres encarceladas, el teléfono. Ahí hay una manera de mantener el vínculo con los suyos y estar presentes a la distancia en la crianza de sus hijos. Sin embargo, hemos tomado decisiones generales en un contexto de un “punitivismo” legal extremo, donde imponemos la prohibición absoluta del teléfono celular solo pensando en evitar las estafas telefónicas y ese tipo de delitos. Esto nos impide ver otras utilidades de los teléfonos móviles como herramientas que fortalecen los vínculos, como es en el caso de madres jefas de hogar privadas de libertad.
El abogado es contundente al afirmar que “quienes participamos del debate público, cuando hablamos de cárcel, debemos hacerlo desde el conocimiento de lo que significa vivir privado de libertad. El encierro no solo compromete a quien está en la cárcel, sino a su entorno inmediato. En las mujeres ese impacto es mayor, porque la mayoría de ellas son madres y muchas de ellas jefas de hogar”.
Cordero “tiene calle”, aunque aquí habría que parafrasear la expresión y decir que Cordero “tiene cárcel”.
Así lo explica:
–Sería importante que quienes demandan más cárcel visiten alguna vez una prisión. Yo, hace bastantes años, hice mi práctica profesional en materia penal. Tenía la obligación de ir a visitas quincenales a la cárcel. Eso implicó que el olor del hacinamiento y la pobreza se me quedara marcado hasta el día de hoy. Conocer la cárcel permite entender que perder la libertad porque infringiste la ley es el castigo impuesto por la sociedad, pero que eso no implica la supresión de todos tus derechos.
-El Ministerio de Justicia presentó hace poco un plan de trabajo orientado a mejorar las condiciones carcelarias de las mujeres. En concreto, ¿de qué se trata?
-Hoy las mujeres privadas de libertad en Chile representan cerca de un nueve por ciento de la población carcelaria. Han aumentado en número y ese aumento se vincula al incremento de los delitos de microtráfico de drogas y robo. Es decir, los delitos que cometen las mujeres están muy ligados a la generación de ingresos.
-¿Ellas son el eslabón más débil en la industria del narco?
-Es muy difícil encontrar mujeres que formen parte de las estructuras altas de organizaciones criminales. En esos grupos ellas están muy expuestas. En ocasiones, incluso, son víctimas. Eso se aprecia con mucha claridad en el norte del país, donde hay muchas mujeres privadas de libertad de nacionalidad extranjera. Ellas a veces son utilizadas como burreras en la frontera o han sido víctimas del delito de trata de blancas.
Sobre el plan de mejora carcelaria, Cordero dice que se trata de un trabajo intersectorial, cuya manifestación más clara es el aumento de penales dedicados exclusivamente a mujeres. “Antes, ellas estaban confinadas en determinadas secciones de cárceles masculinas. Es similar a lo que sucedía hace muchos años, cuando teníamos pabellones de menores en penales generales. Eso tenía efectos negativos, porque son población distinta, con necesidades muy diferentes”, señala.
Y aunque no sea particularmente expresivo, agrega con satisfacción que “hace pocas semanas inauguramos un nuevo centro penitenciario femenino en Bulnes, Región del Ñuble”. La web de Gendarmería de Chile afirma que el recinto tiene capacidad para “108 mujeres y contempla el funcionamiento de una escuela, una biblioteca y talleres laborales como parte de la oferta programática para la reinserción social de las mujeres privadas de libertad”.
Y el ministro complementa:
–Se está produciendo progresivamente el traslado de mujeres privadas de libertad desde Chillán a Bulnes, pero lo más importante es que las condiciones de habitabilidad son sustancialmente mejores, con espacios protegidos para los niños que están en ese lugar y para ellas mismas.
Ya dijimos que casi el 90% de las mujeres encarceladas son madres y un 85% jefas de hogar. No comentamos que, a diferencia de las largas colas en días de visita que se arman en los penales masculinos, a ellas las visitan poco. La sanción social contra una mujer que cae en prisión es durísima.
“Permítanme contarles una anécdota sobre el centro penitenciario de Bulnes. Como lo que hicimos ahí fue readecuar una cárcel que era de hombres y que se había cerrado para mujeres, el recinto, que es de 1961, está dentro de la ciudad. Hoy una cárcel dentro de la ciudad es sencillamente imposible. Las personas las quieren lo más lejos posible”, dice.
Cuenta que cuando fue a la inauguración, el alcalde le habló de la preocupación de los vecinos, sobre todo por los días de visita y por el calibre de los visitantes que podían llegar. Sin embargo, comenta que el alcalde fue clave para disipar prejuicios, educando a la comunidad, porque cree en conceptos como habitabilidad e inserción aplicados a las cárceles y era muy partidario de abrir el centro.
“Además, el tipo de visita que tienen las mujeres es muy distinto al de los hombres y la tasa de visitas es muy inferior a la de ellos. Esto da cuenta de una cierta tragedia también, de la discriminación y el prejuicio que no solo marca a las mujeres privadas de libertad, sino también a sus hijos. Cómo integramos los centros penitenciarios o cómo miramos a las personas que han infringido la ley, particularmente en el caso de las mujeres, es una cuestión de humanidad”, subraya.
Un proyecto que duerme en el Congreso es el de la Ley Sayén. Presentado en 2017, busca que las mujeres con hijos menores de 2 años y las embarazadas no cumplan su condena en la cárcel. La idea central es reemplazar la pena de presidio por la de libertad vigilada intensiva.
-¿Está el horno para esos bollos, ministro? ¿Por qué no ha pasado nada con este proyecto de ley?
-Porque este proyecto, sobre el cual existe consenso técnico, ha enfrentado la aproximación llena de prejuicios de algunos parlamentarios. Si tuviera que ejemplificar una discusión legislativa colmada de estereotipos, es esta. Ha sido muy difícil. Han participado distintas organizaciones de la sociedad civil que son muy activas en el trabajo con mujeres privadas de libertad, como la de la hermana Nelly León, pero el debate se enfrenta a una falta de apertura y comprensión enorme sobre la realidad de las mujeres privadas de libertad y de sus hijos pequeños.
“Esta iniciativa está pensada no solo en la madre, sino y sobre todo respecto del interés superior del niño”, indica el ministro, e insiste en que la preocupación ciudadana por la seguridad y el aumento de la delincuencia hace pagar a justos por pecadores. “La gente clama por seguridad y es muy sancionadora. O sea, buscan meter a todo el mundo preso. Todo el que se mueva, va preso. No está el momento político para la Ley Sayén”, agrega.
-Desocupar centros femeninos podría servir para generar espacios para descomprimir las cárceles de hombres…
-La necesidad de más penales se debe a varias razones. Una es la normalización de actividades pospandemia. La segunda está vinculada a la aparición de nuevos delitos más graves y, la tercera, a una mayor eficiencia del sistema policial desde la persecución penal. Por lo tanto, lo que más ha aumentado son personas en prisión preventiva. Esto ha llevado a que el sistema de infraestructura carcelaria, que al menos durante una década estuvo en 42 mil plazas, no dé abasto. Hoy estamos en 54 mil personas privadas de libertad. Es un aumento explosivo en muy poco tiempo.
Hace notar que construir una cárcel toma entre 12 y 14 años. A fines de 2024 o principios de 2025 se inaugurará el centro penitenciario La Laguna, en Talca. Un proyecto que se inició a fines de la década pasada y que se convertirá en el centro penitenciario más grande y moderno de Chile.
De acuerdo al arquitecto que lo desarrolló, el argentino Nicolás Serra, cumplirá con aquello que guía su trabajo: “Ser una cárcel que no parece cárcel”.
–El gran problema es la localización, porque nadie las quiere cerca. Aunque estén fuera del radio urbano, igual generan resistencia. Y hay que buscar mecanismos de compensación para las comunidades rurales vecinas. Para aumentar la capacidad del sistema penitenciario, debemos establecer reglas especiales para la remodelación y la ampliación de esas cárceles que hoy día están congeladas por planes reguladores. El centro penitenciario de Bulnes, en ese sentido, fue una excepción, porque fue adaptado considerando que albergaría a mujeres con niños pequeños y a embarazadas –detalla Cordero.
Quienes piden más cárceles no piensan en estos aspectos, sostiene el ministro. Y agrega que sobrepoblar penales es malo por donde se le mire.
“Ya tenemos una sobrepoblación penal muy significativa, cuestión que no solo afecta la dignidad de las personas encarceladas, sino que el uso de infraestructura penitenciaria se hace más intensivo y, por lo tanto, se degrada en menor tiempo. Reparar ese deterioro implica dejar inhabitables los recintos por largo tiempo. Quienes piden soluciones simplistas no se hacen cargo de estas cuestiones”, sostiene.
Tampoco saben, dice, ni tampoco les importa mucho, que hace unas pocas semanas más de mil 800 personas privadas de libertad se aprestaban a dar la Prueba de Acceso a la Educación Superior, la PAES.
“Fui el lunes 27 de noviembre a la Penitenciaría y me encontré con 180 hombres que estaban dando la prueba”, lo dice en ese estilo suyo contenido para emocionarse.
