Experto en crimen organizado y llamado a Cosena: “Nos enfrentamos a una criminalidad en red”

Con más de 10 años viajando por distintos países de América, como consultor en materias de seguridad y crimen organizado, el exoficial de inteligencia Pablo Zeballos señala que la experiencia de otras naciones en cuanto al uso de fuerzas militares en tareas preventivas, opción que comenzó a abrirse ayer con el llamado del Presidente Gabriel Boric al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), no es totalmente extrapolable. Asimismo, dice que, antes de llegar al Estado de Excepción, sería deseable la creación de fuerzas de tareas integradas por ambas policías, servicios públicos como Aduanas y el SII, además de la dirección de fiscales.

-Hay varios países del continente que tienen desde hace años a militares incorporados en tareas de seguridad interna. ¿Cómo ha sido la experiencia al respecto y qué se podría esperar en Chile, si es que se dispusiera de tropas en ciudades como Santiago?
-Partiría diciendo que las experiencias de la aplicación de tropas en zonas urbanas no son muy comparables ni tampoco homologables, porque cada país de la región tiene sus propias condicionantes y también tiene sus propios limitantes. Lo que sí es efectivo es que Chile tiene una estructura militarizada muy disciplinada, capacitada en algunos aspectos, y que poseen la capacidad de desplegarse rápidamente. Como somos un país con diferentes accidentes catastróficos, las Fuerzas Armadas tienen una mayor experiencia de la que creemos en el despliegue en el terreno, pero eso normalmente va asociado a una función diferente a la que hoy en día se está discutiendo.

Ahora bien, en algunas experiencias semejantes en América Latina se ha observado que el despliegue militar tiene un efecto inmediato, en cuanto a la disuasión de la criminalidad, pero después se produce una suerte de acostumbramiento e, incluso, hay situaciones en las cuales la criminalidad después de un tiempo comienza a desafiar a los militares, y las medidas extraordinarias pasan a ser medidas ordinarias, sin mucho efecto.

-¿Cómo se combate eso? ¿Existe algún país que haya diseñado algún mecanismo que evite que suceda aquello?
-Yo creo que antes de llegar al estadio final, que es tener un Estado de Excepción, Chile debería tratar de agotar todas las instancias que permitan ver de qué forma podemos generar fuerzas de tareas específicas y enfocadas en realidades y problemáticas locales. Estas fuerzas de tareas pueden ser integradas por las policías, coordinadamente, no cada una de sus potencialidades, así como por inteligencia que el mismo Estado puede proporcionar a través de sus servicios de Aduanas, Impuestos Internos, etc., e incluso pueden ser dirigidas por fiscales del Ministerio Público, enfocadas en temas puntuales.

Eso es importante porque, por ejemplo, en lo que sucedió en Malloa, estamos reaccionando a petición de custodia de un lugar donde lamentablemente fueron asesinadas dos personas, pero quizás estamos desconociendo que la información para saber a qué blanco atacar y robar ese dinero no venía de la ruta, sino del mercado donde ellos fueron y donde realizaron las transacciones. Obviamente, uno podría presumir que esto no es azaroso y que fue todo un evento estudiado, y que los homicidas conocían la costumbre muy tradicional del mundo agrícola de llevarse ese dinero en efectivo.

Sin embargo, todo esfuerzo que el Estado puede hacer suma, siempre y cuando la mayoría de los componentes políticos estén de acuerdo, porque es muy complejo para las Fuerzas Armadas, que obviamente no son deliberantes, que el Ejecutivo disponga algo, pero que tenga el rechazo de un sector.

-En el norte, en el sur y probablemente también en Santiago, si se aprueba la ley, las FF.AA. están cumpliendo funciones básicamente preventivas. Teniendo en cuenta las capacidades que poseen en materia de inteligencia, ¿debiesen, a tu juicio, actuar en ese campo también?
-Yo creo que las capacidades de las Fuerzas Armadas siempre están a disposición de este tipo de amenazas. Yo creo que ellos comparten información, que entregan esa información, y eso es permanente, entonces no debemos tener más expectativas de las que realmente existen. Lo que tenemos que hacer es potenciar las capacidades existentes, de forma de direccionarlas, de evitar duplicidad de esfuerzos, redirigirlas, pero todo ello siempre, desde mi perspectiva, debe ser apoyado transversalmente.

Insisto en que tenemos que ocupar fuerzas de tareas conjuntas, pues estamos en deuda en cuanto a coordinación, en cuanto a la integración de la información, de entender que nos enfrentamos a una criminalidad en red y la única forma de enfrentarla es trabajando también en red, y ello implica dejar de compartimentar información entre las instituciones, entre otras cosas.

-¿Se puede evitar que en algún momento un grupo de personas armadas que pertenecen al Estado se cambien de bando, como sucedió con Los Zetas en México?
-Las realidades de México y de Chile son diferentes, lo que no quiere decir que en algún momento pueda haber algunas similitudes. Sin embargo, creo que uno de los aspectos más importantes que uno tiene que observar es la formación que tienen estos cuadros especiales de élites, como sucedió con los militares mexicanos que luego formaron el cartel de Los Zetas, para comprender cuál es su misión, dónde están sus lealtades, cuál es su objetivo.

Chile posee fuerzas militares que tienen muy claro esto, y también tenemos una cuestión tremendamente positiva, que es que sabemos cuándo hay casos de corrupción militar o policial y eso, por extraño que suene, es importante, porque demuestra que funcionan los mismos mecanismos de control interno, de alguna forma, a diferencia de lo que ocurrió con Los Zetas, donde no hubo ningún aviso. Ahí no había casos previos de corrupción, no había evidencias, denuncias ni gente expulsada de las organizaciones y parecía que no existía la contaminación criminal. Una de las cosas más complejas es cuando, en ambientes altamente criminalizados, no se ven casos de corrupción interna.

En el caso nuestro, en el caso de Chile, sí se observan, y lo que tenemos que hacer como Estado es potenciar los órganos de control interno de las propias instituciones, para poder estar atentos a las nuevas alertas a las que hay que poner atención, que probablemente son diferentes a las de la Guerra Fría, donde las alertas eran acerca de si un sujeto pertenecía a un bando u otro, pero hoy tenemos que estar alertas frente a las nuevas amenazas que se están desarrollando y, entre ellas, hay varias organizaciones criminales que tienen la capacidad efectiva de corromper el aparato público, porque no toda agrupación puede hacerlo.

-¿Cuáles son las que sí tienen la capacidad de corromper a funcionarios del Estado?
-Fuera de Chile, en América Latina, hay casos muy concretos de corrupción propiciada por el grupo brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), así como sucede también con grupos criminales extranjeros, principalmente italianos, que tienen una capacidad muy fuerte de corromper. También hay indicios documentados de que el Tren de Aragua ha tenido capacidad de corromper en contextos muy especiales, en su respectivo país.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que no necesariamente un modelo de corrupción de funcionarios públicos en determinado país va a ser necesariamente exitoso en otro país, debido a la capacidad de resiliencia de las propias instituciones ante la corrupción criminal, lo que tiene que ver con factores objetivos como los sueldos, los beneficios, las cargas horarias, pero, mucho más de fondo –como ya lo conversamos algún tiempo atrás–, con factores que pueden parecer subjetivos, pero que son muy importantes, como el respaldo ciudadano, la doctrina y, sobre todo, el sentido de misión con que esas personas ejerzan su trabajo.

Por eso es que la formación de policías, militares y funcionarios públicos no es solo importante, sino que es un factor crítico, una primera barrera contra la corrupción.