Fidel Espinoza, la manzana de la discordia en el PS

El senador por Los Lagos, Fidel Espinoza, se encuentra al centro de una controversia después que se conocieran los detalles de un desconocido y millonario negocio inmobiliario de su familia y que mantiene dividida a la directiva del Partido Socialista (PS). La bancada de dicha colectividad esta separada en dos bandos: uno a favor y otro en contra.

Las escaramuzas se desataron debido a un reportaje de Ciper publicado el pasado jueves, donde se apunta a un conflicto de intereses del senador, cuya familia vendió un terreno en $4.200 millones al empresario de la zona José Miguel Martabid, cuyo hermano, Melcon Martabid –según se afirma en la publicación– desarrolla proyectos en la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) Casa Activa, de Puerto Montt.

Según el reportaje, en esa EGIS –un organismo técnico que efectúa convenios con el Serviu local para asesorar en las gestiones tendientes a obtener una vivienda social– prestaría trabajos un primo en segundo grado del legislador por Los Lagos, apuntando a un conflicto de intereses.

En ese contexto, una verdadera blitzkrieg –o guerra relámpago como en la Segunda Guerra Mundial– reactivó los pugilatos entre las corrientes internas del PS y desde el pasado jueves las relaciones se mantienen bajo tensión. Por un lado, un sector de la Nueva Izquierda (que lidera Camilo Escalona) pide con entusiasmo sanciones contra el senador Espinoza, mientras que dirigentes del Tercerismo (que encabeza la presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic) lo defienden.

En tanto, Fidel Espinoza rechazó las acusaciones en un documento de dos páginas donde detalló la situación.

“No hay un solo hecho o acto de mi parte que tenga una ilegalidad. He trabajado toda mi vida en el ámbito habitacional, trabajando con alcaldes, concejales, entidades patrocinantes. El resultado en mi región: más de 15.000 familias beneficiadas. He trabajado con cientos de dirigentes todos estos años. La carta firmada por cientos en mi apoyo estos días ha sido mi principal aliciente, y que fueron beneficiadas con una casa propia sin deuda”, afirmó el senador a El Mostrador.

El legislador sostuvo que su conducta en 20 años de política ha sido en “un marco de probidad, defendiendo derechos de los trabajadores, apoyando la vivienda, mujeres” y que ha tenido “amplias mayorías electorales en cada elección”.

Y agregó: “Todo el país sabe que cuando en Chile combates la corrupción, como lo he hecho y seguiré haciendo con más fuerza, te buscan hasta el mínimo detalle para callarte. Conmigo se equivocaron”, enfatizó, apuntando a los involucrados en el caso Democracia Viva.

Al interior del Comité de Senadores la situación generó sorpresa, pese a que la operación financiera era bastante conocida en Los Lagos. Mientras que en la Cámara de Diputadas y Diputados se armó un debate y también parlamentarios exigieron pasarlo al Tribunal Supremo del PS, al tiempo que cuestionaron el silencio de la directiva en torno al caso.

Diputados cuestionan silencio de la mesa

“Es tan grave la acusación que hace la investigación periodística en relación con Fidel Espinoza, que me parece extraordinariamente delicado que la directiva del PS no se haya pronunciado. Lo que corresponde es que, a lo menos, haya sacado alguna declaración solicitando que se haga una precisión sobre la denuncia y, si corresponde, alguna investigación mayor que se realice”, señaló el diputado socialista Jaime Naranjo a este medio.

“Este silencio de la mesa es una situación que tiene muy molestos a los militantes. Porque, si no se dice nada de nada, con qué autoridad moral podemos acusar la red de corrupción de Hermosilla. El silencio es el peor escenario, porque parece un silencio cómplice y eso es fatal”, espetó el diputado Naranjo.

No era el único diputado que exigía una declaración de la mesa directiva. “Algunos creemos que debe pasar al Tribunal Supremo del partido para que aclare la situación”, señala un diputado que pidió reserva de su nombre.

En el Senado, varios de sus pares prefirieron no abordar “el incómodo y extraño caso”. Aunque sí lo hizo el senador Gastón Saavedra (PS), que fue uno de los legisladores que puso paños fríos al asunto.

“Esto es un reportaje, no es una denuncia (en tribunales), en el Comité de Senadores no lo hemos abordado porque la semana pasada estábamos en los distritos, pero seguramente se tocará el tema en el almuerzo de mañana”, puntualizó el parlamentario por Talcahuano.

“Qué responsabilidad se le puede adjudicar a Fidel, por una adquisición de su padre que subió de precio en 2022. Esta información tiene imprecisiones en las cifras y omite un dato relevante, que es que el aumento del valor del suelo se hizo en el Gobierno de Piñera, y fue en todo ese sector para subir las contribuciones. Cuando eso pasó, casi la mitad del predio ya no era de su familia, había sido vendido antes. Por un valor fiscal 500 veces menor se vendió antes del nuevo precio”, explicó un parlamentario socialista.

En efecto, para el abogado y expresidente del Consejo para la Trasparencia (CPLT), Francisco Leturia –que investigó los antecedentes y los avalúos de los terrenos implicados–, la conclusión es que Espinoza estaba en lo cierto: el senador no hizo nada irregular.

“Ese negocio inmobiliario había sido mucho antes, Fidel Espinoza no era socio de la empresa, en Chile hay un déficit de un millón de viviendas (…). Esto sería tan absurdo como cuestionar al ministro de Economía porque el valor de su departamento aumentó porque la economía anda bien. No se puede llegar a esos niveles (de cuestionamientos), si no hay daño, si no hay traspasos de dinero o ganancias ilegítimas, si no estaríamos construyendo un Estado policial”, aseguró el expresidente del CPLT a El Mostrador.

“De todo lo que ha salido, lo único que me parece relevante es la diferencia de precio entre lo que su familia vendió, 47 hectáreas en 2017, y el avalúo de 31.000 millones que hizo el 2022 el Servicio de Impuestos Internos. Alguno de los dos está equivocado y eso es lo que hay que aclarar”, añadió Leturia.

Este lunes la mesa del PS abordó el caso por no más de 10 minutos, en la reunión de directiva, y aunque algunos señalan que el sector de la corriente la Nueva Izquierda, que lidera Camilo Escalona, cuestionó a Espinoza, su sector lo defendió. Lo que sí reprocharon representantes de la directiva a Espinoza fue que afirmara que había persecución política por parte La Moneda, acusando especialmente al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

Según dijo el senador a CNN, luego de la denuncia en el caso Convenios, el ministro Elizalde “lideraba una estrategia del Gobierno para blindar al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi” en el caso Hermosilla, junto con agregar que el secretario de Estado le habría asegurado que “todas las declaraciones y conversaciones entre un abogado y su cliente son inviolables, son un secreto profesional”.