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El homicidio se produjo a tres cuadras del lugar donde fue detenido el año pasado el autor del asesinato del suboficial Daniel Palma. Se indaga la relación de los ahora imputados con la toma de Maipú donde fue encontrado el cuerpo del exteniente Ronald Ojeda.
Justo el mismo día en que el Presidente Boric daba a conocer la llamada a consulta del embajador de Chile en Venezuela, molesto por la negación de parte del canciller venezolano, Yván Gil, de la existencia del Tren de Aragua (TDA), se produjo la aprehensión y control de detención de tres sujetos que según la policía participaron en el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, asesinado antenoche en Quinta Normal, quienes –de acuerdo con fuentes cercanas al caso– estarían vinculados en distintos grados con “Los piratas de Aragua”, como se denomina ahora el TDA.
En dicho sentido, existe información de inteligencia que maneja Carabineros en forma previa que apunta en dicho sentido, pero hay además varios otros indicios que señalan en esa dirección.
En particular, según indicaron a El Mostrador fuentes vinculadas al caso, el modus operandi de los sujetos que actuaron antenoche es propio de “Los piratas de Aragua” y no se trata de un actuar exclusivo de Chile, sino de una forma de operar que el TDA implementó a fines del año pasado, cuando comenzó a actuar en ciudades de Estados Unidos como Nueva York, donde uno o dos sujetos en moto roban a transeúntes sus celulares. Sin embargo, no se trata de “motochorros” comunes, sino que cada vez que se comete uno de estos robos van uno o dos vehículos de cobertura, con sujetos armados, que intervienen si es que la policía intenta frustrar el robo.
Según la policía de Nueva York, el objetivo del Tren de Aragua al robar celulares es doble: el primero es hackear los equipos, en caso de que se bloqueen, y usarlos para vaciar las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de las víctimas; luego, los aparatos son enviados a Colombia, donde son “limpiados” y luego revendidos como equipos “reacondicionados”.
Lo que ocurrió antenoche fue que el teniente, que salía de un culto evangélico junto con su esposa e hijo, se percató de un motorista que trataba de robar a los ocupantes de un vehículo e intervino, siendo atacado en ese momento por al menos cuatro sujetos que viajaban en un Chevrolet Onix. Después que el oficial se defendiera y lesionara al conductor (Julio César González Vargas), los demás huyeron a pie y dos de ellos abordaron un segundo móvil, un Honda Accord, que los esperaba a un par de cuadras.
En la audiencia de control de ayer, se amplió la detención de los tres imputados hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Se trata de Wilbert de Jesús Olivares Peña, Yolvi González Arcaya y Josué Ramírez Oliveros, todos venezolanos, a la espera de exámenes genéticos, de residuos nitrados –por medio de los cuales se busca determinar si percutaron armas de fuego– y de otras diligencias.
El fiscal Felipe Olivari explicó en dicha instancia que el segundo de los imputados fue el único que prestó cooperación y que en su teléfono celular se halló un video tomado 40 minutos antes del ataque (es decir, a eso de las 21:00 horas), en la esquina de la Alameda con Las Rejas (en Estación Central), donde están a bordo del Onix, se ve que al lado de ellos se encuentra el Honda y, además, se aprecia cómo el sujeto que se movilizaba en la moto roba un celular a un transeúnte.
Después del ataque en contra del teniente Sánchez, el Honda Accord fue detectado por medio de los portales de las autopistas cerca de Melipilla y, luego, avanzando más hacia el sur. De acuerdo con la información que entregó el fiscal Olivari, los sujetos llegaron hasta una casa de la población Corvi Sur, en Graneros, donde al menos uno de ellos (González) se cambió de ropa.
Cerca de las 05:00 horas, a la altura del kilómetro 25 de la Autopista Central, Carabineros logró detener a tres sujetos, mientras se busca a un cuarto que aún no está identificado.
La huida hacia la Región de O’Higgins es justamente otro de los factores por los cuales existe convicción en orden a que los implicados tienen relación con “Los piratas”, dado que desde que el grupo original tomó esa denominación y comenzó a operar como tal, empezó a abarcar comunas en las cuales no había intervenido antes, entre ellas, Calama –donde se desarticuló una gran célula a fines del año pasado–, Rancagua y Santa Cruz, ciudades que incluso “Los piratas” han publicitado como lugares donde actúan, por medio de sus estados de WhatsApp.
Como informó El Mostrador, el secuestro de un empresario de Rancagua, ocurrido a fines de 2023, así como el homicidio de dos agricultores que fueron seguidos desde la Feria de Lo Valledor hasta Malloa, donde los asesinaron para robarles 8 millones de pesos, son crímenes cometidos por los “piratas”. En el marco de la primera investigación, de hecho, se detectaron al menos dos casas de seguridad que el grupo mantenía en zonas rurales de la provincia de Colchagua, en una de las cuales mantuvieron oculto al secuestrado. Se cree que puede haber más lugares semejantes y que en uno de ellos se pudieron haber ocultado algunas horas, antes de regresar a la capital.
Otro de los temas que se investiga es la relación de los sujetos con el campamento Vicente Reyes, la toma de Maipú ubicada en la intersección de Pajaritos con Camino a Melipilla, donde a fines de febrero pasado fue encontrado el cuerpo sin vida del exteniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda, después que una semana antes fuera secuestrado desde su departamento en la comuna de Independencia. Como se recordará, hasta el momento hay una persona detenida, un joven venezolano que dice tener 17 años, y hay al menos dos órdenes de detención vigentes respecto de dos sujetos que forman parte de “Los piratas” y que actuaron directamente en el secuestro: Walter Rodríguez Pérez y Maickel Villegas Rodríguez.
En efecto, los investigadores del caso están convencidos de que, luego del homicidio, los ahora imputados pasaron a la toma (que es controlada por “Los piratas”) y ello explicaría por qué, para dirigirse al sur, siguieron hacia Melipilla, en circunstancias que la vía más recta era por la Autopista Central. A ello se suman otros antecedentes que vinculan al menos a dos de los detenidos con dicha toma.
Uno de ellos (Ramírez), de hecho, declaró que su domicilio era Santa Marta 200, que es la dirección genérica de dicha toma, el mismo domicilio que indicó en enero de este año, cuando fue detenido en esa comuna conduciendo un vehículo robado.
Dos de los detenidos (Olivares y Ramírez) cuentan con RUT chileno, mientras que González Arcaya aseguró que él entró por un paso clandestino, lo mismo que hizo en 2020 el ahora fallecido González Vargas, respecto de quien se emitió un decreto de expulsión, luego de que fuera detectado ingresando en forma clandestina al país, por lo cual se determinó que la PDI de Iquique lo expulsara. Al respecto, la PDI dijo a El Mostrador que “la persona ingresó de forma clandestina por Colchane el 14 de septiembre de 2020, sin registrar domicilio ni correo. Fue denunciado por PDI Iquique y luego se emitió decreto de expulsión. A la fecha no había sido ubicado, ya que no registró domicilio”.
Cabe recordar hace casi exactamente un año se produjo otro homicidio de un carabinero –en ese caso, la víctima fue el suboficial mayor Daniel Palma–, en avenida Matta, comuna de Santiago, donde los autores del crimen resultaron ser todos miembros de una célula del Tren de Aragua que operaba entre Santiago y Concepción, lo que también da cuenta del desplazamiento al sur de ese grupo, cuyo primer asentamiento territorial estuvo en Iquique y en Arica –donde actúa otra de las ramas del TDA: Los gallegos de Caracas–.
En Santiago y Concepción, los ahora imputados actuaban –entre otros rubros delictivos– cobrando arriendos en edificios y cités tomados en forma ilegal. De hecho, la concurrencia del suboficial Palma al sitio donde fue asesinado se produjo porque los venezolanos cobraron a balazos la deuda que un colombiano mantenía con ellos, por el arriendo de una pieza. El sujeto a quien la Fiscalía sindica como el autor material del homicidio, Ovimarlixion Garcés Briceño, también fue detectado ingresando ilegalmente a Chile por Colchane en 2020, casi un mes después que González, pues en su caso fue encontrado el 13 de octubre de ese año.
Al igual que en el caso de González, se dictó una orden de expulsión en su contra (aunque bajo el nombre de “Arlixon Garcés Briceño”), que tampoco se llevó a efecto. Un detalle no menor es que cuando este fue detenido, el 10 de abril del año pasado, junto a otro de los implicados, Luis Lugo Machado, fueron arrestados en un cité ubicado en calle Nueva Imperial, en Quinta Normal, a escasas tres cuadras del lugar donde fue asesinado antenoche el teniente Sánchez.
Por cierto, los crímenes del teniente Emmanuel Sánchez y del suboficial mayor Palma no son los únicos ataques en contra de funcionarios de Carabineros cometidos por miembros de “Los piratas”, pues el breve historial de este spin-off del TDA considera también el lanzamiento de una granada contra una carabinera, hecho en el cual la policía sufrió lesiones de gravedad, mientras que el atacante, que resultó ser uno de los líderes del grupo, murió como consecuencia de los disparos que recibió de parte del otro carabinero presente en el procedimiento. Se trataba de Jefferson Arzonar Meza García, de 36 años.
El 15 de noviembre del año pasado, una pareja de carabineros intentó fiscalizarlo en la esquina de Centenario con Club Hípico –muy cerca del sector donde se ubican los “peloteros” que lanzan drogas, armas e incluso comida a los patios de la ex Penitenciaría–, pero Meza se resistió, lanzando una granada en contra de la carabinera Rayén Curihuil.
Algunos meses antes, en mayo de 2023, Meza había sido detenido en el centro de Santiago (Prat con calle Placer) portando casi 250 gramos de drogas, entre marihuana, cocaína y ketamina. Fue condenado a una pena de 541 días, pero recibió el beneficio de la libertad vigilada, y decretada su expulsión del país.
