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Anomalías tanto en la base como en la ejecución del proyecto, produjeron indignación entre los vecinos, generando denuncias de irregularidades y culminando en la terminación anticipada de la licitación.
Pese a que ya no es el alcalde, el legado de Raúl Torrealba -fue formalizado en 2023 por fraude al Fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita- sigue presente en Vitacura. Esto, porque el actual municipio, liderado por Camila Merino, busca solucionar un problema originado por una licitación extraña de unos estacionamientos subterráneos.
En el año 2007, el municipio otorgó una licitación a la Sociedad Anónima “Concesión Estacionamientos Municipales de Vitacura S.A.” durante la gestión de Raúl Torrealba, construir estacionamientos subterráneos en Plaza Lo Castillo, otorgándole a cambio la explotación de los estacionamientos superficiales de Alonso de Córdova. Esta duraba 40 años.
La concesionaria también contaba con la opción, bajo ciertas condiciones, de proponer un proyecto para construir y explotar estacionamientos subterráneos en la misma avenida.
Sin embargo, anomalías tanto en la base como en la ejecución del proyecto, produjeron indignación entre los vecinos, generando denuncias de irregularidades y culminando en la terminación anticipada de la licitación. Además, no beneficiaba ni a los vecinos ni al municipio.
Por la explotación en el eje Alonso de Córdova, la Concesionaria debía pagar un monto mensual de $2.500.000 a la Municipalidad de Vitacura, según lo reportado por radio Biobío.
Pero el Concejo Municipal acordó por unanimidad terminar anticipadamente la concesión, por “incumplimientos del contrato”.
Según el concejal Felipe Irarrázaval (RN) acudió a la Contraloría General de la República y solicitó que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) revisara infracciones a la ley de defensa para la libre competencia.
Esto, porque la concesionaria realizó modificaciones irregulares al polémico “Proyecto Zoccalo” de estacionamientos subterráneos en Alonso de Córdova. Con respaldo del propio municipio, la obra se modificó alejándose del proyecto inicial e incorporando un centro comercial.
Esta alteración fue la gota que colmó el vaso para vecinos y locatarios, quienes se agruparon en la Asociación Alonso De Córdova-Nueva Costanera para, junto al concejal Irarrázaval y la alcaldesa Merino, denunciar las vulneraciones y detener el proyecto.
La Corte Suprema deberá determinar la legalidad del contrato.
