Como promotores de la doble moral acusa la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica a las autoridades de la casa pontificia por hacer oídos sordos a las reiteradas denuncias de auxiliares de aseo que denuncian tratos humillantes e inhumanos de parte de las supervisoras de una empresa externa que le presta servicios hace 20 años a la PUC. La universidad, que dirige Ignacio Sánchez, respondió con un polémico «coaching» en técnicas de liderazgo para las denunciadas, a cargo de un ingeniero comercial.
Constantes amenazas de despido, maltratos verbales con garabatos, además de ser tildadas de “tontas” y ser encerradas y grabadas sin autorización por parte de sus supervisores, junto a la prohibición de cruzar palabra con académicos y estudiantes, son algunas de las denuncias que han presentado los trabajadores que se desempeñan como auxiliares de aseo y mantención en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica, en contra de su empleador, la subcontratista, Interservice Ltda., que hace cerca de 20 años que presta servicios para la PUC.
La denuncia llegó hasta la Dirección del Trabajo (DT) de la RM Oriente, quien abrió una investigación en terreno sobre el caso, y el 22 de septiembre, informó a los involucrados que “existen indicios de vulneración a Derechos Fundamentales, toda vez que de la investigación se pudo constatar indiciariamente afectación a la integridad psíquica y honra de los trabajadores representados por la organización sindical; como asimismo a la vida privada de los mismos”.
Entre las denuncias presentadas ante la DT, por los representantes del sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Contratistas y subcontratistas de Chile Sintrac VI, los trabajadores acusan a sus empleadores de prohibirles el más elemental derecho a la expresión como es “conversar con profesores y alumnos del campus” lo que es confirmado por los estudiantes de la PUC. Además, la Conclusión Jurídica de la DT explica que a los trabajadores “los graban por medio de teléfonos celulares sin autorización”, y que “los han encerrado en salas para retarlos o descalificarlos”.
El documento entregado por la Unidad de Derechos Fundamentales de la DTR, concluye que el actuar de dos supervisores ha afectado el estado de ánimo de los trabajadores, que se encuentran sujetos a estrés y que hasta han sufrido desmayos, “lloran en el trabajo y se encuentran asustadas e impotentes frente a las conductas denunciadas”, detalla.
Establece que la empresa subcontratista fue notificada de estos problemas, hasta por la misma Federación de Estudiantes UC (FEUC), pero ésta no tomó “medidas efectivas de resguardo en los derechos fundamentales”, de sus trabajadores.
Según el documento se impulsó una investigación interna que terminó con la capacitación de las supervisoras denunciadas “con el objeto de mejorar su liderazgo y capacidades”.
Tras conocerse estos antecedentes, ambas partes fueron a una mediación legal en el Centro de Conciliación y Mediación, con el fin de que se adoptaran medidas reparatorias a los Derechos Fundamentales afectados, pero no hubo acuerdo entre el Sindicato y la empresa Interservice, por lo que ambas partes asistieron a un juicio que se encuentra en proceso.
La información de este tipo de denuncias no ha dejado indiferente a la comunidad pontificia, pero han sido principalmente los alumnos, representados por centros de estudiantes del campus, junto con la Feuc, los que han puesto el grito en el cielo, ante el silencio de las autoridades de la universidad.
A pesar de que la conclusión jurídica de la DT es del mes de septiembre, las denuncias son conocidas por los espacios institucionales de la PUC, desde abril de este año. Los trabajadores habrían acudido en primera instancia al Ombudsman, quien gestionó un encuentro con las directoras de personal de la PUC, y con el Director de Asuntos Estudiantiles, William Young.
En un comunicado oficial, firmado por la FEUC y Sintrac, explican que el 25 de mayo “se le entrega a Josefina Edwards, administradora de Campus San Joaquín una carpeta con los testimonios de abuso de las trabajadoras”. En dicha reunión, “se logra transparentar que no es primera vez que las trabajadoras de Interservice recurren a administración a solicitar ayuda por ser víctimas de acoso y abuso laboral, sin embargo, dichas denuncias no tuvieron consecuencias en ocasiones anteriores”.
En dicho encuentro la administración habría señalado que lo ocurrido, “excede sus facultades”, principalmente el “comprobar que la información de los testimonios sea real”. Pero el 6 de julio le informa a la FEUC que realizarán “informes psicológicos a las supervisoras para evaluar si están en condiciones de desempeñarse en su cargo”, informe que nunca se habría concretado. Según el informativo de los trabajadores, “en su lugar, las supervisoras participaron en un programa de “coaching” con un ingeniero comercial que en sus propias palabras señala que le es imposible hacer un informe psicológico de las personas involucradas”.
El mismo rector, Ignacio Sánchez, habría sido informado, directamente por la delegada de los trabajadores, Carol Vergara, en el Encuentro Universitario, realizado en agosto. Por medio de una carta se le informó de lo sucedido, ante lo cual el rector Sánchez habría sugerido una reunión con Fernanda Vicuña, Directora de Personal. Encuentro que ha sido postergado indefinidamente por la autoridad de la PUC, según Vergara, pero que se realizaría en los próximos días.
Según la FEUC, la universidad ejerce una doble moral y “tiene el deber y la responsabilidad de hacerse cargo”, en esta situación. Sin embargo, señalan, que han sido “testigos de que esto no ha ocurrido: las reuniones que el sindicato ha solicitado con autoridades de la universidad se han corrido, las respuestas que se han dado en instancias con representantes estudiantiles son vagas y apelan a la imposibilidad de la UC de entrometerse en cuestiones internas de las empresas y se ha puesto en duda el testimonio de las trabajadoras afectadas”.
Agregan que, “la responsabilidad de la universidad católica en estos hechos no solo es legal, sino moral. Una universidad católica que predica sobre la integración de todos los miembros de su comunidad, sobre la dignidad de la persona humana, sobre el amor al prójimo y que, además, se manifiesta abiertamente a favor de la vida de quien está por nacer en función de su catolicidad, tiene el deber de hacerse cargo e intervenir oportunamente cuando en sus propias dependencias se están vulnerando derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras”.
Según la presidenta de la FEUC, Sofía Barahona, “la universidad no ha sido capaz de darse cuenta que el problema de las malas condiciones laborales se genera por el sistema de subcontrato, que genera que la universidad tenga respuestas sumamente pasivas con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores”. Agrega que, “mientras no exista la internalización de los trabajadores subcontratados en la UC, esto es algo que no va a mejorar, pero lamentablemente es algo que las autoridades no han querido hacer”.
Desde la Dirección Jurídica de la PUC, hicieron hincapié en que el Informe Jurídico de la Inspección del Trabajo no señala que haya una “constatación” de la vulneración a los derechos fundamentales, y que hasta hoy no se ha iniciado un juicio para “esclarecer estos indicios”.
Agregan, que solicitaron información tanto a la empresa, como a los trabajadores denunciantes y recalcan que el sindicato Sintrac representa al 5% de los trabajadores de Interservice Ltda. “Sin perjuicio de lo anterior, y debido al compromiso de esta casa de estudios, con el derecho de las personas, los trabajadores, ya sean sindicalizados o no sindicalizados, es que continuaremos prestando apoyo a las partes en conflicto e intercediendo en lo que nos sea posible, de manera que pueda llegar a una solución pronta y satisfactoria para todos”, indicó la PUC por medio de un comunicado.
Durante esta semana se espera que la Dirección del Trabajo se refiera a la denuncia presentada por los trabajadores y por la empresa Interservice Ltda.
