En una causa ingresada en julio de 2018 al 1° juzgado de letras del trabajo de Santiago, se narra que un mes antes el jefe de la Unidad Regional Subdere en la Región Metropolitana más un asesor, bromeaban con los detenidos desaparecidos y métodos utilizados por la dictadura para hacer desaparecer personas lanzándolos desde helicópteros. El hecho fue denunciado por un funcionario, que días después fue despedido.
Los despidos del gobierno durante el 2018 siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades de ministerios y subsecretarías como también para el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ha tenido que llevar adelante las apelaciones de funcionarios y funcionarias afectados. Entre esos casos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se han tenido que reincorporar a tres funcionarios uno por resolución de la Corte de Suprema y otra por la Contraloría General.
Sin embargo, esas decisiones no son las últimas que debe sortear la Subdere. Se está a la espera que el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago resuelva una denuncia interpuesta por un funcionario, despedido el 13 de julio de 2018. Un caso “delicado”, explicaron desde la subsecretaría, ya que dicha persona -que había ingresado en 2014 a la repartición- habría sido despedido como resultado de una persecución política por parte de uno de sus jefes directos, quien había llegado con el actual gobierno de Sebastián Piñera.
Su salida se dio luego que denunció ante su superior un hecho ocurrido el 14 de junio de 2018. En una salida a terreno, según consta en la demanda, se hizo «alusión a un homenaje que el chofer realizó en presencia del actual subsecretario (Felipe Salaberry) a la escolta de ex Presidente Pinochet, llegándose incluso a hablar en tono festivo de los detenidos políticos que habrían sido lanzados desde helicópteros para hacerlos desaparecer”.
Dicha conversación lo habría afectado, ya que sus padres fueron perseguidos y estuvieron exiliados durante la dictadura y él mismo había sido objeto de detenciones y agresiones durante ese periodo. Posteriormente, reza la denuncia, le habría hecho saber a su jefe de su molestia y después, el 10 de julio, se le notificó su despido.
En la respuesta del CDE a la demanda, se enfatizó que entre el denunciante y la Subdere “jamás existió una relación laboral ni vínculo de subordinación o dependencia, toda vez que, como ella misma lo señala, ella fue nombrada desde el inicio del vínculo con el citado Ministerio, siempre fue bajo la modalidad de ‘contrata’”. Agregó que “se niega que el término de la función pública de la denunciante haya sido consecuencia de actos de discriminación. De la misma manera se niega expresamente que la desvinculación haya sido por motivos políticos. En ese sentido, no es efectivo que se hayan realizado actos de discriminación política, ni que al denunciante se le haya afectado su trabajo luego de expresar su opinión, acusación que no tiene sustento alguno».
Finalmente, el CDE indicó que «no es efectivo que la desvinculación se haya realizado de forma ofensiva, ni que con ella se vulnera el honor del actor, vulnerando derechos y garantías protegidas por nuestro ordenamiento jurídico».
Su caso es comentado hasta hoy en la Subdere y se suma a otras prácticas “irregulares” denunciados por los funcionarios ante Contraloría y la Justicia. Es más, hay un caso en donde denuncian el cierre “arbitrario” de un sumario con el fin de “engañar” a la Corte de Apelaciones, para que no diera curso a la solicitud de otro funcionario, ingresada en marzo de 2019.
