La experiencia ya ha demostrado a muchos fiscales que indagar platas políticas implica no solo una alta exposición pública que muchas veces conlleva funas o amenazas, sino también la posibilidad de ver coartadas sus posibilidades de aspirar a las fiscalías regionales o la nacional. Hasta el momento no se vislumbra la posibilidad de que las causas se agrupen en torno a una sola persona.
Aparte de La Moneda, uno de los lugares donde más complicaciones se viven por estos días producto del escándalo de las platas políticas es en el Ministerio Público, donde a lo menos hay nueve fiscalías regionales investigando transferencias de platas estatales a diversas fundaciones, la mayoría de ellas ligadas a Revolución Democrática. Casi todas las causas están tipificadas por alguno de los tres delitos por los cuales se inició la primera investigación, en la Fiscalía Local de Antofagasta: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
Al respecto, hay dos tópicos de conversación que se repiten en distintas fiscalías. El primero tiene que ver con algo que la experiencia ya ha demostrado: indagar platas cuyo trasfondo es la política siempre es complejo y largo. Nadie duda de que las indagatorias se van a extender por un buen tiempo y ello implica personal propio de la fiscalía y también funcionarios especializados de la PDI, en momentos en que en casi todas las fiscalía del país hay falta de personal y un exceso de causas per cápita que nadie previó a fines de los años ’90, cuando se diseñó el Ministerio Público.
Junto con ello, estas causas -dicen varios fiscales- son verdaderos fierros calientes, porque además de la complejidad que implican, van aparejadas con una alta exposición pública, con funas, querellas e incluso amenazas pero, además, con una huella indeleble: como lo explica en off una fuente del Ministerio Público, “los políticos asumen que el fiscal que los investiga es un enemigo y esas cuentas se cobran en algún momento“, refiriéndose a que muchas veces las posibilidades de optar a un cargo como fiscal regional o nacional se ven enredadas por las investigaciones que los persecutores han tenido previamente, sobre todo cuando hay políticos implicados en ellas. Siempre está el temor que la cuentas sean también cobradas en instancias claves, como -por ejemplo- las asignaciones presupuestarias de fin de año en el Parlamento o, a un nivel más local, en los dineros que distintos Gobiernos Regionales destinan a apoyar la persecución penal de sus regiones o provincias.
En ese sentido, muchos califican como “lógica” la decisión del Fiscal Nacional, Angel Valencia, de no tomar él personalmente las causas, como se lo pidieron distintos sectores, y a ello atribuyen también el silencio que ha habido respecto de las peticiones de agrupar las causas, algo que en la lectura de varios fiscales significaría poner en una situación muy compleja al fiscal que sea que asuma y que, por ende, todos apuestan que no ocurrirá al menos en el corto plazo. Una señal de ello es que desde la Fiscalía Nacional se envió una suerte de minuta a todas las fiscalías que investigan las platas de fundaciones, unificando criterios y diligencias.
