BBC/Getty Images
Las pesquisas indican que en la ABIN se puso en marcha un plan con fines políticos, mediante el cual se rastreaba a los opositores políticos de la familia Bolsonaro. Para esta operación se empleó un software especial, además de drones.
“Limpieza” en los servicios secretos de Brasil. Esto es lo que ha comenzado a hacer el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien en la noche del martes despidió al subdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), Alessandro Moretti.
La destitución del funcionario fue la respuesta del mandatario a una decisión del Tribunal Supremo Federal que apunta a que durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se habrían utilizado agentes, medios y equipos del organismo para espiar a sus adversarios políticos, así como a magistrados y periodistas.
Moretti, quien era el segundo al mando de la ABIN desde el mandato de Bolsonaro, no fue el único removido, pues otros cuatro directores también corrieron la misma suerte. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado las identidades de los otros despedidos.
El expresidente y sus allegados han negado cualquier irregularidad.
La ABIN fue creada en 1999, durante el segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso; y es un órgano de la Presidencia de la República, que para 2024 cuenta con un presupuesto de alrededor de US$ 161 millones, informó BBC News Brasil.
¿Su misión? “Proporcionar al Presidente de la República y a sus ministros información y análisis estratégicos, oportunos y fiables necesarios para el proceso de toma de decisiones” en materias relacionadas con seguridad y defensa, relaciones exteriores y el desarrollo científico, tecnológico y económico, dice en su página web el organismo.
Sin embargo, el hecho de que sea el heredero del Servicio Nacional de Inteligencia (SNI), el cual durante la última dictadura militar (1964-1985) fue usado para perseguir a opositores; y que durante parte de su existencia haya estado bajo dirección castrense, han empañado su imagen.
Las investigaciones que han provocado los cambios en la cúpula de la ABIN comenzaron tras la revelación, el año pasado, por parte del diario O Globo del presunto uso ilegal que esta instancia dio a un software denominado First Mile.
Según los informes periodísticos, la agencia de inteligencia empleó el programa informático, de origen israelí, para monitorear teléfonos celulares de ciertas personas entre 2019 y 2021.
Las pesquisas indican que en la ABIN se puso en marcha un plan con fines políticos, mediante el cual se rastreaba a los opositores políticos de la familia Bolsonaro. Para esta operación no sólo se empleó este software, sino también drones.
Entre los presuntos objetivos de las escuchas ilegales se encontraban tres jueces del Tribunal Supremo y el expresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, la exdiputada Joice Hasselman (PSDB-SP) y el abogado Rodrigo Bertholdo.
Según la policía, el programa informático producido por la empresa israelí Cognyte fue utilizado por la ABIN en 60.734 ocasiones entre 2019-2021. De este total, 30.344 consultas se realizaron durante 2020, cuando Brasil celebró elecciones municipales.
Los números antes mencionados, sin embargo, no suponen que 60.000 teléfonos fueron rastreados, porque es posible un mismo teléfono haya sido objeto de monitoreo en varias ocasiones.
Los investigadores sostienen que estas acciones fueron ilegales, por cuanto la agencia necesitaba de autorización judicial para realizar cualquier seguimiento al celular de cualquier ciudadano.
La ABIN, por su parte, aseguró que en mayo de 2021 dejó de emplear el software First Mile para sus investigaciones.
Los expertos sostienen que el programa es capaz de monitorear la geolocalización de hasta 10.000 teléfonos celulares por año. No obstante, se desconoce si es capaz de tener acceso a los mensajes o llamadas de los objetivos rastreados.
El director de la ONG Data Privacy Brasil, Rafael Zanatta, expresó su preocupación por el uso del software.
“Esta información puede ser utilizada de diferentes maneras, como en investigaciones policiales contra el crimen organizado, pero también puede ser un atractivo para monitorear ilegalmente a los opositores políticos y a la propia población, atacando las libertades civiles“, dijo Zanatta a BBC News Brasil.
El despido de Moretti se produjo luego de que a principios de esta semana la Policía Federal lanzara una serie de allanamientos y registros contra propiedades de los presuntos vinculados a la trama, entre los cuales figura uno de los hijos de Bolsonaro, el concejal Carlos Bolsonaro.
En la administración de Lula se desconfiaba desde hacía tiempo del destituido. ¿La razón? Su cercanía con el que fuera el anterior director de la ABIN, Alexandre Ramagem, quien es considerado uno de los cerebros de la red de espionaje ilegal y que actualmente es diputado por el partido del exmandatario.
En sus informes, la policía denunció la existencia de una conexión entre miembros de la actual dirección de Abin y antiguos, como Ramagem, con el propósito de perjudicar las investigaciones.
“La singular gravedad de los hechos se ve aumentada por la posible connivencia de los investigados con la actual alta dirección de la ABIN, cuyo resultado causó perjuicio a esta investigación, a los investigados y a la propia institución”, se lee en el reporte.
La agencia hoy está comandada por Luiz Fernando Correa, quien estuvo al mando de la Policía Federal entre 2007 y 2011, durante el segundo mandato de Lula; y quien goza de la confianza del gobernante.
“Este compañero (Correa) armó su equipo”, dijo Lula, en una entrevista previa al despido de Moretti.
“Dentro de su equipo había un ciudadano (…) que tenía una relación con Ramagem, que fue el director de la ABIN del último gobierno. Y como se están demostrando (esos nexos), no hay clima para que este ciudadano permanezca (en su puesto)”, añadió.
Bolsonaro, por su parte, ha denunciado ser víctima de una persecución.
Según el auto del magistrado, Alexandre de Moraes, quien autorizó el allanamiento contra Carlos Bolsonaro, el hijo del expresidente sería uno de los integrantes del “núcleo político” de la llamada “ABIN paralela”.
“Carlos Bolsonaro es considerado por las investigaciones policiales miembro de lo que se llama el núcleo político de un grupo considerado una organización criminal activa en la ABIN, en la época en que estaba dirigida por el hoy diputado Alexandre Ramagem”, se lee en un extracto de la solicitud que la Procuraduría (Fiscalía) envió al magistrado.
“Las investigaciones apuntan a la utilización de la agencia con fines políticos ajenos a su finalidad, implicando seguimientos de personas concretas, de interés meramente privado o político para terceros”, se agrega en la solicitud fiscal.
De acuerdo con la Procuraduría, el “núcleo político” obtuvo información confidencial a través de Ramagem, aunque se desconoce qué uso le dio a la misma.
BBC News Brasil intentó contactar al concejal sin éxito.
Por su parte, Ramagem sería uno de los miembros del llamado “núcleo de alta dirección” de la “ABIN paralela”.
Y aunque el ahora legislador ha negado los señalamientos en su contra, los investigadores creen que ordenó el seguimiento de opositores de la familia Bolsonaro y además tomó medidas para proteger a los hijos del entonces presidente, Renan y Flávio Bolsonaro, de las investigaciones que tenían abiertas.
“A Renan Bolsonaro no lo conozco. Sólo le estreché la mano un par de veces”, replicó Ramagem.
En los documentos de las investigaciones que han sido difundidos hasta ahora no hay información que indique que Bolsonaro estaba al tanto de la operación o si se benefició de las informaciones producidas por éste.
Sin embargo, esta investigación se suma a la larga lista de problemas legales que tiene el exmandatario brasileño, a quien se le ha prohibido postularse a ningún cargo de elección popular durante ocho años, luego de arrojar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica.
*Con información de Leandro Prazeres, corresponsal en Brasilia.
