Una reposición de la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía, que reprogramó para el 1 de octubre la formalización del general Ricardo Yáñez –además de Mario Rozas y Diego Olate–, presentarán los querellantes. “Lo que el derecho no pudo en casi cuatro meses, lo hizo una movida política”, señalan.
Hasta la noche del pasado viernes 26, el general Ricardo Yáñez Reveco repasaba el discurso que daría al día siguiente, por los 97 años de la policía uniformada, en la Escuela de Carabineros de Antonio Varas, en Providencia. Este sería y fue su último Día del Carabinero al mando de la institución, pues en noviembre próximo termina legalmente su periodo. Sin embargo, terminó dando un discurso muy diferente, uno para despedir a los ahora suboficiales mayores Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, los carabineros asesinados en Cañete, Región del Biobío, en la madrugada del sábado 27 de abril.
Un crimen que tiene de luto al país entero y que, paradójicamente, cambió el curso judicial del general director de Carabineros.
“Todo lo que el derecho no pudo en casi cuatro meses, lo hizo una movida política”, afirma una fuente, en referencia a la decisión del Gobierno de mantener en su cargo al general.
Solo dos días después del crimen, fue aceptada la solicitud de aplazar la audiencia de formalización que estaba fijada para el próximo 7 de mayo, y fue reprogramada para el martes 1 de octubre, a las 9:00 hrs., es decir, cinco meses más. Unidos a los cuatro anteriores, suman nueve meses para que los imputados Ricardo Yáñez, Diego Olate (exsudirector de Carabineros) y el exdirector Mario Rozas preparen su defensa y se presenten ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“Esto es una vergüenza. Demuestra que nuestro Estado de Derecho es de cartón, porque la política lo puede manipular a su antojo”, señala el abogado querellante Luis Mariano Rendón.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, había adelantado los argumentos para la postergación: “Obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación”, dijo.
“Razones, por decir lo menos, curiosas, teniendo en cuenta que además han tenido cuatro meses para hacerlo, lo que ya es un tiempo inédito, muy amplio. Hay que recordar que este es el mismo argumento que las defensas han estado pidiendo recurso tras recurso. Mientras la pelea se mantuvo en lo jurídico, Yáñez perdió todo”, señala una abogada de Derechos Humanos.
Luis Mariano Rendón coincide: “Presentaron este argumento ante el Tribunal de Garantía, ante la Corte de Apelaciones, ante el Tribunal Constitucional en dos oportunidades. Y en todas esas instancias, en todas (enfatiza), fue rechazado, porque no posee ninguna base legal. ¿Por qué si el Poder Judicial ha estimado que no tiene base, de pronto la tiene? Entonces, surgen las dudas y suspicacias: ¿será que lo que no pudieron hacer a través de las armas legítimas del derecho, lo consiguen ahora manipulando un órgano supuestamente autónomo, como es el Ministerio Público?”.
Para Rendón, “esto deja de manifiesto que nuestro Estado de derecho está a disposición del poder político para hacer lo que se le antoje de acuerdo a su conveniencia. Se cayeron las caretas”.
“Ricardo Yáñez siempre ha intentado eludir los procedimiento y los tribunales. No cooperó con la investigación, negándose a asistir a declarar en seis ocasiones y, la única vez que fue, se acogió al derecho a guardar silencio. Algo impresentable para quien está a cargo de hacer cumplir la ley”, observa otra fuente.
Los fiscales han estado en la mira de la defensa del general desde un principio. “Cuando se vio que venía la formalización, el abogado defensor, Jorge Martínez, partió atacando a sus pares, abogados que ejercen como fiscales. Y pidió, el 24 de noviembre pasado, inhabilitar al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y a la fiscal del caso, Ximena Chong”, explica un abogado.
Esa petición no prosperó, pero sí logró apartar a Armendáriz de las investigaciones relacionadas con querellas por crímenes de lesa humanidad, las que fueron asignadas al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
Hace unas semanas, un grupo de diputados de derecha presentó un requerimiento ante la Corte Suprema para que remueva al fiscal Xavier Armendáriz de la investigación contra el general Yáñez, por “sesgo político”. Varias voces advirtieron, entonces, que no se estaba respetando la separación de los poderes del Estado.
“Los fiscales han estado bajo mucha presión. Y ahora Armendáriz debe haberse visto obligado a pedir nueva fecha para la formalización, lo que va en contra de todo lo que ha estado haciendo. Los fiscales deberían actuar autónomamente, libres de ataques por el cumplimiento de su misión institucional. Aquí, finalmente, se imponen los poderes políticos fácticos por sobre toda la institucionalidad. Queda de manifiesto la escenografía, la tramoya que es esta institucionalidad nuestra”, opina Luis Mariano Rendón.
Sobre el largo plazo de la formalización (cinco meses más), un abogado señala que eventualmente podría haber intención de “pelear” la prescripción de alguno de los casos, que en octubre cumplirán cinco años. Pero explica que la formalización en curso es un antecedente a favor de la querella y los delitos de derechos humanos prescriben a los 10 años de ocurridos.
Mientras tanto, los recursos que ya fueron presentados por la defensa del general Yáñez siguen adelante. “Lo óptimo para ellos sería que hubiera ‘una bendición’ de los tribunales superiores acogiendo algunas de estas solicitudes. Para la defensa eso sería una afirmación: ‘Los tribunales han reconocido que teníamos razón’. Entonces, seguramente van a seguir con esa estrategia. Y nosotros seguiremos oponiéndonos. Por ejemplo, nos haremos parte de la apelación al recurso de amparo que presentó la defensa de Yáñez al TC. Lo mismo ante la Corte Suprema, y en esta insólita acción civil que presentaron, pidiendo como medida cautelar la suspensión del procedimiento, también nos haremos parte, pidiendo que sea rechazada”, asegura Rendón.
Por ahora, están redactando una reposición de la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía.
