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Repentino protagonismo del diputado Osvaldo Andrade levanta sospechas

La vuelta de carnero del Gobierno: tras acusar a Financoop de falsear estados financieros ahora negocian entre cuatro paredes fórmula para salvar a la cooperativa

por 15 diciembre, 2017

La vuelta de carnero del Gobierno: tras acusar a Financoop de falsear estados financieros ahora negocian entre cuatro paredes fórmula para salvar a la cooperativa
Economía, que hace poco acusaba a Financoop de falsear sus estados financieros y ocultar una pérdida de 9.500 millones de pesos, ahora estaría disponible para echar abajo su demanda de disolución forzada y aceptar el camino de la compañía. Cercanos a la causa dicen que esto solo puede explicarse por los vínculos políticos de la empresa con el Ejecutivo (ACTUALIZADA).
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Cuarenta minutos antes del inicio de la sesión de ayer de la comisión investigadora que ve el caso Financoop en la Cámara de Diputados, el último de los citados del Ministerio de Economía informaba que no asistiría a la segunda sesión. Cabe señalar que habían sido invitados por segunda semana consecutiva.

Lo informó con un dejo de molestia el presidente de la instancia, Jaime Bellolio, pues ya la semana pasada el equipo de autoridades de la cartera que dirige Jorge Rodríguez Grossi se había ausentado de la comisión, donde son las figuras claves para dar explicaciones por lo ocurrido en los últimos meses y años con la cooperativa ligada a ex figuras del grupo Norte Sur, de fuertes vinculaciones políticas, en particular con la Democracia Cristiana.

No es casualidad. La ausencia de Rodríguez Grossi (DC); del ex titular de la cartera, Luis Felipe Céspedes; de la subsecretaria del ramo, Natalia Piergentili; y de la jefa del Departamento de Cooperativas (Decoop), hoy División de Asociatividad y Economía Social, Natalia León, tiene una motivación clara.

Aunque desde Economía explicaron ayer que Rodríguez no asistió por la muerte de su cuñado –pese a que el jueves tenía programadas actividades desde las 8 de la mañana–, lo cierto es que el silencio de la cartera oculta la intención de zanjar el caso bajo cuerda.

Así se lo hicieron ver al propio Bellolio la semana pasada, cuando se suspendió la sesión por la inasistencia de las mismas autoridades. En ese momento, desde el señalado ministerio le dijeron al diputado que estaban buscando un acuerdo con Financoop y el CDE, por lo que pedían una semana para cerrarlo antes de asistir a la comisión.

No alcanzaron esta semana, pero – según confirma el propio abogado de Financoop, Rodrigo Zegers–  podría ocurrir la próxima semana o al menos es lo que espera, dado que ha visto “muy buena disposición del CDE y la Decoop”. Por eso el acuerdo está casi listo para la firma. Según fuentes cercanas al proceso, incluso ya ha habido intercambio de borradores entre Financoop y las autoridades estatales y se espera concretarlo en los días venideros.

Todo a espaldas de los depositantes que no fueron integrados a la mesa, en la cual solo se sentaron los que hasta ahora, se suponía, eran antagonistas: el abogado del CDE, Jorge Escobar; el de Financoop, Rodrigo Zegers; y los representantes de Economía, liderados por Piergentili.

Las materias que considera el acuerdo aún no son transparentadas, pero fuentes que han sabido de ellas aseguran que Economía y Financoop acordarán la reorganización de la cooperativa, haciendo un compromiso de pago en el largo plazo a los depositantes y congelando así, en forma permanente, gran parte de los compromisos financieros con los depositantes.

Hasta ahora, una de las principales piedras de tope del acuerdo era la exigencia que en su momento puso Economía a Financoop, en el sentido de que reconozca los 9.500 millones de pesos de pérdida patrimonial que estimó en su demanda de disolución forzada, presentada en octubre pasado en el 23° Juzgado Civil, que lidera la magistrada Andrea Coppa.

Según las fuentes, Economía estaría evaluando aceptar rebajar o morigerar esa cifra, pues de lo contrario, si se confirmara el número, la empresa tendría que aportar el capital deficitario y, con ello, reconocer la falsedad de los estados financieros presentados en los últimos años a la Decoop. Zegers no entra en detalles, solo confirma el avance de las conversaciones y recuerda que, al llevar este caso a la justicia, “el Gobierno cometió un tremendo error”.

Ahí está el incómodo detalle del acuerdo, pues, en paralelo, Economía se ha negado a entregar por la Ley de Transparencia la denuncia penal que presentó contra Financoop en el Ministerio Público, causa que quedó a cargo del fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Jaime Retamal.

El abogado Tomás Fabres que, junto con Paola Bugueño, Pablo Millán y Gonzalo González, representan a casi 200 depositantes de Financoop y unos $ 6 mil millones de pesos en depósitos, presentó la solicitud previo a la posibilidad de querellarse contra la empresa – que hoy tiene congelados más de 45 mil millones de pesos en depósitos– , pero el Ejecutivo se la negó.

El documento es relevante, toda vez que podría involucrar delitos de parte de los ejecutivos y directivos de la empresa, situación que proviene justamente de la acusación que hicieron Piergentili y el CDE ante el 23° Civil. Allí han sostenido que la cooperativa literalmente manipuló sus estados financieros para ocultar las pérdidas que le estaba generando el aumento de la morosidad en el pago de sus créditos desde 2010, cuando comenzó a operar un dictamen de Contraloría que terminó con el descuento por planilla para el pago de créditos.

Fabres sostiene que la situación es “impresentable” y que solo puede explicarse por los vínculos políticos de Financoop con el Gobierno.

“Nuevamente la autoridad política le está haciendo el favor a una empresa que fue incompetente en el manejo de fondos captados del público. La conclusión es que los ciudadanos no pueden tener confianza en el sistema de cooperativas y menos en la cooperativa del grupo de (Vicente) Caruz. El Ministerio de Economía no nos ha recibido para conocer las tratativas sobre nuestros propios intereses y ha preferido seguir con reuniones secretas con una administración que llevó a estados de insolvencia, o sea, los contactos políticos pueden más que el derecho, y la confianza del ciudadano en el Decoop está por el suelo”, afirma Fabres.

Su molestia, además de la defensa de sus representados, tiene cierta base y estriba en la paradoja de que la propia subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili – responsable superior del Decoop–  haya denunciado las irregularidades pidiendo la disolución de la empresa y, con ello, el congelamiento de sus actividades, y que ahora retroceda y esté negociando directamente con la compañía para aprobar su reorganización, incluyendo la postergación de parte de los $ 25 mil millones de pesos en depósitos que ya están vencidos y por los cuales hay decenas de demandas en tribunales pidiendo su cancelación.

El caso es más complejo si se considera que no están claras las pérdidas que asumirán los socios de Financoop y qué definición habrá sobre la responsabilidad de los consejeros y ejecutivos de la empresa, además de los funcionarios que fiscalizaron a la compañía por años y no detectaron nada irregular. En esa línea, la propia demanda de Piergentili en el 23° Juzgado Civil sostiene que las irregularidades comenzaron en 2010, según un acuerdo del Consejo de Administración de Financoop de mayo de ese año.

El CDE – cuyo abogado en la causa, Jorge Escobar, no respondió a nuestras consultas– pasó de encabezar las acciones judiciales en representación de Economía, apoyando la disolución, a sumarse a las conversaciones y posibilitar el acuerdo entre cuatro paredes, desconociendo lo obrado originalmente, como comenta un abogado que conoce de la causa.

La actuación del CDE iría más allá. Fuentes consultadas por este medio afirman que el 1 de diciembre pasado abogados de dicho organismo y Financoop acudieron a reunirse con la jueza Andrea Coppa, del señalado Juzgado Civil de la capital. En dicha ocasión, le habrían requerido que no resuelva las presentaciones que se le habían hecho respecto de autorizar el pago de una pequeña parte de los depósitos que adeudan, liberando parte de las precautorias.

El hecho es relevante, pues la magistrada se iba de vacaciones y planeaba, según fuentes que conocieron del tema, dejar pendiente el fallo. Las fuentes afirman que los representantes de depositantes le pidieron resolver por escrito y por eso esta semana la jueza acogió la propuesta del interventor Carlos Parada.

Zegers no niega el hecho, pero tampoco lo confirma. “Lo que haga en el ejercicio de mi profesión es reservado, no lo puedo comentar”, plantea.

Y es que –según las fuentes– el Gobierno, CDE y Financoop están planificando el enlazamiento de las medidas precautorias vigentes en el 23° Civil con la reorganización, dado que la condición por parte de la cooperativa es que se termine con las causas judiciales, en especial la demanda de disolución.

Hay dos causas principales del caso en tribunales. En el 30° se ve la solicitud de reorganización pedida por Financoop. La jueza Claudia Salgado en primera instancia la negó y, tras algunos recursos, la empresa acudió de queja ante la Corte de Apelaciones. El tribunal de alzada aún no resuelve la causa y se especula que fallaría en estos días. Desde Financoop creen que dicha queja prosperaría y avanzaría la reorganización. En ese caso, igualmente el Gobierno se allanaría a bajar la causa de la demanda en el 23° Juzgado Civil.

En esta última causa, se ve la disolución forzada de la compañía, solicitada a través de la demanda de Economía de octubre pasado. En esa causa, hace dos semanas contestaron lo demandado las distintas partes, pero su devenir está íntimamente vinculado al juicio en el 23°.

Lo que buscarían Economía y Financoop es que en el 30 se acuerde la reorganización de la empresa y, al mismo tiempo, se mantengan las precautorias ordenadas en el referido Tribunal Civil. Así, los depositantes no podrían cobrar gran parte de sus dineros como establecían sus contratos y la firma volvería a operar, postergando las fechas de pago.

En esa línea, la solicitud a la magistrada del 23°, de postergar la resolución sobre las precautorias, buscaba impedir un mayor desangre de caja de la compañía, previo a la reorganización, y dar el tiempo para que se concrete el acuerdo y se inicie el proceso.

¿Bomba de tiempo?

Aunque no ha sido portada permanente en los medios, el caso es una bomba de tiempo. Si el Ministerio Público investiga a la cooperativa, se adentraría en todo el proceso de conversaciones que tuvo con el Decoop entre abril y julio de este año, donde la autoridad conoció de las irregularidades financieras sin que hiciera pública la situación, permitiendo que miles de depositantes invirtieran sus dineros en dicho periodo sin saber que la compañía tenía más de 170% de pérdida patrimonial y sus provisiones no cubrían la verdadera realidad de su cartera de créditos riesgosos.

Aún más, Piergentili y su equipo tenían prácticamente listo un acuerdo con la empresa para que se vendiera la cartera vencida a una fundación, de la cual hasta hoy no se conoce su identidad.

La autoridad ha dicho –y no lo ha corregido hasta ahora– que no podían permitir que Financoop siguiera funcionando, porque fueron engañados por la empresa entre abril y julio pasado al no entregarle toda la información financiera para determinar la situación patrimonial de la compañía, lo que explica su demanda de agosto. Además, la acusa de haber falseado sus cifras de provisiones por años, reflejando resultados netos que no reflejan su realidad.

La cooperativa, por el contrario, ha dicho que el Gobierno miente, que siempre le entregó todos los antecedentes y, aún más, asegura –algo incluso ratificado por la propia subsecretaria– que si los consejeros de Financoop no le informan a la autoridad en abril de este año, los fiscalizadores jamás se habrían enterado de la situación de la compañía.

La historia parece más insólita, pues, pese a esto, en Financoop sostienen que jamás violaron normas, incluso afirman que fue desde 2016 que, gracias a los nuevos consejeros que ingresaron a la empresa, lograron darse cuenta de que no se estaba reflejando bien en sus resultados el aumento de los créditos vencidos.

Sin embargo, también dicen que siempre cumplieron las normas, pero que estas eran insuficientes para determinar correctamente las provisiones a realizar y que detectaron el problema al aplicar mayores estándares de provisión, superiores a la norma de la Decoop. Y los 9.500 millones de pesos de pérdida patrimonial que denuncia Economía son una exageración del Gobierno, según Financoop.

Poco de esto ha sido discutido en las instancias civiles.

En paralelo, en la Cámara de Diputados ya partió la comisión investigadora, pero a paso de tortuga, en especial por la ausencia de las autoridades de Economía a las sesiones.

En la del miércoles pasado, donde solo había dos integrantes –Bellolio y Enrique Van Ryselberghe– también asistieron los diputados Bernardo Berger, Carlos Abel Jarpa, Osvaldo Urrutia y Osvaldo Andrade. Además de las consultas que hicieron algunos, evidenciando el desconocimiento del caso que aún existe en gran parte de la instancia, tuvo particular protagonismo el ex presidente del PS.

Luego de una extensa presentación de Arturo Castillo (que forma parte de un grupo importante de depositantes y que fue el único invitado que asistió), Andrade tomó la palabra y comenzó a parafrasear los comentarios de Castillo. Este último explicaba lo insólito que le parecía que el Gobierno pidiera la disolución de Financoop y las precautorias que generaron el corralito para 45 mil millones de pesos en depósitos, cuando jamás la empresa tuvo problemas para pagar a sus depositantes y, de hecho, ese fue el argumento de la jueza Salgado para desestimar la solicitud de reorganización pedida por la compañía.

Andrade le indicó que no conocía nada del caso, pero que estaba intentando entender su “narrativa”, aludiendo a lo compleja que es la historia y porque el invitado –que forma parte de un grupo importante de depositantes– no daba detalles de las denuncias del Ejecutivo sobre la información financiera irregular y se concentraba en criticar la labor gubernamental en el caso.

Pues parecía que todos estaban pensando en los depositantes, pero que el Gobierno había detenido la cooperativa sin motivo, aunque al mismo tiempo había denuncia de estados financieros irregulares, aludiendo a la demanda de disolución donde Economía señala que la cooperativa tiene una pérdida patrimonial de 9.500 millones de pesos, los que, si fueran asumidos en sus estados financieros, dejarían a la firma con un patrimonio negativo.

Su intervención llamó la atención, ya que su hijo está casado con la jefa de la Decoop, Natalia León, una de las funcionarias que no asistió a la instancia.

Consultado al respecto, el diputado lo relativiza. Responde que los dos socialistas que debían presentarse no podían y él se había liberado antes de otra comisión, por lo que decidió asistir. Asegura que jamás ha comentado el tema con su nuera y que no conocía detalles. Tampoco señala conocer sobre el acuerdo que el Gobierno negocia con Financoop.

León quedó más en primera fila del caso, luego que renunciara en octubre pasado, para ser candidato a consejero regional, el jefe de fiscalización de la Decoop, Zoran Ostoic, pieza clave en el caso, puesto que, junto con Piergentili encabezaron gran parte de las reuniones con Financoop entre abril y julio.

Todo esto, mientras en tribunales las causas que enfrentan al Estado con Financoop siguen haciendo noticia.

El martes, la jueza Coppa acogió la propuesta del interventor Carlos Parada, que ordenó el pago de $ 1.500 millones a los depositantes, en una fórmula que limita al 10% de los depósitos de cada cliente, con un mínimo de 300 mil pesos y un máximo de 1 millón. Esta fue la resolución que el CDE y Financoop le habrían pedido postergar a Coppa, buscando ganar tiempo –tal como se señaló anteriormente– para iniciar la reorganización tras el acuerdo con Economía.

Según Tomás Fabres, ellos pidieron 3 mil millones de pesos, pero primó la propuesta del interventor Parada, quien también ha hecho ruido en el caso, pues ha tenido diversos trabajos en conjunto con el estudio de Zegers.

De hecho, con Ciro Colombara, socio de Zegers, trabajan en conjunto en la recuperación del patrimonio de Alberto Chang.

Pero Zegers le baja el perfil. “En el estudio llevamos muchos temas y estamos metidos en bastantes casos, no solo Financoop, y entonces muchas veces uno se topa con síndicos, peritos, etc., pero es parte del día a día”, sostiene.

Contrario a estas versiones, Zegers dice que acogerán inmediatamente la orden del tribunal y pagarán antes de Navidad el dinero comprometido. Es más, afirma que hicieron gestiones para que el monto fuera mayor. “Por nuestra parte quisiéramos en este momento repartir más que eso. Pero la jueza ha dicho otra cosa y en ese sentido habrá que acatar lo que dice y tratar de implementarlo. Estamos preparándonos para hacer un pago antes de Navidad”, explica.

Pese a los deseos de Zegers, cuando la jueza dio espacio para que las partes hicieran comentarios sobre las propuestas de pago parcial que esta semana resolvió, Financoop guardó silencio en el proceso y solo Fabres hizo una propuesta alternativa que, finalmente, no fue acogida, pero esperaban que resolviera para tener al menos un pago antes de fin de año, dada la situación límite que viven muchos de los depositantes.

Como ha ocurrido desde el comienzo del caso, en agosto pasado, no se pudo obtener una versión del Ministerio de Economía. Solo comentaron que “la subsecretaria (Piergentili) no se referirá al tema para no entorpecer mediáticamente los procesos”.

El caso tiene una trama política. Cuando estalló, desde Financoop dijeron que se trataba de una ‘vendetta’ del PPD (Ostoic es de ese partido) contra la DC, dado que la cooperativa tiene varios militantes y simpatizantes de ese partido.

Entre ellos, el caso de Carlos Mladinic es paradigmático. Según confirmaron fuentes que supieron del hecho, el ex ministro de Ricardo Largos ya ha llegado varias veces hasta las oficinas de Economía para acercar posiciones. En sus gestiones de lobby le habría ayudado Enrique Correa, cuya agencia de comunicaciones, Imaginacción, asesora a Financoop. Desde la agencia aseguraron, semanas atrás, que no es efectivo y que solo hay asesoría comunicacional.

El tema es polémico, toda vez que Mladinic es también director de la empresa estatal Metro y su lobby ante Economía es vox populi en dicha cartera.

En el Consejo de Financoop está un hermano del ex intendente Marcelo Trivelli, el hermano del ex diputado PPD Enrique Accorsi y Sergio Fernández Aguayo, conocido militante DC. Además lideran la compañía Ernesto Livacic y Daniel Albarrán, ambos ex funcionarios de los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, como superintendente de Bancos y subsecretario de Pesca, respectivamente.

Estos últimos son ex ejecutivos del grupo Norte Sur, que controló el Banco del Desarrollo hasta que lo vendió a Scotiabank en 2008, y que lideraba Vicente Caruz. En efecto, según publicó Ciper  en septiembre pasado, Caruz estaba ofreciendo a otras cooperativas un proyecto de consolidación de varias en un banco, partiendo por Financoop.

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