Jueves, 25 de mayo de 2017 Actualizado a las 14:19

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Estado y pueblos originarios: un enfoque de derechos

Estamos frente a una grave crisis en nuestra relación con la naturaleza. Las consecuencias del cambio climático se sienten en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como el deterioro de los ecosistemas y sus elementos –por ejemplo, el agua y el aire– se reflejan patentemente aunque de manera muy desigual en nuestra salud, bienestar y en la economía. Nuestro modelo de desarrollo extractivista debe ser replanteado para que futuras generaciones tengan una oportunidad para vivir mejor que nosotros.

Pese a lo evidente que parece esa idea, es paradójico que actores que son fundamentales en un cambio de actitud frente a la naturaleza permanezcan olvidados y marginalizados. Los Pueblos Originarios de nuestro país son dueños de formas de relación armoniosas con la naturaleza, de cuidado de su biodiversidad, de codesarrollo entre las comunidades y sus entornos, de respeto y cultivo de especies únicas. Sin embargo, estos pueblos no son reconocidos, su patrimonio cultural permanece desconocido, cuando no es usurpado impunemente, y sus autoridades ven cotidianamente cómo su férrea defensa de su mundo natural, por sus ríos, sus lagos, sus bosques, es sacrificada frente a imperativos de proyectos dudosos y reprimida con desproporcionada violencia por el mismo Estado.

Estos derechos, lejos de producir una división interna en el Estado, fortalecerán su carácter diverso y democrático, permitiendo relaciones de reconocimiento recíproco y herramientas para enfrentar las tensiones y conflictos entre el mismo Estado, la sociedad y los Pueblos Originarios. El Estado chileno carece actualmente de instituciones que permitan tratar los conflictos territoriales y culturales, no conociendo por ahora de avances para restaurar la confianza y convivencia bajo el imperio de los derechos humanos.

El destino de los Pueblos Originarios es un indicador de nuestro destino en el futuro y gráfica la desigualdad e insostenibilidad de nuestro modelo económico, tal y como la brecha de desconfianza que se instaló hace dos décadas entre el Estado y dichos pueblos anticipó la actual brecha que existe entre la ciudadanía y las élites.

Las políticas indígenas, con todos los avances que hayan podido tener, no han reconocido derechos colectivos para ellos, aislándose del panorama de toda Latinoamérica. Nos hemos acostumbrado a pensar a los indígenas como un grupo vulnerable, olvidando que son pueblos que poseen y merecen respeto por sus propias instituciones políticas, sus autoridades tradicionales, sus instituciones, identidades y normas de convivencia propias.

Cualquier valoración de sus culturas y cualquier medida de beneficios sociales para ellos no logrará plenos efectos, a menos que se construya una nueva institucionalidad que tenga como principios orientadores derechos colectivos como la autodeterminación intraestatal de los Pueblos Originarios, la autonomía, la representación política especial, la protección de su territorialidad, tierras y aguas indígenas, la integridad de sus identidades culturales y la persistencia de sus formas de vida y derecho consuetudinario, dentro del contexto del mismo Estado y sistema jurídico chilenos.

La visión de la derecha sobre estos derechos, la que los cuestiona como privilegios, falla al no ver la urgente necesidad que existe de sanear las violencias coloniales del pasado, preservar la integridad del legado cultural de los Pueblos Originarios y mantener viva su forma de vida como una visión propia y auténtica.

Estos derechos, lejos de producir una división interna en el Estado, fortalecerán su carácter diverso y democrático, permitiendo relaciones de reconocimiento recíproco y herramientas para enfrentar las tensiones y conflictos entre el mismo Estado, la sociedad y los Pueblos Originarios. El Estado chileno carece actualmente de instituciones que permitan tratar los conflictos territoriales y culturales, no conociendo por ahora de avances para restaurar la confianza y convivencia bajo el imperio de los derechos humanos.

El instrumento más fuerte en la consagración de derechos indígenas en Chile, el Convenio 169, no recibe una aplicación adecuada y los intentos de implementación de los diversos gobiernos pecan por restringir indebidamente el derecho a la consulta. Es así como vemos cada vez más a los tribunales ordenar la realización de consultas indígenas en proyectos de inversión que las omiten o las desfiguran.

La sociedad chilena y los Pueblos Originarios rechazan la violencia de cualquier lado o grupo para generar cambios en esta situación o para reprimir dichos cambios, como lo muestran los estudios de opinión disponibles.

La vía legítima para resolver conflictos y tensiones es el diálogo sin exclusiones con todos los actores, el respeto por los derechos humanos y la construcción conjunta de políticas orientadas por un enfoque de derechos.

Para ello, los liderazgos indígenas pueden buscar nuevas alianzas en las fuerzas progresistas de la sociedad chilena y generar confianzas con una ciudadanía indignada que está cambiando sus actitudes hacia nuestros pueblos, aunque todavía sin la profundidad que está mostrando en otros temas, como la educación o la seguridad social.

Por su parte, aquellas fuerzas progresistas deben hacer un giro en sus posturas, y replantearse sus viejas ideas respecto a la inclusión de los pueblos en la arquitectura del Estado y las políticas públicas, muy a menudo presas en nostalgias eurocéntricas, centralistas y monoculturales, para que, de una nueva manera, podamos proponernos avanzar juntos hacia una democracia más profunda en su relación con la naturaleza y con todos sus ciudadanos y sus culturas.

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