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Conflicto en La Araucanía: el persistente y equivocado llamado a las Fuerzas Armadas

por 29 mayo, 2017

Conflicto en La Araucanía: el persistente y equivocado llamado a las Fuerzas Armadas
Es tiempo de recuperar las propuestas de la Comisión de Verdad Histórica y de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas –que por lo demás fueron dejadas en un cajón– y que planteaban la necesidad de involucrarse en una relación de nuevo tipo con los pueblos indígenas, relaciones que estuviesen “inspiradas en el respeto, la equidad, el mutuo reconocimiento, la justicia y la dignidad de todos sus miembros”. Convertir el problema de La Araucanía en uno originado por un grupo radical y estimulado por políticas públicas equivocadas, es no entender la naturaleza de un conflicto que se arrastra por cientos de años. Este llamado a las Fuerzas Armadas provocará más violencia y nos alejará del ideal de promover un verdadero nuevo trato.

Un segmento de la elite política y económica chilena históricamente ha sostenido que la única forma de contener el conflicto social es por la vía de la represión. Los siglos XIX y XX están plagados de ejemplos de este tipo. Autoridades políticas que dictaminaban poner orden, y militares que han visto en la represión una forma de preservar los intereses de la “nación”.

Hagamos memoria. El coronel Cornelio Saavedra, emisario del Gobierno para pacificar La Araucanía, describía la situación indicando que “no es concebible la observancia del régimen constitucional entre individuos que no reconocen el imperio de la ley y que deben considerarse en situación de que el Estado ejerza una saludable tutela sobre ellos para prepararlos a la vida civilizada” (1861).

Federico Errázuriz, cuando ejercía de ministro de Guerra, sostenía que “solo en el caso de no poder obtener ninguna seguridad en el sometimiento y en la quietud de esas tribus, le será permitido hacer uso de las armas y hostilizarlas de la manera que juzgue más prudente para castigar su rebelión, arrebatarles sus recursos y debilitarlas hasta dejarlas en la impotencia de que nos hostilicen y nos irroguen nuevos perjuicios [...]” (1868).

Cuarenta años después, el general Roberto Silva Renard señalaba, a propósito de la huelga de obreros salitreros que llegaron a Iquique, que “había que obrar o retirarse dejando sin cumplir las órdenes de la autoridad. Había que derramar sangre de algunos amotinados o dejar la ciudad entregada a la magnanimidad de los facciosos que colocan sus intereses, sus jornales, sobre los grandes intereses de la patria. Ante el dilema, las fuerzas de la nación no vacilaron”(1908).

La postura de sacar a los militares para controlar la violencia derivada de conflictos sociales no ha terminado y no es un discurso exclusivo de la derecha. Un diputado PRSD pidió sacar a los militares a la calle para enfrentar el terrorismo en La Araucanía en enero del año pasado; luego de los atentados contra camiones en marzo último, RN llamaba a declarar Estado de emergencia y a utilizar las FF.AA. para controlar las carreteras y caminos. El diputado Jorge Rathgeb (RN) sostenía que “la presencia del Ejército es lo único que podría llevar algo de paz a la novena región de La Araucanía” (15/03/2017).

Quizás, la receta de este segmento de la elite (reprimir y reducir las expectativas de los indígenas) está equivocada. Quizás las causas de la violencia no se relacionan tanto con la entrega de tierras sino con la forma en que el Estado de Chile se ha vinculado históricamente con los pueblos indígenas. Tal vez la violencia también se relaciona con los intereses económicos presentes en la región y que han generado abusos en los títulos de propiedad en un modelo que, por lo demás, ha exacerbado el extractivismo. Quizás diga también relación con el surgimiento de una mafia que trafica madera ilegalmente y que promueve la violencia.

Este discurso es complementado con un segundo argumento: que el principal factor de la violencia son las políticas públicas implementadas desde la vuelta a la democracia en 1990. En el año 2005, el programa de Joaquín Lavín sostenía que el incorrecto énfasis de la Ley Indígena “en el asunto de la tierra indígena y la discrecionalidad con que CONADI compra y distribuye propiedades particulares ha estimulado a las tomas de tierras y derivado en serios actos de violencia, con la pasividad del Estado en el cumplimiento de su obligación constitucional de preservar el orden público y el imperio del derecho”.

El programa de Sebastián Piñera, ese mismo año, sostenía igual argumento al indicar que uno de los factores que explicaba la violencia de algunos “es que la política que se ha impuesto con relación a los pueblos originarios se ha transformado en fuente de mayor pobreza, frustración y violencia, al crear expectativas completamente apartadas de la realidad”.

Esta doble visión –del uso de las FF.AA. y el rol de la política pública como incitadora de la violencia– fue sintetizada notablemente hace un par de días por el precandidato presidencial Felipe Kast (Evópoli). ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? “Es el conflicto con un grupo de violentistas, la Coordinadora Arauco Malleco. Cuando logremos meter presos a estos tipos, no hay violencia”, afirmó Kast. ¿Para qué sirven las políticas públicas? "Hay que modificar la Ley Indígena, porque tiene un grave problema, que es la entrega de tierras indiscriminada, sin títulos de merced, a grupos que presionan”, indicó Kast. ¿Cómo resolver el problema? “Aquí la única solución es meterlos presos (a los de la CAM) y pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas, para actuar en aquellos lugares donde ocurren estos casos”, afirmó categórico.

La misma receta más que centenaria para un conflicto que no ha podido ser resuelto por aquella vía, nos plantea una pregunta sencilla: ¿por qué, pese al incremento sostenido de presencia policial en la región, el conflicto se ha intensificado en las últimas décadas? ¿Es una simple y llana ineficacia policial? ¿Es la astucia de un grupo de extremistas que, cual fantasmas, realizan atentados sin ser descubiertos? ¿O acaso hay algo más?

Quizás, la receta de este segmento de la elite (reprimir y reducir las expectativas de los indígenas) está equivocada. Quizás las causas de la violencia no se relacionan tanto con la entrega de tierras sino con la forma en que el Estado de Chile se ha vinculado históricamente con los pueblos indígenas. Tal vez la violencia también se relaciona con los intereses económicos presentes en la región y que han generado abusos en los títulos de propiedad en un modelo que, por lo demás, ha exacerbado el extractivismo. Quizás diga también relación con el surgimiento de una mafia que trafica madera ilegalmente y que promueve la violencia.

Es tiempo de recuperar las propuestas de la Comisión de Verdad Histórica y de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas –que por lo demás fueron dejadas en un cajón– y que planteaban la necesidad de involucrarse en una relación de nuevo tipo con los pueblos indígenas, relaciones que estuviesen “inspiradas en el respeto, la equidad, el mutuo reconocimiento, la justicia y la dignidad de todos sus miembros”. Convertir el problema de La Araucanía en uno originado por un grupo radical y estimulado por políticas públicas equivocadas, es no entender la naturaleza de un conflicto que se arrastra por cientos de años. Este llamado a las Fuerzas Armadas provocará más violencia y nos alejará del ideal de promover un verdadero nuevo trato.

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