Opinión
Por más que suene descabellado, no tenemos cifras exactas de cuántos inmigrantes viven hoy en nuestro país.
Durante el mes de abril de este año, diversas autoridades de Gobierno, partiendo por el Presidente de la República, anunciaron la regularización de 300.000 residentes irregulares en nuestro país. En ese entonces, el Gobierno declaraba que existían más de un millón de extranjeros residiendo en Chile, del cual aproximadamente un tercio serían irregulares. Luego, en mayo de 2018 las cifras del Censo 2017 indicaban que a la fecha del mismo habían 746.465. extranjeros en el país. Nunca se aclaró esta discordancia en las cifras, aunque nos parece que la más cercana a la realidad pueda ser la del Censo, que no especifica cuántos están de manera legal y cuántos ilegales en el país.
El 9 de abril de este año, mediante Resolución Exenta N° 1.965, se dispuso el proceso de regularización extraordinaria.
[cita tipo=»destaque»]El día 25 de julio de 2018, ya concluido el plazo de presentación de solicitudes de regularización, el Gobierno declaró que más de 155.707 extranjeros habían presentado solicitudes. Además señaló que 108.550 inmigrantes solicitaron visas por los canales regulares, con lo que terminó indicando que 264.257 habían sido regularizados en el lapso que duró el proceso.[/cita]
Los extranjeros que, de acuerdo a la Resolución citada, podían acogerse a este proceso eran los siguientes:
De acuerdo a lo anterior, los extranjeros contemplados en los puntos 1 y 2 están efectivamente en situación de irregularidad migratoria. En cambio, los del punto 3 se encuentran regulares. El que se incluya en estos procesos a extranjeros regulares no es algo nuevo, tiene que ver con criterios de equidad, ya que el proceso de regularización es más rápido que el habitual.
El día 25 de julio de 2018, ya concluido el plazo de presentación de solicitudes de regularización, el Gobierno declaró que más de 155.707 extranjeros habían presentado solicitudes. Además señaló que 108.550 inmigrantes solicitaron visas por los canales regulares, con lo que terminó indicando que 264.257 habían sido regularizados en el lapso que duró el proceso.
A simple vista los números calzan; el Gobierno sostenía a principios de año que existían 300.000 inmigrantes en situación de irregularidad y luego de cerrar el proceso de recepción de solicitudes declara que se “regularizaron” 264.257 inmigrantes y que los tiempos de la inmigración ilegal ya han quedado atrás.
Pero, si queremos ser más precisos, observamos que las cifras no calzan.
En primer lugar, no es posible sostener que 264.257 personas se hayan regularizado. Siendo precisos, 155.707 personas participaron del proceso de regularización presentando solicitudes. Los 108.550 inmigrantes que sumó el gobierno estaban ya en condición de regularidad.
Se hace importante saber cómo se distribuyen las características de estas 155.707 personas que efectivamente participaron del proceso, en virtud de cada categoría que definió el Gobierno. Conocer estas cifras es relevante para el correcto diseño y aplicación de Políticas Públicas, y la Política Pública sobre Migraciones y Extranjería es particularmente sensible en nuestro país, en donde los cálculos sobre cantidad de extranjeros difieren tan profundamente entre un gobierno y otro o entre un gobierno y el Censo. Además es históricamente sabido que algunos actores usan estas cifras para generar alarmas xenofóbicas y por esa vía legitimar medidas restrictivas.
Para conocer estas cifras presenté, amparado en la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información, en junio de este año una solicitud requiriendo que se desagregara la información sobre solicitudes de regularización en función de las situaciones descritas en la Resolución Exenta que dispuso el proceso. La respuesta del Gobierno (absolutamente fuera de plazo) fue que la información solicitada no se encuentra disponible, en las categorías solicitadas, en los registros del proceso de regularización extraordinaria y que construirla requeriría la atención y distracción de los dos funcionarios de la sección de estadísticas del Departamento de Extranjería y Migración, por lo que se reservan la entrega de dicha información. Es decir, el Gobierno afirma, a través de su respuesta, que no sabe cuántos de los extranjeros que participaron del proceso estaban efectivamente irregulares y cuantos estaban regulares en el país.
Al término del proceso, reiteré la misma solicitud de información, con los datos actualizados al 23 de julio de 2018, fecha de término de la recepción de solicitudes de regularización, sin tener respuesta hasta la fecha y debiendo recurrir de amparo al Consejo Para la Transparencia.
Uno de los supuestos del gobierno para impulsar su agenda en materia migratoria es la existencia de 300.000 migrantes irregulares, y que esta cifra sería provocada mayormente por el modelo de ingreso de solicitudes de visa de residencia en Chile. Hasta ahora, los extranjeros que ingresan como turistas a Chile, pueden solicitar su cambio de categoría migratoria dentro del territorio nacional, sin perjuicio de la existencia de visas consulares (las que se piden desde el extranjero) que son muy menores en cantidad. El proyecto de Ley impulsado por el actual Gobierno establece que quien ingrese como turista a Chile no podrá solicitar visa de residencia dentro del país. El argumento que respalda esta propuesta del Gobierno es que el modelo actual hace que los turistas se tiendan a quedar en el país de manera irregular y que países como Canadá, Australia, Nueva Zelandia, entre otros, cuentan con el otro tipo de modelo, con éxito.
Por supuesto, las potenciales consecuencias del modelo propuesto por el gobierno pueden ser más complejas en materia de irregularidad, dado que quien ingrese al país como turista podrá transformarse fácilmente en presa de de un mercado del trabajo informal. Lo mismo con los habituales “emprendimientos” de quienes ofrecen ingresar a un país evitando controles fronterizos.
Hasta ahora, las cifras indican que los extranjeros que participaron del proceso fueron 155.707, por lo que el máximo potencial de irregulares verificados es ese número y no 300.000. Pero ¿qué ocurriría si el gobierno decide transparentar las cifras del proceso y terminamos sabiendo que en realidad la cifra de inmigrantes irregulares es todavía muy menor? ¿Cómo impactaría ello en la tramitación del proyecto de ley?
