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Concejales oficialistas exigen

Pagos extras en Muncipalidad de Santiago: no basta con la lista

por 5 marzo, 2003

Pese a haber entregado la nómina de los 63 sobre sueldos que dejó en entredicho su propia administración, Lavín no ha concluido su 'vía crucis': los concejales de la Concertación no sólo consideran que el edil cuenta con a lo menos 10 funcionarios con doble contrato a su cargo, sino que estiman además que la información entregada está incompleta.
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El gesto de entregar la lista con los nombres y cargos -y montos- de los 63 funcionarios que reciben pagos extraordinarios en el municipio de Santiago no significó para el alcalde Joaquín Lavín un cierre del caso.



Los concejales opositores Ricardo Zúñiga (PPD) y Juan Recabarren (PS) volverán a la carga con el que parece será un largo proceso, cuyo objetivo es generar mecanismos que impidan que continúe utilizándose el sistema de dobles contratos.



Los concejales solicitarán en los próximos días al jefe comunal que entregue la fecha en que se efectuó, por primera vez, cada contrato que dio origen a los sobresueldos; detalles sobre las horas extras que reciben los funcionarios beneficiados con el polémico mecanismo, lo que se podría extender a otros trabajadores de la municipalidad; y, la nómina de personas contratadas a través del ítem 17.



Este último tema no es menor, por cuanto el mencionado mecanismo permite la contratación de funcionarios, pero no bajo la dependencia del Departamento de Personal del municipio. De lo que se infiere que podrían existir otros sobresueldos que no están incluidos en la lista de los 63 ya conocidos.



Reconocimiento de Lavín



Los concejales oficialistas consideran que el edil debe hacer un acto ético de reconocimiento, aceptando que la alcaldía efectivamente paga sobresueldos o, si el presidenciable de la derecha prefiere decirlo de otro modo, se realizan "dobles contratos" .



A partir de este hecho estiman que se podrá avanzar en torno a establecer o implementar los mecanismos para que sean definitivamente erradicados de ésta y todas las municipalidades del país, contribuyendo con ello a despejar las dudas generadas sobre este estamento por el propio contralor de la República, Gustavo Sciolla, al asumir su cargo, señalando que en los municipios es donde se pueden encontrar los mayores grados de corrupción, porque son de difícil fiscalización.



De allí que -según cercanos a los concejales concertacionistas- estén abocados a blanquear la imagen de los municipios a partir del bochornoso episodio que generó Lavín en Santiago, al reconocer que su administración utiliza el vapuleado mecanismo de los sobresueldos. Es necesario -dicen las fuentes- transparentar el sistema, buscando una fórmula que permita modificar la caduca planta municipal.



Un objetivo superior



Los últimos hechos que pusieron en tela de juicio la administración capitalina encendieron una señal de alerta para los concejales oficialistas que estiman necesario producir cambios legales tendientes, justamente, a terminar de plano con sistemas que les parecen claramente irregulares y que no serían utilizados sólo en la Municipalidad de Santiago. Es prioritario que para que se produzcan -dicen- se se cuente con el respaldo de todos los concejales, incluido Lavín.



Para Zúñiga, por ejemplo, se debe modificar el artículo 110 de la Ley Orgánica de Municipalidades, flexibilizándola y permitiéndole así a cada alcalde, al menos por una vez, cambiar la planta, terminando con los dobles contratos. El mecanismo quedaría obsoleto porque al "flexibilizar" la planta, el jefe comunal correspondiente podría contratar -si así lo requiere el municipio- a profesionales con más alta graduación en la escala y menos con baja graduación.



Actualmente, -dicen quienes respaldan este planteamiento- existen municipios recargados con un gran número de funcionarios en los niveles más bajos del escalafón, cuando se necesitan más en los primeros peldaños del mismo, es decir, más profesionales que son -en su mayoría- a los que se les debe 'arreglar' el salario a través de la duplicidad de contrato.



Los concejales oficialistas de Santiago tienen la esperanza de poder realizar este planteamiento al gobierno para que sea incluido en la Agenda de Modernización del Estado o en la de Probidad.



Por otra parte, los concejales opinan que el concejo municipal requiere más atribuciones fiscalizadoras. Entre otras cosas, porque en la actualidad sólo el alcalde cuenta con las atribuciones necesarias para pedir información a la Contraloría, si un concejal necesita ratificar algunos datos en relación con la gestión edilicia sólo puede hacerlo presentando una acusación por notable abandono de deberes en contra del jefe comunal. Lo que en algunos casos en una "exageración".



Eso es necesario modificarlo -dice Zúñiga-, lo mismo que el sistema de nombramiento del contralor municipal, asemejándolo al utilizado para nombrar al Contralor de la República. Así, una propuesta del alcalde -con más de un nombre- podría ser aprobada o rechazada por los concejales, con lo que se lograría que la persona que fuera nombrada para ese cargo fuera la más idónea para el,siendo uno de los principales requisitos su total independencia. Las fórmulas para la aprobación se deberían estudiar, pero se plantea que podría ser la misma o similar a la utilizada en el Senado en el caso del contralor de la República.



Asimismo, plantea la necesidad de que al alcalde -en su calidad de funcionario público- se le lleve una hoja de vida, en la que se registren las faltas en que incurra durante su gestión y que si supera un determinado número de ellas, se le impida la reelección. Como fórmula para evitar la sola posibilidad de presentar una acusación por notable abandono de deberes cuando la falta no es tan extrema como para ello. Este sería, entonces, un mecanismo intermedio.



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