Jueves, 1 de septiembre de 2016Actualizado a las 00:24

Síndico de quiebras será formalizado en el Caso Caval

El problema de llamarse Herman Chadwick Larraín

por 22 enero 2016

El problema de llamarse Herman Chadwick Larraín
Dueño de una exitosa carrera, era nombrado síndico en todas las quiebras y convenios del BCI –como La Polar, Rabié, Pesca Chile y Central Campanario–, por los que recibía honorarios millonarios. La compleja situación judicial que atraviesa a raíz del Caso Caval redujo drásticamente su actividad laboral. En los tribunales lo defiende su compañero de curso en Derecho, Ciro Colombara. Y la empresa de comunicaciones de su hermana lo asesora ad honórem ante los medios. Su imagen y prestigio están cuestionados. Arriesga, si es condenado por los delitos que le imputan el SII y el fiscal Luis Toledo, dejar de ser para siempre síndico y liquidador.

El personaje de la trama Caval que debió haber pasado sin problemas la investigación judicial era el síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín, porque sus honorarios están pactados por ley en una tabla y además recibía un sueldo mensual. Pero él quiso más.

Lo que debía ser una liquidación de activos sencilla –no había quiebra y los bienes daban para pagar cómodamente las deudas– terminó poniendo a Chadwick en el peor escenario. Con su imagen y prestigio cuestionados, su actividad laboral se redujo drásticamente.

Conocido por ser el síndico favorito del BCI, que lo designaba en las quiebras o convenios judiciales en los que el banco era acreedor –como La Polar, Distribuidora Rabié, Pesca Chile y la central Campanario– el año que pasó solo tuvo la liquidación de una empresa y un convenio preventivo. Y ayudó a Gonzalo Vial Concha, el dueño de Graneles de Chile –que acusa a Natalia Compagnon de haberle entregado 300 correos falsos por los que le habría pagado– a reestructurar sus pasivos por US$400 millones.

Ha contado a sus cercanos que va a la oficina a leer el diario. Quienes lo conocen afirman que la compleja situación judicial lo tiene emocionalmente afectado y ha derramado lágrimas frente a sus padres Herman Chadwick Piñera, con quien comparte oficina, y María Irene Larraín, su madre, quien ha sufrido intensamente por su hijo.

Vía Central, la empresa de comunicaciones de su hermana periodista, María Irene Chadwick, directora de Programación de Sebastián Piñera; Carla Munizaga, jefa de prensa del ex Presidente; y Gonzalo Gómez, ex subdirector de prensa, lo está asesorando ad honórem.

El abogado, que cursó un año de Derecho en la Diego Portales y se cambió a la Católica, y ejerce como síndico de quiebras desde 2000, será formalizado como autor del delito de “ventajas indebidas del síndico”, consagrado en el artículo 38 del Libro IV del Código de Comercio, que regulaba a los síndicos de quiebras, según lo solicitó el Fiscal de la Sexta Región, Luis Toledo, a cargo del Caso Caval y quien ha sorprendido por la acuciosidad de su investigación. Arriesga una pena que va desde los 3 años y 1 día a los 10 años. Mientras, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra por la presentación de declaraciones de impuesto a la renta incompletas y omisión maliciosa de impuestos de Wiesner S.A, la sociedad que administró Chadwick en su calidad de síndico, y porque él, como contribuyente, también entregó una declaración de impuestos incompleta. La audiencia de formalización será el 29 de enero.

En paralelo, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, a cargo de revisar la cuenta realizada por Chadwick en el convenio de Wiesner S.A, podría rechazarla, con lo cual sería eliminado de la nómina de síndicos a perpetuidad.

Su trabajo recibió objeciones del BCI y del Rabobank, ambos acreedores, del propio Wiesner y de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a raíz del pago de $415 millones que hizo Chadwick al operador de la UDI y gestor inmobiliario, Juan Díaz, sin autorización de la comisión de acreedores. La superintendencia objetó, además, otros pagos no aprobados por $127 millones.

Aunque la nueva ley de quiebras, N° 20.720, llamada de Reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, eliminó la figura de síndico y solo existen liquidadores y veedores, Chadwick podría quedar excluido automáticamente de la nómina de liquidadores y veedores si se comprueba que cometió un delito, según el artículo 17 de la legislación que rige desde el 9 de octubre de 2014.

Nunca supo que Natalia Compagnon era socia de Caval

Desde el comienzo, su relato mostró ciertas inconsistencias. El 10 de febrero de 2015 –a cinco días de destaparse el “Negocio Caval” en Qué Pasa– aseguró a El Mostrador que se enteró por la revista que la otra socia de Caval era la nuera de la Presidenta Bachelet, porque siempre se entendió con Mauricio Valero, dueño del 50% de Caval y gerente general de esta.

Contó que “un día el señor Valero llegó a mi oficina, dijo estamos interesados, hizo una oferta, después la subió un poco, porque el precio que teníamos más o menos estipulado era de 0,6 UF el m²”. Para un hombre bien informado, emparentado con políticos –como sus tíos Andrés Chadwick y José Antonio Viera-Gallo– e hijo del ex presidente de Copsa y el CNTV, Herman Chadwick Piñera, considerado un hombre tan contactado que se le apoda “teléfono de oro”, no saber que Natalia Compagnon era la otra socia de Caval parece insólito.

Bastaba escribir Caval en Google para encontrarse con el reportaje de Qué Pasa, “Los negocios de Dávalos Bachelet”, del 3 de enero de 2013, y enterarse de la existencia de esta sociedad, a través de la cual se compraron los cuatro Lexus que, según Compagnon, fueron vendidos en 2014.

Chadwick se hizo cargo del convenio judicial preventivo del agricultor Patricio Wiesner en junio de 2011. Debía vender 84 hectáreas y las dividió en dos: una mitad la remató a precio agrícola y la otra (44 hectáreas), susceptible de un cambio de uso de suelo, la conservó para venderla a un mejor valor. Contó con la ayuda de diversos personajes, como Juan Díaz, a quien le pagó una comisión de $145 millones para gestionar el cambio al Plan Regulador, que más que duplicó sus honorarios ascendentes a $178 millones.

En enero de 2014, vendió el paño en $6.500 millones a Caval, que recibió un trato preferencial de su parte. La sociedad no entregó, como se acostumbra, una boleta de garantía por el 10% del valor de la venta, lo que habría correspondido a $650 millones, sino un cheque por $100 millones. Cuando venció el plazo de la promesa de compraventa, en noviembre de 2013, Valero le pidió una prórroga que fue aprobada por la junta de acreedores, y dejó un vale vista, nuevamente por $100 millones, equivalente al 0,15% de la transacción.

Nadie quedó contento. Todos pensaron que podrían obtener más dinero. Desde Wiesner, el dueño original de los terrenos, hasta los socios de Caval –Compagnon y Valero–, que soñaron con $27 mil millones y vendieron en $9.500 mil millones el paño al empresario Hugo Silva, quien se enfureció cuando supo que era el último eslabón de un escándalo y no sería fácil el cambio de uso de suelo de rural a urbano, por lo que pidió y recibió $1.000 millones de vuelta a cambio de retirar la querella por estafa en contra de Caval.

Ha contado a sus cercanos que va a la oficina a leer el diario. Quienes lo conocen afirman que la compleja situación judicial lo tiene emocionalmente afectado y ha derramado lágrimas frente a sus padres Herman Chadwick Piñera, con quien comparte oficina, y María Irene Larraín, su madre, quien ha sufrido intensamente por su hijo.

Ministro del TC fue compañero de curso en Derecho

Ciro Colombara, conocido penalista y compañero de Chadwick en Derecho de la UC, lo ha defendido sin dejar recurso por presentar. Del curso salieron también otros abogados que alcanzaron connotación pública, como el ex subsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez; Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro y Cía. y defensor de Juan Bilbao y Anglo American; Mauro Valdés, ex director ejecutivo de TVN; y Juan José Romero, miembro del Tribunal Constitucional (TC). Este último se inhabilitó en la votación que resolvió no suspender el procedimiento del caso Caval, por ser compañero de colegio y de universidad de Chadwick.

El miércoles el TC acogió a trámite el recurso de inaplicabilidad presentado por Colombara, pero no suspendió la audiencia del 29 de enero, donde se formalizará a Chadwick por delitos tributarios y por obtener ventajas indebidas como síndico. Las partes deberán presentar sus argumentos el próximo 27 de enero para que el TC resuelva si declara admisible o no el recurso. Quien explicó a la prensa lo sucedido fue la ministra del TC, Marisol Peña, profesora de Derecho Constitucional de Chadwick y Colombara en la UC.

La estrategia del abogado defensor apunta a que se declare inconstitucional el artículo 38 del Libro IV del Código de Comercio, que regulaba a los síndicos de quiebra hasta octubre de 2014, porque Chadwick –según el penalista– habría actuado como liquidador de activos y no como síndico. Y esto hace una diferencia, ya que el artículo 38 cuestionado por la defensa y vigente cuando ocurrieron los hechos imputados, establece una pena alta –presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre 3 años y 1 día hasta 10 años– al síndico que se concertare con un deudor, acreedor o un tercero para la obtención de alguna ventaja indebida para sí mismo, que es por lo cual será formalizado. Mientras que la nueva ley de quiebras, en su artículo 27, señala que el liquidador y veedor comete delito cuando le entrega una ventaja indebida a un acreedor, deudor o un tercero o la consigue para sí, pero la pena en ese caso la fija el Código Penal, que omite las palabras "para sí", con lo cual Colombara pretende establecer que su cliente no cometió delito al no estar el término "para sí" en el Código Penal. Para algunos expertos esta interpretación implica autoincriminarse, es decir, reconocer que su cliente recibió dinero en beneficio propio.

También pide la inconstitucionalidad del artículo 12 transitorio de la nueva Ley de Quiebras que señala que el artículo 38 en cuestión se encuentra vigente para la persecución de los delitos perpetrados antes de la nueva ley, como ocurre con su defendido.

El fiscal Toledo solicitó formalizar a Chadwick por el artículo 38 del Libro IV del Código de Comercio, debido a que obtuvo $96 millones de Helga Riffart, la señora de Patricio Wiesner, como un premio a su gestión, lo que está prohibido, porque un síndico no puede recibir más dinero que el estipulado por la ley y los acreedores. Pero él no recibió la plata, sino que lo hizo la sociedad Vicuña y Cía., de propiedad de la esposa de Andrés Orchard, quien trabaja para Chadwick, el que le pagó $22 millones (de los $96 millones) a Orchard, quien será formalizado en calidad de cómplice. El fiscal descubrió además que Chadwick destinó $40 millones para pagarles a los abogados de Patricio Wiesner –Daniel Huerta y Matías Ovalle–, quienes serán formalizados por prevaricación, delito que corre para los abogados que trabajan en paralelo para un cliente y para la contraparte.

Al final, Chadwick se quedó con $34 millones. El SII se querelló en su contra por haber omitido en su declaración de impuestos del año tributario 2015 los $96 millones (4 mil UF), sin importar que los haya repartido, causando un perjuicio fiscal de $42,9 millones

Los otros puntos de la querella del SII se refieren a que Chadwick, en su papel de administrador de la sociedad Wiesner S.A., incluyó como gasto los $415 millones cancelados a Juan Díaz –en tres etapas– por sus gestiones para cambiar el uso de suelo de las 44 hectáreas de Machalí. Pero lo hizo sin respaldo: en 2012 y 2013 le pagó $55, 3 millones a Díaz y recién en 2015 emitió un contrato predatado para justificarlos. Y, en 2014, Chadwick le entregó otros $359 millones, de los cuales $84 millones fueron respaldados con un contrato emitido en 2015, pero con fecha 28/7/2011, y los $275 millones restantes fueron justificados con una factura de GES Consultores, cuyo dueño, Isaac Givovich, yerno de Joaquín Lavín, anuló el documento en forma electrónica, y después fue reemplazado por una boleta de Juan Díaz.

A raíz de estas irregularidades, el SII se querelló en contra de Chadwick por presentación de declaraciones de impuestos incompletas y omisión maliciosa de impuestos. Y en contra de Díaz, por facilitación de documentación tributaria falsa, al entregar una factura sabiendo que había sido anulada por su emisor, Isaac Givovich. Este último fue contratado por Díaz para hacer un análisis de constructibilidad de las 44 hectáreas en Machalí –cuántas viviendas podían levantarse si los terrenos eran suelos urbanos–, pero como no realizó el trabajo anuló la factura en forma electrónica, por lo que Chadwick estaba en conocimiento. Colombara no respondió a los llamados ni mensajes de El Mostrador.

El síndico devolvió los $415 millones al Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en el cual Chadwick presentó la cuenta del convenio de Wiesner S.A. Son dos vale vistas abiertos, porque el tribunal resolverá a quién le corresponden. Lo más probable es que sean entregados a Wiesner, porque los acreedores ya se pagaron.

El agricultor que compró el paño más famoso de Machalí en 1970, cuando era un descampado y plantó manzanos, parras y kiwis, podría celebrar. Aunque recibió $2.100 millones después de la venta de los terrenos y de pagar sus deudas, y no tiene ninguna imputación judicial, siempre pensó que valían más que los $6.500 millones pagados por Caval al síndico, lo que corroboró al saber que Hugo Silva desembolsó $9.500 millones.

Mientras, Herman Chadwick Larraín se convirtió en la oveja negra de la familia por una gestión que, a juzgar por los hechos, estuvo marcada por la ambición.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Encuesta

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes