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La deuda de la minería en materia de inclusión

por 31 agosto, 2020

La deuda de la minería en materia de inclusión
Según memorias corporativas de 23 empresas relacionadas con la minería, sólo dos mencionan el tema de la discapacidad. “Esto no es un tema de responsabilidad social, es un tema de derecho. Toda persona tiene el derecho a trabajar en un cargo que esté de acuerdo a su competencia e intereses”, afirma Andrea Zondek, presidenta de fundación Tacal.
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La Fundación Tacal, que trabaja en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, realizó un estudio en el que se revisaron las memorias corporativas del 2018 de empresas asociadas a 23 faenas mineras, de estas, sólo dos mencionan el tema de discapacidad. El resto orienta diversidad e inclusión a materia de género. 

Es decir, la mayoría de los lugares avanzaron en la disminución de la brecha de género, pero no en la inclusión a personas con discapacidad. Por tanto, este sector sigue estando en deuda con la adaptación para cumplir la Ley 21.015, que establece que empresas con más de cien empleados deben contar con una cuota de 1% de trabajadores con discapacidad. 

La presidenta de la fundación, Andrea Zondek,  afirma que si se trabaja de la misma manera que con el género hay una oportunidad importante de inclusión, ya que, son más 700.000 personas contratadas en la minería y sus proveedores, lo que significa que deberían ser más de 7.000 las personas con discapacidad trabajando en este rubro.

“Yo creo que los podemos contar con los dedos de la mano. Ahora claramente esto no es por mala voluntad, a mi parecer hay un desconocimiento tan grande de lo que es trabajar con personas con discapacidad y de ver las competencias que tienen y cómo hacer los procesos de inclusión, que finalmente es más fácil excluir”, expresa Zondek. “Uno prejuzga por desconocimiento, no porque soy una mala persona. Por ejemplo, no quiero que entre una persona sorda, sencillamente porque yo creo que las personas sordas pueden tener más problemas de equilibrio; y no es así”.

Este desconocimiento efectivamente afecta a la hora de contratar. Para la fundación es esencial asegurar que las contrataciones se realicen cuando la persona es pertinente para el cargo, lo cual se mide por su competencia, no por su discapacidad. “Esto no es un tema de responsabilidad social, es un tema de derecho. Toda persona tiene el derecho a trabajar en un cargo que esté de acuerdo a su competencia e intereses”, indica.

Ellos ya han trabajado con empresas del rubro y aseguran que los cambios pueden ser muy grandes. Para esto, realizan capacitaciones y asesorías, entregan guías con recomendaciones y hacen seguimiento de las contrataciones, entre otras cosas. El trabajo depende de cada corporación, su nivel y sus metas de inclusión. 

“Hay un seguimiento para ir trabajando y avanzando porque es muy importante saber cómo va la persona. Más del 71% de las personas con discapacidad en Chile no tienen experiencia laboral previa, entonces hay que acompañarlos. A veces, en pequeñas indicaciones o modificaciones a lo que está haciendo la persona, podemos prevenir un desajuste y, por ende, una desvinculación”, afirma Zondek.

En la actualidad esto no es menor. Según una encuesta del portal incluyeme.com, en donde se consultó a 520 personas con discapacidad, el 29,2% de los que ya estaban contratados, perdieron su empleo entre abril y julio de este año producto de la pandemia. Por otro lado, el 72,4% cree que van a verse afectados antes de que finalice el covid-19, ya sea por sueldo o desvinculación.

Para Zondek esta situación requiere de un análisis de los procesos de vinculación entre las empresas y sus empleados afectados: “Nos hace preguntarnos qué se hizo mal, porque si tú fuiste bien contratado en un cargo, donde efectivamente no te lo crearon para cumplir con la ley, sino que llenaste un cupo que se necesitaba, entonces hay que hacer un análisis del proceso”.

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