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La encargada de Asuntos Legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo advierte sobre el uso y distribución del recurso hídrico en la Región Metropolitana y la falta de una tarificación que se relaciones con el usos suntuario del agua en algunos sectores de la ciudad. Además, plantea la urgente necesidad de avanzar hacia una economía circular donde se reutilice el agua tratada.
En medio del cambio climático y de una la sequía que ha afectado a la zona central en los últimos años, los caudales del río Maipo, la principal fuente de agua para la Región Metropolitana, se verán disminuidos en meses de verano y primavera hacia mediados y fines de este siglo.
Por eso es necesario replantear el consumo de agua de la ciudad de Santiago, donde aún no hay medidas concretas proyectadas hacia un futuro donde el recurso sea mas escaso.
Natalia Dasencich es la encargada de Asuntos Legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, una organización de usuarios en torno al Río Maipo, enfocada en resguardar y cuidar el correcto uso y distribución del recurso hídrico en la Región Metropolitana, que abastece de agua potable a más de 7 millones de personas.
«En los últimos 10 años en la zona central de Chile hemos estado azotados por una sequía bastante prolongada y extrema que se vino a agudizar muy fuertemente en el año 2019 en que tuvimos que redistribución de agua en plena época de riego», plantea
La redistribución consiste en tomar agua de usos menos prioritarios para poder abastecer el agua potable de Santiago. «Si bien esa redistribución está contemplada en la ley, esta temporada que pasó nos encontramos con situaciones bastante extremas porque tuvimos que sacarle al sector de la agricultura del Río Maipo cerca del 50% de sus caudales para entregárselos a la ciudad», advierte Dasencich.
Santiago consume un tercio del caudal en época normal y un 60% en sequía. El problema es que «en mayo pasado llegamos a destinar a la ciudad hasta el 80% de los caudales y eso trajo como consecuencia un perjuicio bastante para la agricultura y nos reveló ciertos desequilibrios que se dieron dentro del consumo de la ciudad, como usos excesivos, suntuarios y de derroche».
Pese a que hay un consenso en cuanto a proteger el derecho humano al agua, existe una poca definición de qué significa este derecho. «Si tú miras los consumos de la ciudad de Santiago tenemos sectores que consumen del orden de 100-120 litros/persona día y que está bien y cubre el derecho humana el agua y usos domésticos que son sustentables y razonables. Sin embargo tienes otros sectores de la ciudad que consumen hasta 600 litros/persona día y esa desigualdad viene a desequilibrar todo el funcionamiento del resto de la cuenca. Eso es un tema al final de precios», explica la abogada experta en Derecho Ambiental.
«No puede ser que tengamos en Santiago sectores que están dentro de cánones normales y otros que rieguen grandes extensiones de pasto con agua potable o llenado de piscina también», afirma. «Ese tema es necesario sancionarlo y poder incorporar a esos usos el costo que significa para el resto de la cuenta, porque son usos no sustentables».
La experiencia internacional indica que, ante un recurso escaso, los cobros deben ser progresivos según el uso. «En la generalidad de los países ya se dejó atrás un modelo lineal de tarificación en que la empresa sanitaria cobra por metro cúbico vendido un mismo precio y con un pequeño sobrecargo por sobreconsumo. Qué es lo que se hace en España, por ejemplo, o California: se hacen bloques de consumo, donde el primer bloque es muy barato y accesible a toda la población puesto que cubre el derecho humano al agua y el uso doméstico razonable y sustentable. Pero los siguientes tramos volumétricos son progresivamente más caros ya que dejan de ser sustentables y producen externalidades al equilibrio de la cuenta. Y ya el tercer y cuarto tramo son bastante más altos y prohibitivos, o sea quién toma la decisión de tener un jardín verde con un paisajismo que no le corresponde tiene que pagar bastante más caro y ahí se aplica el derecho ambiental que el que contamina paga», sostiene Dasencich.
Hay un crecimiento de la ciudad que no considera el abastecimiento natural del agua. «Santiago tiene una forma de crecimiento que realmente no está regulada, nunca se pensó que se iba a llegar a los 7 millones de personas que actualmente somos y que se abastece del Río Maipo», explica la experta.
La disminución de los glaciares también afecta la disponibilidad del recurso: «El aporte de los glaciares a las correntías del Río se vuelve fundamental en épocas de sequía, porque cuando no hay más agua ni nieve que derretir, los que empiezan a aportar son los glaciares».
«Tenemos que pensar en cómo vamos a reemplazar esta función que actualmente nos dan los glaciares de forma gratuita que ya no va a estar presente los próximos años», recalca.
Según un estudio desarrollado por el centro de investigación Cetaqua y encargado por la Junta de Vigilancia del Río Maipo, Aguas Andinas y la Sociedad de Canalistas del Maipo, con distintos escenarios de emisiones gases de efecto invernadero, «el resultado fue bien desalentador: el aporte de los glaciares a las correntías del río en los próximos 80 años va a disminuir del orden del 40%».
Por eso es urgente un cambio de mentalidad en la norma y en las personas, donde hay «una desconexión que los santiaguinos tienen con su río».
«Apelamos a la ciudadanía a hacer conexión con su cuenca y sus conductas, lo mismo con las autoridades edilicias que juegan un rol muy importante en esto, tienen que tomar conciencia y hacer ordenanzas que sean coherentes con la situación que estamos viviendo. Es absurdo que se exijan en comunas de Santiago tener pastos verdes cuando a esta altura es una aberración regar con agua potable extensiones grandes de pasto», agrega.
Por eso para la especialista «tenemos que lograr asegurar un acceso a un consumo justo para todo el mundo y poder introducir los mecanismos necesarios para un consumo sustentable».
Ante la escasez hídrica que afecta la zona central, es necesario replantearse nuevas formas de tratamiento de agua y acercarse a una economía circular.
«La Unión Europea tiene un reglamento de economía circular y específicamente de reutilización de las aguas depuradas. Y ese nuevo paradigma es fundamental poder adoptarlo en las nuevas legislaciones que estamos tratando de sacar adelante. Sería necesario que la Ley de Servicios Sanitarios, que actualmente se encuentra en trámite, acoja este nuevo modelo económico, que si bien lo ha acogido en la parte tarifaria no da un marco jurídico-administrativo para poder llevarlo a cabo y que dé certeza a todos los actores a qué atenerse», explica la experta.
«La Cordillera de los Andes en la zona central se está secando y no nos podemos dar el lujo de estar desperdiciando cerca de 536 hectómetros cúbicos que la ciudad produce anualmente y que no estamos reutilizando en un 100%. Esa agua perfectamente podría ser destinada para otros usos que son menos exigentes que el consumo humano, como el consumo agrícola o industrial, el riego de parques, las piletas con las debidas advertencias, y por supuesto adaptando la calidad de esta agua a los usos a los que sería destinada esta agua depurada», agrega.
