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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, dijo que no se fía de ese registro y le parece más bien un informe para «justificar la prisión política de cientos de manifestantes». En tanto, parlamentarios gestionan un proyecto de indulto general, a través del cual esperan poner fin a las prisiones preventivas que sobrepasan el año, cuando el estándar regional es de seis meses. De las 232 personas privadas de libertad, 126 fueron formalizadas por el Ministerio Público por los delitos de receptación y robo.
«Libertad a los presos de la revuelta». Esa ha sido una de las consignas que se ha hecho presente en las últimas manifestaciones realizadas en el centro de Santiago y que buscan visibilizar la compleja situación que aqueja a, al menos, 232 personas que se encuentran privadas de libertad desde el 20 y el 30 de octubre de 2019.
El Ministerio del Interior elaboró un catastro sobre la base de información del Poder Judicial, que da cuenta de 232 personas detenidas en 16 penales del país, enviadas a la cárcel durante las dos primeras semanas de octubre del año pasado. De acuerdo a lo informado por La Tercera, la mayoría de los detenidos se encuentra en el centro de detención preventiva Santiago 1 de la Región Metropolitana.
De esas 232 personas privadas de libertad, 126 fueron formalizadas por el Ministerio Público por los delitos de receptación y robo.
Mientras las organizaciones de Derechos Humanos acusan que existiría una motivación política por dichas detenciones que sobrepasan el estándar regional de seis meses en el caso de las prisiones preventivas, en el Gobierno niegan que estas tengan motivaciones políticas.
El tema ha acaparado la preocupación de diputadas y diputados de oposición, quienes en delegación visitaron este lunes 30 de noviembre a los presos recluidos en la Cárcel de Máxima Seguridad, para constatar las condiciones en la que se encuentran, pedir el fin de las medidas de aislamiento y anunciar la presentación de un proyecto de indulto general para los prisioneros del estallido de octubre.
Los legisladores Gael Yeomans, Camila Vallejo, Maite Orsini, Claudia Mix, Boris Barrera, Amaro Labra, Tomás Hirsch y Gonzalo Winter se reunieron con Jeremy Ramírez y Omar Jerez, quienes se encuentran en condición extrema de castigo, sin tener contacto con otros prisioneros, lo que constituye –a su juicio– una violación a los derechos humanos.
Desde el mes de marzo, los presos tienen prohibidas las visitas por lo que, desde el viernes 27 de noviembre, en distintas ciudades del país los familiares comenzaron un ayuno, exigiendo que se termine con las detenciones. La acción de los familiares se extenderá hasta el 10 de diciembre con una gran jornada nacional de protesta.
El diputado Tomás Hirsch contó a El Mostrador que «junto a un grupo de ocho diputadas y diputados, estuvimos en la Cárcel de Máxima Seguridad visitando a dos jóvenes que están en una celda, en estado de aislamiento brutal desde hace un año, después de participar en actividades durante el estallido social, pero acusados sin ningún juicio, sin ningún proceso, de un ataque incendiario al Metro del cual no hay pruebas, y están única y exclusivamente con medidas cautelares, pero que son totalmente exageradas».
Los parlamentarios gestionan a la vez un proyecto de indulto general para que «los jóvenes no sufran este verdadero castigo que les está dando el Gobierno, teniéndolos detenidos sin razón alguna con medidas cautelares que son totalmente inaceptables, y que se producen porque el Gobierno les aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo cual es una desproporción totalmente brutal», agregó Hirsch.
Los legisladores formularon un llamado al Gobierno y a la justicia para que terminen con «estas medidas cautelares abusivas y que significan una violación flagrante a los derechos humanos de estos jóvenes». Por lo mismo, advierten que «un proyecto de indulto general hoy es una necesidad urgente» y esperan que la mayoría del Congreso lo apruebe para que así obtengan sus libertades.
En la misma línea, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado, consideró que el registro que ha levantado el Gobierno a través del Ministerio del Interior tiene sesgo político.
«El registro además nos hace dudar, sobre todo por el caso de Daniel Morales y su sobrino, acusados de quemar el Metro Pedrero, donde se demostró que se presentaron pruebas ilícitas, y salieron absueltos. Yo no me fío de este registro y me parece más bien un informe para justificar la prisión política de cientos de manifestantes», agregó la parlamentaria.
En tanto, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, en conversación con El Mostrador, dijo que «las personas que están presas producto de la revuelta social, lo están en el marco de las manifestaciones multitudinarias que se dieron a partir del estallido social, y nunca han tenido un beneficio personal».
«Siempre hay que atender aquí al móvil al momento de ocurrir un ilícito, no al ilícito, porque hay muchos jóvenes que están siendo procesados por delitos comunes», finalizó.
Con ese escenario de fondo, el tema es seguido de cerca por La Moneda, considerando que las últimas 34 movilizaciones que se han realizado en el centro de Santiago, tienen como centro la libertad de los presos del estallido social. Situación que continuará en los alrededores del Palacio de La Moneda y en algunos puntos céntricos de las principales ciudades del país.
El rol de los detenidos en el estallido ha generado discrepancias entre los distintos sectores del país. El director de América Solidaria, Benito Baranda, dijo a El Mercurio que «hay que diferenciar adecuadamente a las personas que estaban luchando en las calles y que pusieron la cara también ante las acciones violentas de las fuerzas policiales». Mientras, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió que «los hechos de violencia que ocurrieron con posterioridad al 18 de octubre son graves y condenables. Nuestra legislación penal establece una sanción para aquellas personas y lo que corresponde es que la justicia investigue, que la Fiscalía lleve adelante investigaciones penales en contra de aquellos responsables, y si se determina su responsabilidad, que sean sancionados conforme a la ley».
El Ministerio del Interior ha interpuesto –desde octubre del año pasado– 534 querellas, 441 en la Región Metropolitana y 93 en otras regiones de país, contra 1.782 personas imputadas por desórdenes públicos y ataques a la policía. En tanto, la Fiscalía elevó a 5.558 las víctimas que denunciaron violaciones a los derechos humanos desde el inicio de las manifestaciones sociales.
