Opinión
Actualmente se discute en el Senado, en Tercer Trámite Constitucional, una reforma a la ley 21.015 que plantea, entre otros cambios, que se aumente de un 1% a un 2% la cuota de reserva de personas con discapacidad en empresas y organismos públicos que tengan más de 100 colaboradores(as).
Si bien esta modificación tiene un buen propósito y apunta a que continuemos naturalizando la discapacidad en todas las organizaciones, es necesario tomar en cuenta que un eventual aumento de este porcentaje debe estar sujeto a que las empresas, primero, cumplan con la cuota actual que establece la ley (el aumento solo se haría efectivo cuando se acredite el cumplimiento del 1% en el 80% de las empresas o instituciones obligadas, tiempo que hasta ahora es indefinido).
El tema también amerita preocuparse por el cambio cultural que requiere la inclusión laboral en nuestro país, ya que, por ejemplo, el último registro de Senadis reveló que, de 1.000 edificios públicos catastrados, del total de 12 mil en el país, solo el 12% cumplía con la Ley de Accesibilidad, es decir que cuentan con señaléticas, manillas, ascensores, rampas, entre otros elementos necesarios que requiere una persona con discapacidad.
Por eso, antes de debatir un aumento de la cuota de personas con discapacidad que deben trabajar en las empresas, sería pertinente cuestionarse en qué condiciones laborales se encuentran ellas dentro de las organizaciones, en cuanto a su satisfacción y permanencia, indagando por qué en muchas ocasiones no logran superar un mes de trabajo.
La inclusión en el mundo laboral es fundamental para que personas con discapacidad puedan participar de manera plena en la sociedad. Para esto, los principales desafíos de la empresa son gestionar adecuadamente los ajustes razonables que les permitan desarrollar todo su potencial, y promover equipos inclusivos en un entorno de trabajo que sea digno para todos los trabajadores.
