Niñez
El acoso y abuso escolar, más conocido como bullying, hace tiempo que dejó de tratarse de casos aislados en nuestro país. .¿Hasta qué punto es responsabilidad de los establecimientos educacionales hacer frente a estas situaciones? Se ha observado un incremento de casos en todas las regiones del país, destacando la Región Metropolitana con un 39% de las denuncias concretadas, manteniéndose en el primer lugar. Le sigue la Región de Valparaíso y la del Biobio con un 12% y 7%, respectivamente.
Esta semana se conmemoró el Día Mundial contra el Bullying, una práctica temida, pero muchas veces invisibilizada. Ya sea en forma física como a través de redes sociales, ha crecido a tal punto que en Chile hay casi 6 mil casos graves en los últimos años.
Carolina Carrillo, abogada y socia fundadora de Sostiene, consultora especializada en sostenedores de establecimientos educacionales, explica que “en lo que refiere estrictamente a la ley, bullying físico u online son exactamente lo mismo y todos los establecimientos de nuestro país deben, por obligación, tener un reglamento interno sobre cómo interceder en este tema”.
“Ese reglamento debe regular las relaciones entre el colegio y los distintos actores de la comunidad escolar. Este debe incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar. Además, se deben graduar estas conductas de acuerdo con su menor o mayor gravedad en materia de convivencia”, agrega la experta.
Cuando el bullying ocurre de manera cibernética, los colegios deben activar los protocolos cuando tengan noticia del conflicto, aun cuando ocurra en internet, ya que los involucrados son partes de la comunidad educativa. Esto debe aplicarse, incluso, si se ofenden en redes sociales un domingo por la tarde.
“La responsabilidad de un colegio radica en poder detectar este tipo de situaciones, aplicar correctamente los protocolos en el reglamento interno y generar etapas preventivas y de acompañamiento, en caso de que algún estudiante lo requiera”, explica.
Los tribunales han señalado que, el no contar con este reglamento interno con el contenido mínimo exigido o no aplicarlo de forma correcta, puede constituir una “falta de servicio educativo”.
“Este tipo de situaciones, sean en el grado que sean y se den de manera física o a través de redes sociales, no debieran ser resueltas entre los mismos alumnos ni los padres de estos. Es una situación grave, que cada establecimiento educacional está en la obligación de hacerse presente y aplicar las medidas que sean competentes, dependiendo del caso”, destaca la abogada.
Hace cerca de un mes, una amenaza inminente de “masacre escolar” en un liceo de la comuna De Santiago llevó a la PDI a iniciar una indagatoria por el delito de amenazas simples que afectaba en ese entonces al liceo Santa María, en el cual un alumno era víctima de acoso, siendo expuesto y violentado por redes sociales.
La Brigada del Cibercrimen Metropolitana detectó una IP de un adolescente de 15 años, autor de estas amenazas, quien era alumno de del recinto educacional.
Este tipo de denuncias comenzó a surgir en plena pandemia, registrándose a la fecha más de 20, siendo el primero en un establecimiento educacional en Quinta Normal.
Además, un reciente estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (PCCBE) de la Universidad de la Frontera, analizó las cifras de denuncias por convivencia y violencia escolar entre el segundo trimestre de 2019 al mismo periodo de 2022, reveló un alza de 27,7% en el total de denuncias en todas las regiones del país. Lidera la Región Metropolitana con 1.837 denuncias (39%), le sigue Valparaíso con 12% y Biobío con 7% de estas.
Lamentablemente este incremento significativo no se detiene y cada día más cifras respaldan esta tendencia. Según la organización Bullying Sin Fronteras, entre 2020 y 2022 se registraron 5.934 casos graves de acoso escolar en Chile, donde el 50% se registraron en el Gran Santiago.
La psicóloga de Nueva Clínica Cordillera Patricia Canales asegura que “el bullying se ha incrementado en forma significativa. Claramente esto corresponde en primera instancia a la presencialidad, el volver a las aulas y readaptarse luego de la pandemia”.
“La situación de violencia se ha incrementado por medio de la violencia física, ya sea empujones, golpes, amenazas psicológicas, discriminación, aislamiento, entre otros. También por características físicas, orientación sexual lo que genera ausentismo escolar, baja autoestima, miedo, angustia, trastornos de ansiedad y hasta en casos extremos, llegar al suicidio”, agrega la especialista.
Para Canales existen diversos factores que potencian aún más estas conductas como la falla de comunicación a nivel familiar, valores, carencias, dinámicas poco adecuadas –violencia intrafamiliar-, consumo de sustancias, entorno a nivel país (validación de la violencia sin consecuencias).
La organización Bullying Sin Fronteras señaló que Chile se encuentra entre los tres países más afectados, junto a México y Colombia en Latinoamérica, subiendo un escalón en el nivel de violencia en niños, niñas y adolescentes en la región.
“Se puede abordar en el aula estableciendo un clima de confianza y en una comunicación efectiva con los niños y jóvenes, fomentando el respeto, empatía, el buen trato y reforzando valores (el colegio solo refuerza), otorgando charlas a las y los padres (idealmente en forma conjunta) que conozcan el manual de convivencia y les haga sentido para que entiendan la gravedad de dichas conductas negativas”, afirma la psicóloga.
¿Cómo mejorar la convivencia entre los estudiantes? “Generando espacios de recreación, de trabajo en equipo, de autovaloración, respeto y empatía hacia su par y cualquier persona de su entorno”, dice Patricia Canales.
La profesional recomienda que ante indicios que violencia escolar, madres, padres y comunidad educativa, presten especial atención a los síntomas que pueden presentar sus hijos e hijas, ya sea miedo, angustia, dolor de estómago, agresividad, entre otros y deriven al menor a un especialista.
Además, es necesario potenciar redes de apoyo y cuidar la integridad física y psicológica del o la menor. Al mismo tiempo, dar herramientas para su actuar, aprendiendo así a desenvolverse eficientemente ante estas situaciones adversas.
