El alcalde de Colina, Mario Olavarria, permanecerá con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los ejecutivos de D&S, que declararon en la indagatoria que actualmente lleva la Fiscalía Centro Norte por supuestos pagos ilícitos vinculados a la llegada de un supermercado a la comuna.
Así se resolvió este miércoles luego de que el jefe comunal fuera formalizado en el juzgado de garantía de Colina, por los delitos de cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes.
Lo anterior, luego de que Olavarría fuera indagado por, supuestamente, haber aceptado 120 millones de pesos en coimas para arrendar el terreno donde actualmente está instalado el supermercado Tottus.
Por el delito de cohecho también fueron formalizados, el ex jefe de gabinete de Olavarria, Domingo Soto y el empresario viñamarino Nabil Mansour. Ambos quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los ejecutivos de D&S.
En tanto, el vicepresidente de Tottus, Francisco Leyton, fue formalizado por el delito de soborno y también deberá permanecer con las medidas cautelares señaladas.
La Fiscalía local de Chacabuco investiga a Mansour por haber sido, supuestamente, el intermediario entre el municipio y el vicepresidente de Tottus.
Una vez finalizada la audiencia Olavarría expresó que «me voy satisfecho y tranquilo con los planteamientos que se hicieron, porque ha quedado libre de toda duda la administración municipal».
Al respecto el abogado del alcalde, Matías Balmaceda comentó que «el tribunal entendió que esto tiene que ir a un juicio oral y por eso pedimos un plazo de investigación breve (seis meses) para tener la instancia de interrogar a todas las personas que dicen haber escuchado cosas y que no las hemos tenido todavía».
En ese sentido, el defensor explicó que el rol de D&S, cuyos ejecutivos declararon en la fiscalía irregularidades al momento de manifestar interés por emplazar un local en el terreno en el que actualmente está instalado el supermercado Tottus «es porque existe una disputa comercial importante y que frente a las pérdidas de este terreno (por parte de D&S) se hace esta idea de transformar la comisión(correspondiente al corretaje del terreno solicitado por el empresario Mansour y que actualmente es indagado por el ministerio público) en una supuesta coima; en juicio oral por fin podremos ver las caras de las personas de D&S que declararon esto que dicen haber escuchado».
En cuanto al pago denunciado por la fiscalía, de parte de Domingo Soto al alcalde Olavarría, Balmaceda afirmó que «este pago comienza en junio de 2005 y el pago de la comisión es en diciembre de 2006, por lo cual creemos que es suficiente para entender que nadie paga una supuesta coima como pago anticipado y parcializado un año antes».
El abogado finalmente aseveró que el préstamo de Soto al edil, como se catalogó el traspaso de dineros, fue de dos millones 350 mil pesos por 18 meses a raíz de las necesidades económicas del alcalde, correspondiente a una suma de aproximadamente, 80 millones de pesos en total.
En tanto el vocero de la fiscalía centro norte, Fernando Donoso, expresó que «los delitos de cohecho se van a acreditar logrando establecer si efectivamente hubo una solicitud por parte de los imputados para recibir el beneficio que no correspondía, porque eran actos propios de su cargo».
Junto con esto Donoso argumentó que de acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público, el imputado Francisco Leyton «es quien habría hecho el ofrecimiento, que en este caso es constitutivo del delito de soborno».
El tribunal fijó en 60 días el plazo de investigación
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