Durante la jornada de este miércoles, en el marco del juicio que se realiza en el 6º Tribunal de Garantía contra 21 integrantes de la denominada banda de narcotráfico de los «Los Car’e Jarro», declarará el imputado Héctor Nemesio Morales, alias «el Neme», quien es sindicado como el proveedor de la droga.
Junto con Morales, la Fiscalía Sur informó que también tendría que declarar como testigo el policía Raúl Erazo y, en este caso, el Ministerio Público exhibirá fotos y dos fusiles incautados. Además, como medios de pruebas se comenzarán a presentarán ante el tribunal imágenes y escuchas telefónicas.
Para los integrantes de la organización que lideraba Alejandro Cavieres, la Fiscalía Metropolitana Sur solicita en total 440 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, lavado de dinero y tenencia ilegal de armas.
Específicamente, para Cavieres el fiscal Héctor Barros pide 55 años de cárcel y 40 para su mujer, Clara Tobar, mismos años que propone para Nemesio Morales. Para el abogado del grupo, Ariel Marín, se solicitan 12 años de presidio.
Con respecto a Marín, el lunes pasado el Ministerio Público presentó escuchas telefónicas que lo vincularían al tráfico ilícito de estupefacientes.
Por otro lado, el abogado de Alejandro y Luis Cavieres y de Clara Tobar, Belisario Prats, cuestionó en la audiencia que el Ministerio Público logre acreditar el delito de infracción a la ley 20.000, debido a que no fueron detenidos con drogas en su poder.
Durante la jornada del lunes se efectuaron los alegatos de apertura bajo estrictas medidas de seguridad, en el edificio D del Centro de Justicia. Los familiares de los imputados permanecieron en una sala especial con circuito cerrado y la audiencia fue custodiada por 15 gendarmes.
La banda fue desbaratada en junio de 2008 en un operativo efectuado por la Fiscalía Sur y la PDI al interior de la población La Victoria, Pedro Aguirre Cerda.
En poder de los narcotraficantes se halló droga, más de 60 armas de fuego y seis fusiles de guerra.
Para el juicio, que se estima que se prolongue por cerca de dos meses, el Ministerio Público incorporó como medios de prueba 60 mil escuchas telefónicas, la presentación de cerca de 80 testigos y más de mil pruebas documentales.
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