BRAGA
Créditos: Agencia Uno
Las mujeres migrantes se ven expuestas a diferentes expresiones de violencia, las cuales pueden ir desde los físico, hasta la exclusión laboral. Dado estas múltiples discriminaciones, la investigadora asociada del Coes, Carolina Stefoni, señala que son necesarias la construcción de políticas públicas con perspectiva de género y antirracista. Sin embargo, este tipo de medidas se han dado a paso lento, e incluso se han visto obstaculizadas por discursos con prejuicios hacia las comunidades migrantes. ‘‘Hemos pasado los últimos años por toda una construcción política y discursiva de criminalización de la migración’’, dice la también académica de la Universidad de Tarapacá.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar-Violencia Contra la Mujer (Envif-Vcm), durante el año 2020 más de un 40% de las mujeres migrantes en el país señalaron haber sido víctimas de violencia alguna vez en su vida.
En la misma línea, el sondeo también reveló que ese mismo año al menos un 24,5% de mujeres migrantes fue víctima de violencia. Bajo tal contexto es necesario señalar que si bien todas las mujeres pueden experimentar violencia de género, cuando se vive como una persona migrante, estas agresiones se pueden agudizar.
De hecho, según explica la investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes) y académica de la Universidad de Tarapacá, Carolina Stefoni, las situaciones de violencia y desigualdad para las mujeres son algo que se vive desde antes de llegar al país que se migra, y que lamentablemente continúa en el lugar de destino.
Carolina también sostiene que muchas veces la migración corresponde a una estrategia para salir de esas relaciones de violencia, las cuales pueden ser en el ámbito de pareja, así como por conflictos armados o de pandillas.
‘‘Las mujeres que están en situaciones de desigualdad en sus países de origen, cuando migran enfrentan en esos nuevos contextos otras formas de desigualdades, entonces van transitando por distintas formas de desigualdad de género y esas están muy marcadas por la violencia’’, señala Stefoni, en conversación con El Mostrador Braga.
Las situaciones de violencia que puede experimentar una mujer migrante son múltiples, las cuales pueden ir desde las agresiones físicas y psicológicas, hasta la discriminación laboral. La académica, dice que lamentablemente al vivir este tipo de situaciones, el Estado no reacciona para prestar ayuda, lo que se puede ver en la ausencia de políticas públicas dirigidas específicamente a este grupo.
‘‘De verdad que están partiendo muchas veces de cero, y el Estado ahí no llega y no apoya ese proceso. Por ejemplo, cuando las mujeres no tienen documentos, las posibilidades son menores para ir a pedir algún tipo de ayuda, apoyo psicológico, o denunciar’’. Sobre ese último punto, de la dificultad de denunciar, la socióloga hace hincapié, ya que en esta población las denuncias se realizarían en menor medida cuando se trata de violencia de género.
Según indica Stefoni, existen diversas razones por las que una mujer migrante no denuncia, las cuales se cruzan directamente con su condición de movilidad. En primer lugar, se encuentra una mala relación con las instituciones, las que vienen desde el país de origen.
‘‘Vienen de experiencias de mucha desconfianza institucional, hacia las policías, o experiencias traumáticas en el tránsito, en la movilidad. Entonces, por supuesto que llegar acá y decir así como de la noche a la mañana, ‘bueno, mira aquí todo funciona y voy a hacer la denuncia’, eso no ocurre porque no está dentro de sus propias experiencias’’, comenta la académica.
En segundo lugar, la investigadora destaca el proceso de reconocer que se vivió una situación de violencia de género, algo que no es fácil para ninguna persona que haya experimentado tal situación y que muchas veces requiere apoyo socioemocional, el cual no es entregado desde la institucionalidad.
‘‘Tiene que ver con la toma de conciencia de la violencia y sabemos que eso no ocurre de manera espontánea, sino que hay que hacer todo un proceso previo para que las mujeres vean la violencia y dejen de naturalizarla. También un proceso aprendizaje en torno a lo que significa la denuncia, lo que eso implica y como en el fondo eso puede efectivamente ser un canal de protección hacia ellas’’, subraya la socióloga.
Cabe destacar que de acuerdo a datos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), aproximadamente 12.000 mujeres migrantes han sido acogidas por programas y dispositivos de la institución. Por ejemplo, el 3,3% del total de atenciones en Centros de la Mujer -espacios que acogen a víctimas de violencia de género en contexto de pareja o ex pareja-, entre el 2018 al 2020 fueron a migrantes. En la misma línea, al menos el 38% de atenciones en Casas de Trata, en el mismo periodo, fueron a migrantes.
Por último, la experta apunta a la dependencia que tienen las mujeres migrantes con sus agresores, sobre todo cuando no se encuentran regularizadas o con trabajos informales, que les impiden su independencia.
Según un estudio de la Universidad de Talca, las mujeres migrantes concentran sus trabajos en el servicio doméstico, en comparación con los hombres, en donde además, se observa un alto porcentaje de trabajadoras sin contrato escrito. El mismo informe señala que las encuestadas se enfrentan en mayor proporción a la desigualdad en el pago (38,4%) en comparación con sus pares varones (26,5%).
‘‘No se realizan las denuncias porque hay relaciones de dependencias y eso es muy problemático, por ejemplo, en el caso de las visas, cuando su estadía en el país llega a depender de la visa que tiene el marido. Entonces se pone en una balanza, ‘si lo denuncio lo vienen a buscar, se lo llevan y yo me quedo en la calle’, es una acción racional’’, ejemplifica la investigadora.
Otro de los elementos que destaca, tiene que ver con los discursos negativos que por años se han posicionado. ‘‘Hemos pasado los últimos años por todo una construcción política y discursiva de criminalización de la migración, que tenemos que cerrar las fronteras, que la migración no es buena, que quitan los trabajos, que traen las mafias, la violencia. O sea, son puros estereotipos y representaciones muy negativas de la migración’’, subraya la investigadora Coes.
Cabe señalar que según una encuesta de Activa Research sobre cómo los residentes de Chile percibían el fenómeno migratorio, un 29% se encontraba en desacuerdo con este tema, mientras que un 20% en acuerdo.
Stefoni opina que resolver esta situación es crucial de abordar para la creación de políticas públicas con perspectiva de género y antirracista. ‘‘Las desigualdades de género de mujeres migrantes son más profundas y difíciles de revertir con políticas públicas, porque requiere nuevos discursos’’.
A lo anterior se suma, que los discursos racistas se agudizan en ciertos grupos migrantes, por ejemplos aquellos vinculados directamente con la comunidad afro, como las haitianas. Según un análisis del Barómetro de Percepción de la Migración, la comunidad haitiana concentraba en un 63% las menciones discriminatorias en Twitter durante el 2020.
La experta explica que esta discriminación y prejuicios sociales afectan directamente en el desarrollo y autonomía de las mujeres, ya que se ven expuestas a condiciones más precarias, especialmente relacionado con el acceso a trabajos formales. ‘‘Las mujeres haitianas están en trabajos súper segmentados, de menores recursos, con menores sueldos. Y es porque se cruza el género con la etnia y el género con los procesos de racialización, entonces ser una mujer negra genera una intersección donde esas desigualdades y esas discriminaciones se profundizan’’.
Al consultar a la investigadora sobre su opinión de poder llevar la discusión de las mujeres migrantes al nuevo espacio constituyente, la experta señala que si bien serían un tremendo avance para asegurar de forma constitucional los derechos de estos grupos, sí considera que es un tema bastante complejo.
‘‘Sin duda que es un espacio, ojalá que los derechos de las personas migrantes y los derechos de todos los distintos grupos sociales que están hoy día en condiciones de desigualdad sean reconocidos. Pero eso requiere políticas de afirmación positiva’’, dice. ‘‘Carece de legitimidad pública social plantear los derechos de las personas migrantes hoy en día. Entonces que el proceso constituyente actual logre poner en en el borrador, este tipo de derecho se hace políticamente muy complejo. Yo lo veo bien difícil, porque el escenario de opinión pública es muy contraria hoy día al principio de igualdad de derecho la población migrante’’, subraya la socióloga.
Por último, sobre su opinión de una carta al director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, para solicitar la regularización migratoria de mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes de violencia de género, independientemente si hayan presentado una denuncia o no, la académica lo valora como una acción concreta y que podría ser efectiva.
Esto, ya que a su opinión los procesos de regularización, por ejemplo con el visado temporal por razones humanitarias para quienes han sufrido violencia intrafamiliar, son tediosos y complejos, por lo que la persona migrante desiste de este trámite.
‘‘Es fuerte cuando obligas a una persona a presentarse como víctima para acceder a una visa humanitaria. Las personas que están en Chile y que están trabajando, deberían estar regulares en el país y la política pública debe asegurar ese proceso. No le puedes exigir a esa persona que se ponga como víctima para poder darle una visa de carácter humanitario’’, apunta.
Por último, agrega que ‘‘no se trata que sean mujeres víctimas, sin poder ninguno y en un estado como de pobrecitas, ellas se las han jugado completo para poder salir adelante, pero el Estado, la mayor parte de las veces, les da la espalda’’, finaliza.
