BRAGA
El 25 de julio, se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados el informe sobre abusos e irregularidades al interior de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que reconoció más de 100 delitos –como homicidios, violaciones, falsos diagnósticos, maltrato y acoso laboral, entre otros– cometidos por sus funcionarios. La extrabajadora del Centro de Salud de dicha institución, quien es una de las fundadoras y voceras de la agrupación de víctimas de la PDI, estuvo entre las impulsoras de esta demanda, que suma varias causas diferentes: “Queremos reparación y justicia, además de ser escuchados por el Presidente, y que se concrete el Departamento de Modernización de las Policías”, señala.
Verónica Garrido (40) entró con 23 años a la Policía de Investigaciones (PDI). Como hija de carabineros retirados, conocía de antemano los problemas que “aquejaban” a las funcionarias y los funcionarios de las fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como “turnos excesivos” y poco tiempo para la familia. Garrido inició su práctica en 2007 y luego se quedó en el área de salud mental.
“Vi escasez de psicólogos, había tres para todo Santiago y muchas practicantes cubríamos la demanda de funcionarios que necesitaban tratamiento”, subraya. Dentro de la institución constató que los problemas más comunes de trabajadoras y trabajadores eran por exceso de trabajo y patologías asociadas, como trastornos de sueño y adaptativos, además de depresión y similares.
“No pretendía cambiar el sistema, pero en los últimos años empecé a ver muchas irregularidades y a comentarlas y darlas a conocer, y la institución siempre estaba con la negativa de no incurrir en más recursos”, agrega.
Entre 2007 y 2018, la psicóloga clínica se dedicó a la docencia y trabajó en el Centro de Salud de la PDI. Desde allí le tocó lidiar con varias “guerras”: vulneración de derechos de un menor, violencia de género, maltrato laboral y testificación ante “falsos diagnósticos”. Algunas de estas demandas la llevaron a cofundar la agrupación de víctimas de la PDI, donde hoy es una de las voceras.
-¿Qué diferencias en el trato comenzó a observar en la institución?
-La institución es jerarquizada y desde ahí el trato también lo es. Hay muchas diferencias en el trato con respecto a los cargos, también un poco de envidia, mobbing, se molestaba a los oficiales que entraban con título. Y más cuando una es mujer. Ahí había diferencias súper marcadas, lo noté bastante en mi primer embarazo… a los dos años de entrar, me embaracé de un oficial y no se me respetó el fuero (que era una hora de salida), no me dejaban salir o me decían que tenía que viajar igual. Cuando las mujeres se embarazan son vistas como un cacho por el tema de las licencias, es bien complicada la maternidad dentro, y por eso muchas oficiales eligen la maternidad ya cercana a los 40 años, cuando tienen un grado más alto, porque durante la carrera policial es difícil.
-¿El ascenso no va de la mano con la maternidad?
-No, para nada. La maternidad no está protegida. Las mujeres ahí entramos con mucha desventaja desde el punto de vista maternal, desde el punto de vista profesional, porque siempre somos más devaluadas, siempre somos menos, la mayoría de las jefaturas las ocupan hombres, y que existe mucha violencia de género, desde violencia psicológica, sexual, económica y violencia física, y es importante darlo a conocer, porque las mujeres adentro no se atreven a hablar por miedo a perder su trabajo y la estabilidad laboral, porque tienen que mantener a sus hijos.
-Cuénteme sobre las denuncias que llevó a cabo contra la institución y/o sus integrantes.
-La primera denuncia que hice fue por irregularidades administrativas, que deja ver la falta de control y políticas en relación a los sumarios, que los hacen entre ellos mismos, amigos, amigos de jueces. Como psicóloga atendí al hijo de un funcionario, que un día me llama y me cuenta que su papá lo echó de la casa. El chico tenía 16 años y lo acogí en mi casa, después denuncié el hecho porque no quería llevarse al chico, entonces denuncié la vulneración de derechos. Se hizo un juicio en un Tribunal de Familia y me dicen “o se queda con usted o se va al Sename”, y yo decidí quedarme con él como cuidadora legal.
Imagen: Informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados
Cuando mi jefe de la unidad se entera de esto, me sanciona por desprestigio institucional al decir que un oficial de alto rango se deshizo de su hijo, esto pese a que el padre fue declarado vulnerador de derechos y mandado a hacer terapia. Fui sancionada a arresto “por desprestigio” y él no recibió ninguna sanción. Ahí comenzó el calvario.
-¿Qué pasó después de este hecho?
-Fui a Contraloría, fui a Derechos Humanos, y di a conocer esta situación al director de ese minuto, Héctor Espinosa (actualmente imputado por diversos delitos), y él no me escuchó. La diputada Ossandón fue a hablar con él y le dijo que yo tenía un año más de estadía en la PDI. De ahí se vino el acoso, porque empecé a dar a conocer irregularidades de funcionarios policiales que vulneraron derechos de menores, de otros trabajadores…
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Me sacaron de mis funciones, en ese minuto era Coordinadora del Departamento de Salud Mental y me pusieron de secretaria sin oficina, sacando fotocopias, y ahí también fui denigrada por mis propios colegas, que me decían que para qué reclamaba, para qué hablé, “debiste haberte quedado callada”, y otras guerras.
-¿Qué otras guerras?
-La segunda fue que empecé a darme cuenta de que había muchos funcionarios que se acercaban a mí y me decían, como parte del equipo de salud mental (todo esto ocurrió paralelamente entre 2017 y 2019), que los estaban desvinculando con diagnósticos que no les daban afuera, con diagnósticos falsos, algo que fue reconocido por el uniforme de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Imagen: Informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados
Los funcionarios que reclamaban o que se tomaban licencias largas de más de 180 días, recibían un diagnóstico al que no podían apelar y se les daba la baja. Generalmente era el diagnóstico de trastorno de personalidad, que no era compatible con la entidad. Entonces, el funcionario se veía en imposibilidad de apelar, porque no podían trabajar con él. Pero los diagnósticos externos que llevaban no eran esos y se vinculaban al estrés traumático, maltrato, depresión, otros diagnósticos. Pero la Jefatura de Sanidad, su Comisión Médica, no leía estos informes ni tampoco le importaban. Y solamente la Comisión Médica, como es un ente autónomo, daba el diagnóstico que se grababa.
-¿Y eso en el fondo era como para tapar cosas? O sea, digamos, ¿se daba un diagnóstico cuando la persona no era funcional a la institución?
-Ese diagnóstico se daba al funcionario que tiraba licencia, ya sea porque estaba siendo maltratado o porque estaba con mucho tiempo de licencia. Y esto se entiende, porque muchas funcionarias fueron acosadas, fueron violadas, maltratadas. También fueron vulneradas en su maternidad, también hubo hombres que sufrieron violaciones. Entonces se les daba un diagnóstico porque, con otros, podían ser jubilados con beneficio, pero bajo ciertos diagnósticos no se jubilan con beneficio, son totalmente echados a la calle sin ningún tipo de plata, como pasó en mi caso. No hay finiquitos, no hay nada.
-De alguna manera usted fue centralizando todas estas denuncias que estaban un poco fragmentadas
-Sí, las tomé y de hecho como testigo de oído, como lo di a conocer en mi declaración ante la comisión en la Cámara de Diputados. Las temáticas que más recibía yo era acoso laboral, maltrato de género, turnos excesivos y enfermedades asociadas a eso. Entonces, acusé la mala salud mental de la institución e incitación al suicidio. Yo escuché a muchos, muchos funcionarios que estaban muy estresados, muy acosados y que meses después se suicidaban. En 2019 ya había once suicidios y también muertes de hombres y mujeres en condiciones muy extrañas, suicidios extraños que todavía no están aclarados, muertes que se producían por disparos entre ellos.
El último hecho que denuncio, que es bien potente, doloroso, y nos revictimizó a muchas mujeres que dimos a conocer temas de violencia, fue contra el padre de mi primer hijo. Nosotros tuvimos una corta relación, de casi dos años. Fui maltratada física, sexual y psicológicamente. En una oportunidad me golpeó de una forma tan fuerte que terminé constatando lesiones en el consultorio y, aunque no quise denunciar porque siempre me amenazó con que me iban a echar, desde el centro de salud se hizo el oficio y él quedó con orden de alejamiento y terapia. Él no pagó pensión, no cumplió visitas con su hijo, y durante todo este tiempo ha perseguido a mis parejas, se conseguía números de teléfono, lo seguía y ocupada recursos de la propia institución para decirme “yo sé con quién anda tu pololo, yo sé la patente de esa persona, yo sé que va a tu casa”, me sentía perseguida todo el tiempo, hasta el día de hoy le llegan mensajes a mi actual pareja, con distintos chips, diciendo que lo engaño.
El último episodio de violencia fue la extorsión de mi vivienda el año pasado, lo hizo a cambio de la condonación de pensión de alimentos. Yo di a conocer esto en la institución y no pasó nada. Presenté certificados de lesiones, testigos, amenazas y la institución dijo que iba a hacer un sumario y al parecer no pasó nada.
Es una institución machista, patriarcal, donde entre los hombres se defienden y entre ellos no van a quedar mal, las que quedan mal son las mujeres, que somos las “locas”, digamos que es como el típico discurso machista ante una agresión.
Imagen: Informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados
-¿El director general de la PDI, Sergio Muñoz, está consciente de todo esto?
-Sí, de hecho él obviamente lo niega cuando se le entrevista en la Cámara, incluso se ausentó en una ocasión y se pidió sanción, pero varios diputados de derecha tienen un fanatismo por él y se denegó. Uno de los de alto mando incluso aplicó tortura con la lora, que es electricidad, a uno de los funcionarios en la Escuela hace ya bastantes años y sigue ahí. Es jefe de la Inspectoría General y cometió crímenes de lesa humanidad. Adentro todo se sabe y nadie va a acusar a un jefe, porque cuesta hacerlo, es un acto muy valiente, porque uno sabe que, si se acusa alguna situación, queda fuera y pierde los años de servicio, la estabilidad laboral. Todos los que nos fuimos, no vivimos, sobrevivimos, hasta el día de hoy no hemos podido encontrar trabajo estable. Una de las chicas que fue abusada sexualmente está vendiendo ropa en la feria: nos destruyeron la vida y con hijos.
-¿Qué buscan ustedes como familias víctimas de la PDI a partir de sus denuncias?
-Después que se aprobó este documento de forma casi unánime, nosotros lo que buscamos es ser escuchados por el Ejecutivo, es decir, por el Presidente, y que se concrete el Departamento de Modernización de las Policías, en donde se hagan efectivas todas estas sugerencias que nosotros hacemos, que tienen que ver con regular de forma externa (como el FBI) el tema de las sanciones, de cómo se juzga una sanción, el tema también de la Comisión Médica –que también se avalen los diagnósticos de profesionales externos o que haya un ente externo, como Compin, que también revise estos diagnósticos–, que se hagan concursos públicos (porque entran hijos de funcionarios activos o en retiro) y también la reparación y justicia para los casos que todavía no están aclarados.
Desde El Mostrador Braga se intentó contactar a PDI, pero no hubo respuestas.
*Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los mencionados como imputados como culpables, o los hechos como fehacientes sino plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.
