BRAGA
El cierre o reconversión de Punta Peuco es una interrogante viva desde la vuelta a la democracia. Diversas han sido las propuestas para ir en respuesta a ella, pero un proyecto presentado en agosto de 2023 que propone convertir el centro de reclusión en un espacio para madres y embarazadas privadas de libertad ganó adhesión y un grupo de congresistas le entregó hoy una carta al ministro de Justicia y Derechos Humanos para solicitar su apoyo: “es inentendible que un penal especial esté destinado para albergar a condenados por violaciones a los Derechos Humanos”. En Chile alrededor de 3 mil mujeres que están privadas de libertad son madres.
“A nuestro parecer, es inentendible que un penal especial esté destinado para albergar a condenados por violaciones a los Derechos Humanos, toda vez que no existe motivo alguno para que tengan una situación de privilegio penitenciario frente al conjunto de la población penal”, sostiene la carta firmada por diputadas y diputados de Partido Comunista, Partido Socialista y Frente Amplio.
La misiva, dirigida al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, solicita que el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco pueda ser optimizado “para que dichas instalaciones sean utilizadas para condenados que lo requieran con mayor apremio que quienes residen allí actualmente, como mujeres que se encuentren embarazadas o que tengan hijos”.
“Existen antecedentes que respaldan nuestra solicitud: la ex presidenta Michelle Bachelet ya ordenó anteriormente que quienes cumplen condena en dicho recinto fueran trasladados a un módulo especialmente habilitado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, cuestión que por diferentes motivos no se pudo llevar a cabo”, recuerdan.
Las y los firmantes subrayan que, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, concretar el traslado de los actuales internos al módulo especial de Colina I “puede ser una señal importante que le dice al país que sí se pueden construir consensos mayoritarios” y que uno de ellos es que “los violadores de Derechos Humanos no pueden tener una situación de privilegio penitenciario”.
“En nuestro país donde no sobran las medidas de reparación y no repetición, nos parece que esta es una especialmente importante. Trasladar a los criminales de lesa humanidad y entregar una mejor y adecuada infraestructura a los niños y niñas que acompañen a sus madres en el cumplimiento de su condena es un paso hacia el futuro”, puntualizan.
El 30 de junio de 2023 la Ley Sayén avanzó en su tramitación para ser discutida en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados para permitir que mujeres imputadas con hijos menores de 2 años y embarazadas, no cumplan condena en una cárcel.
El proyecto nació tras conocerse el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan Llebul, quien en el 2015 fue detenida por robo y condenada a 5 años y 61 días, cuando tenía ya 4 meses de embarazo: en 2016 y mientras cumplía condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo y tras numerosos reclamos, se le practicó una cesárea encadenada. El nombre de su hija es Sayén.
En el marco de la discusión del proyecto se logró constatar que alrededor de 3 mil mujeres que están privadas de libertad son madres, y muchas de ellas deben permanecer presas durante sus embarazos o periodos de lactancia con sus recién nacidos.
A la par, según cifras entregadas por Gendarmería a mayo de este año, se determinó que en las cárceles chilenas hay 125 mujeres embarazadas o viviendo con sus hijos/hijas menores de 2 años.
