BRAGA
Como parte de una política pública de infancia, regulación de la población y disminución de la pobreza del régimen militar, más de veinte mil niños chilenos habrían sido adoptados irregularmente en el extranjero.
Basándose en denuncias, causas judiciales e informes de instituciones internacionales, investigadores estiman que más de veinte mil niños habrían salido de Chile para ser adoptados en el extranjero, durante la dictadura militar (1973-1990).
“Si bien las investigaciones del juez a cargo van desde 1950 a 2000, hay un alza muy importante en dictadura, son un 98% de los casos.Hay más de mil denuncias y se estima que incluso podrían ser unos cincuenta mil los niños que salieron del país”, dice a DW Marisol Rodríguez, presidenta de Hijos y Madres del Silencio (HMS), una agrupación de apoyo a las víctimas de adopciones ilegales y tráfico de niños.
No es casualidad que correspondan mayoritariamente a este período. El régimen de Augusto Pinochet impulsó una política sistemática, basada en una red de personas e instituciones públicas y privadas, que operó dentro de un marco aparentemente legal, pero por medio de engaños y mentiras, explica la doctora en historia Karen Alfaro.
“La mayoría de los casos se concentra en las décadas de 1970 y 1980, en el período de implementación de una política de infancia, cuyo objetivo era la promoción y el aumento de las adopciones. Todo esto fue parte de una trama, coordinación entre distintos actores e instituciones y alianza entre jueces, especialmente de 1978 a 1983, cuando se intensifica la salida de niños del país”, indica la historiadora a DW.
La decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile relata que se flexibilizaron los mecanismos por los cuales se gestionaban las adopciones y se hacían campañas públicas, nacionales e internacionales, que contaban las bondades del modelo chileno y los logros en la disminución de la desnutrición y la pobreza.
“En el marco de un giro neoliberal, las adopciones permitían disminuir el gasto fiscal destinado a infancia de extrema pobreza. Se buscaba generar un modelo pequeño de familia, que pudiera auto sustentarse y era también un mecanismo de regulación de la cantidad de población”, consigna Alfaro.
“Sabemos que en dictadura nadie salía ni hacía nada sin que lo supieran. Lo extraño es que en Suecia, Italia o Francia, donde aceptaron muchos exiliados, también recibían niños que entraban sin padres o llegaban varios a cargo de una azafata”, observa Rodríguez.
Países receptores de niños coinciden con aquellos que recibieron exiliados, pues había “redes establecidas, el acercamiento a la cultura y la realidad chilena, y la motivación por salvar a un niño de la dictadura”, explica Alfaro. Y para el régimen significaba mejorar la imagen de Chile, establecer vínculos diplomáticos y obtener un rédito político.
Todo se hacía dentro del marco legal de la época, pero a través de engaños. “Por eso yo hablo de adopciones forzadas. En la práctica, se forzaba a dar en adopción al hijo”, explica Alfaro. Las víctimas eran mayoritariamente mujeres pobres, campesinas, trabajadoras del hogar, analfabetas o adolescentes. A ellas se acercaban asistentes sociales, personal de salud, religiosas y curas, entre otros, y les decían que su hijo había muerto, que estaba enfermo y requería tratamiento en otro país, o que tendría una mejor vida en el extranjero.
Entre otras prácticas, había “casas de engorda” para cuidar a mujeres campesinas y de sectores populares en la última etapa del embarazo, y después se les forzaba a entregar al recién nacido. En hogares de menores, en tanto, se obstaculizaban las visitas de las madres para que el juez decretara que el niño estaba abandonado y era adoptable.
Los jueces resolvían en tiempo récord, ya sea la adopción en Chile o la salida para el trámite en el exterior. Los principales países receptores fueron Suecia, Estados Unidos, Italia, Francia, Dinamarca y Alemania. “No fueron adopciones, a esos niños los vendieron al extranjero porque ganaban mucho dinero con eso. El Estado no los cuidó”, alerta la directora de HMS.
“Estamos hablando de violencia institucionalizada que en el contexto de la dictadura se profundiza”, señala a DW el historiador y sociólogo Pablo Seguel. “Con el estado de excepción, que restringe libertades y voces críticas, se agravó una mala práctica internacional. Había condiciones favorables para la adulteración de instrumentos públicos, articulaciones entre funcionarios de los servicios de salud y promoción de las redes en embajadas, para generar una suerte de diplomacia que posicionara al país, que estaba en un contexto de aislamiento internacional”, agrega.
En un contexto de alta pobreza, esta política operó sin restricciones, bajo la fachada de una labor por bien superior del niño, que, por otra parte, se apoyaba en el prejuicio de que una sociedad más desarrollada sería un mejor lugar para crecer. Mecanismos similares utilizó Colonia Dignidad, la secta alemana en el sur de Chile, para apropiarse de menores de la zona.
Al otro lado de la cordillera, la dictadura argentina también robó niños, pero “no son casos comparables, pues tienen objetivos deliberados muy distintos”, aclara Seguel. Nacidos en cautiverio o detenidos junto a sus padres y madres desaparecidos durante la dictadura, fueron dados en adopción mayoritariamente dentro del país. Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir la identidad de más de 130 personas y estiman que falta encontrar a unas 300 más.
No se sabe de una práctica sistemática similar en Chile, aunque sí hubo mujeres desaparecidas, embarazadas o con hijos pequeños, y se desconoce también su destino. En una articulación de redes del cono sur, niños apropiados en las dictaduras de Argentina y Uruguay fueron adoptados en Chile. La historiadora Alfaro ha investigado cinco casos de hijos de detenidos desaparecidos de esos países, que aparecieron en Chile.
En Chile, organizaciones de familiares han liderado la búsqueda de adoptados repartidos por el mundo. HMS pide que el Estado reactive el proyecto de banco de huella genética y ADN, que quedó estancado, y que cree una comisión de verdad.
“Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad, porque involucran a funcionarios del Estado: enfermeras y médicos de hospitales públicos, hogares, jueces, registro civil y servicio de extranjería. El Estado debe hacerse cargo”, sentencia Rodríguez. En ello coincide Alfaro: “El Estado chileno debería hacer una investigación rigurosa, pero también los países receptores deberían aportar información y colaborar en la investigación y en los procesos de reparación”, estima Alfaro. En algunos de ellos, como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, hay avances en estudios e informes.
En opinión de Seguel, “amerita que se avance en dos canales: una comisión de verdad y la arista judicial. Aquí hubo una serie de delitos, como asociación ilícita, alteración de documento público y vulneración de los derechos del niño”.
“Necesitamos verdad, justicia y reparación. Este es un hecho tremendo. Son miles de familias afectadas, que necesitan contención y apoyo. Nosotros llevamos 300 reencuentros, pero la mayoría son online, porque los hijos y las madres no tienen la capacidad de viajar”, dice la presidenta de HMS.
En las próximas semanas la agrupación sostendrá reuniones en varios países europeos con autoridades y organizaciones de víctimas, y participará en Cerdeña en el segundo Congreso de Adoptados Chilenos en Europa. También llegarán hasta Ginebra para presentar su caso ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Allí esperan conseguir apoyo internacional para esta causa.
