BRAGA
En los últimos años, la violencia gineco-obstétrica se reconoció como un problema histórico en el sistema de salud de Chile. En respuesta a esta problemática, en 2022 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Adriana, que busca avanzar hacia la erradicación de esta forma de violencia y el derecho a un parto respetado. El proyecto aún permanece en trámite.
Un estudio realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) revela preocupantes cifras: “una de cada cuatro mujeres atendidas en el sector público recibió violencia física al interior de los hospitales, y el 56,4% señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto”.
Ilustración de Romina Hernández Espinoza y Sergio Cuauhtémoc Sánchez Aguilar Universidad Panamericana. Ilustración: El Parto es Nuestro.
En los últimos años, la violencia gineco-obstétrica se instaló como un problema alarmante en el sistema de salud en Chile. Este tipo de violencia, que abarca los campos de la salud sexual, ginecológica y reproductiva, deja huellas imborrables a lo largo de la vida de miles de mujeres, quienes del sentimiento de la ilusión por traer a un hijo o una hija al mundo, en solo minutos pasan a la angustia, rabia e incertidumbre, en algunos casos.
Son agresiones físicas, verbales o sexuales, ejercidas por doctores (as), matrones (as), funcionarios (as) del área de la salud, siendo éstas los causantes de negligencias médicas, secuelas psicológicas e incluso de generar traumas en las pacientes. Actualmente, existe muy poco respaldo en el cual las mujeres se puedan sostener para hacer válidos sus derechos.
La violencia gineco obstétrica es un proceso que la Comisión de Mujer y Equidad de Género establece como “todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer o persona con capacidad de gestar, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica.”
Durante décadas el país no contó con regulación que abordara directamente la violencia-obstétrica. El único respaldo que tienen las mujeres y personas gestantes es la Ley N.º 20.584, conocida como Ley de Derechos y Deberes de los pacientes, la cual debe ser respetada por los centros de salud y las personas.
En esta ley, en el ámbito obstétrico se destaca el derecho a trato digno y respetuoso durante el parto, derecho a la información requerida y la toma de decisiones, el derecho al acompañamiento y derecho a la fisiología del parto.
Sin embargo, la OMS declara que “Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación”.
Por esto, surge el proyecto de ley conocido como «Ley Adriana». Instrumento clave en esta lucha que busca poner fin a estas malas prácticas. Pese a ello continúa siendo un problema de poca visibilización y conocimiento por parte de la sociedad en su conjunto.
El 4 de agosto del año 2017 marcó un antes y un después en la vida de Adriana Palacios, luego de sufrir una serie de eventos negligentes realizados por profesionales de la salud, los cuales ocasionaron que la joven de 19 años, que contaba con 40 semanas de embarazo a la fecha, diera a luz a su hija fallecida Trinidad en el Hospital de Iquique.
Días después del hecho, la madre de Adriana decidió crear un perfil de Facebook con el nombre “Justicia para Trinidad” para denunciar a los centros de salud en los que su hija fue atendida y las negligencias vividas. Estas publicaciones se viralizaron, compartieron y recibieron el apoyo de mujeres con experiencias similares.
Dentro de las denuncias se encuentra el delito de “homicidio culposo lex artis”. Según el artículo 491 del Código Penal, se sanciona el delito culposo de homicidio y lesiones por negligencia médica, castigando al médico, cirujano, farmacéutico, dentista o matrona «que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión».
Un año y seis meses después de la muerte de Trinidad Palacios, la diputada Claudia Mix, en conjunto con la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento (CDN), ParirNos Chile y el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), presentaron el proyecto de ley “parto respetado y fin a la violencia gineco-obstétrica”. La iniciativa fue apoyada por parlamentarios de diferentes bancadas y se hizo conocida popularmente como Ley Adriana, debido al alcance que tuvo su experiencia, como víctima y símbolo del impacto causado por la violencia obstétrica en Chile.
“La ley de violencia obstétrica es una ley que hace tiempo se está trabajando en el Parlamento, nos ha costado trabajar esa ley porque estaba súper naturalizada la violencia que se ejercía dentro de los hospitales o en clínica… muchas mujeres no se daban cuenta que estaban viviendo violencia porque estaba súper naturalizada. Yo creo que, gracias a la demanda de los movimientos feministas, hoy se está trabajando más en serio en el tema, y logró visibilizar más este tema de la violencia”, sostiene Pilar Collipal, profesional de apoyo de la Secretaría General y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
El proyecto fue nombrado en honor a Adriana Palacios y busca erradicar las malas prácticas. Pero el camino no fue fácil, la propuesta estuvo dos años congelada en la Comisión de Salud del Congreso y en diciembre del 2020, se trasladó a la Comisión de Mujer y Equidad de Género.
Finalmente con 101 votos a favor, 43 en contra y 4 abstenciones, en mayo del 2022 el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y permanece a la espera de la aprobación por parte del Senado. La última actualización presentada por la cámara alta fue en marzo de este año, pero no hay novedades.
La abogada y Directora Regional de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Daniela Vásquez Agouborde, comenta que en el caso del parto humanizado “se conoce tan poco y hay una cultura tan pobre, de todo lo que tiene que ver con el puerperio en relación a la mujer, y como no es un tema tan profundizado, la verdad es que no se saca adelante, no por falta de mérito, sino porque todas las leyes demoran mucho” , señala respecto de la tardanza y postergación de la Ley Adriana.
Uno de los problemas más recurrentes en la sociedad es que muchas de las personas que viven o vivieron violencia gineco-obstétrica no lo saben y, por ende, no lo reconocen como violencia.
Nicole Martínez Salazar, gestora de formación y capacitación en PRODEMU, cuenta que su tesis fue sobre la violencia gineco-obstétrica y dentro de ella realizó “entrevistas cualitativas dónde trabajamos en general con mamás jóvenes. La muestra fue chiquitita, pero igual lo que descubrimos fue harto, porque cuando nos acercamos a ellas nos decían que no habían sufrido violencia, que había sido un proceso normal dentro de lo que se espera para el parto, pero cuando fuimos tipificando la violencia nos dimos de cuenta de que todas las que habían sido entrevistadas habían sufrido algún tipo de violencia y dentro de eso lo que más nos llamó la atención fue el tema de la violencia emocional en donde se reprimía mucho a la mujer el tema de estar asustada de poder expresar el miedo de poder expresar la pena la tristeza”.
Todo lo anterior se relaciona con mitos y preconceptos sociales que vinculan el embarazo con el dolor, sacrificio y sufrimiento, algo que se encuentra normalizado entre mujeres y personas gestantes que ha traspasado generaciones.
El maltrato de algunas y algunos profesionales de la salud también está normalizado, así como la carencia de una comunicación mutuamente respetuosa. A juicio de Nicole Martínez “las personas que más ejercen la violencia son las profesionales que son mujeres, esto tiene que ver como que por ser mujer yo viví y sufrí entonces tú también tienes que hacerlo. A partir de esta idea preconcebida de que las mujeres tenemos que darlo todo para ser mamás”.
Según un estudio realizado en Chile por el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) “una de cada cuatro mujeres atendidas en el sector público recibió violencia física al interior de los hospitales, y el 56,4% señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto”. Este análisis, además, muestra las brechas que se producen en cuanto a los establecimientos de salud.
Por ejemplo, las experiencias donde los estándares de buen trato, comprensión, amabilidad, respeto por la intimidad de la mujer y empatía por los dolores no se cumplen, son entre 3 y 7 veces más altas en hospitales que en clínicas (Primer informe de comisión Mujeres y Equidad de Género). Se observa que estos estándares de cuidado son peores en las experiencias de parto de mujeres de niveles educacionales más bajos y de aquellas más jóvenes.
Referente a lo anterior, uno de los grandes desafíos que enfrentan las mujeres y personas gestantes es la falta de conocimientos sobre los derechos que tienen durante todo el proceso de gestación.
Nadia Arias, víctima de violencia ginecobstétrica, cuenta: “Yo no había identificado que había sido víctima de violencia obstétrica hasta que leí una entrevista de una mujer conocida, quien contó su historia en una revista y al leer su historia me identifiqué”.
Su relato muestra que el trauma de ser víctima de violencia obstétrica es difícil de borrar. Pasaron 12 años de la ecografía de su primera hija y todavía se emociona al contar su historia. A las 12 semanas de gestación se sometió al examen que mide varios indicadores fetales, entre ellas la translucencia nucal.
“El ginecólogo comenzó a hacer la ecografía, recuerdo que hubo varios minutos de silencio, mientras nosotros, esperábamos ansiosos”. Y continúa. “El ginecólogo dice :“veo que la translucencia nucal está muy grande, de hecho es de las más grandes que he visto en mi carrera”. Le pregunté qué significa eso, a lo que me dijo: Bueno, lo más probable es que esta guagua venga con problemas genéticos. Así, sin anestesia, ¿pero ¿cómo?, le respondí. Bueno, pueden ser problemas genéticos de todo tipo hasta síndrome de Down. Y ahí siento que se me partió el alma, pero literalmente en dos, y me puse a llorar. Había sido tan traumático el momento que no compute nada, tenía tanto temor de que pasara algo que lloré 2 semanas” , recuerda.
Para ella fue una sentencia: “Pasé por diferentes ginecólogos, pero no sentía que ninguno me entendiera como paciente, como mujer, todos me hablaban de la estadística del número, pero no había nadie que me contuviera de alguna manera”, agrega.
Su embarazo estuvo lleno de incertidumbres, pena y angustia. Hasta que finalmente su hija, Emilia, nació.
“Este médico fue descriteriado. Podría haber perdido a mi bebé. No sé si fue un milagro, fe o ciencia, pero Emi nació completamente sana”, cuenta Nadia.
Una de las hipótesis de su nuevo doctor, es que la ecografía de las 12 semanas fue mal realizada. Es decir, una posible negligencia médica.
Esta periodista, madre de dos niñas, es una de las tantas víctimas de violencia obstétrica, maltrato cuyo impacto se refleja en los testimonios que evidencian el impacto que produce en sus vidas.
“Este proceso de regulación, de promoción y resguardo de derechos, es fundamental para poder dar un primer paso en la dirección de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y, en particular, la violencia gineco-obstétrica que se pudiera estar replicando en algunos servicios de salud, en algunos momentos o instancias, producto de no tener los resguardos necesarios desde el punto de vista legal”, explica la diputada e integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, Karol Cariola.
En la actualidad, las cifras oficiales respecto a violencia ejercida en centros de salud públicos y privados son escasas. Una correcta investigación y fiscalización por medio de campañas gubernamentales puede contribuir a conformar un entramado legal para sancionar y condenar estos casos.
Para Fabiola Yañez, encargada de comunicaciones y apoyo logístico de OVO, “las falencias que tiene el sistema de salud para fiscalizar son muy grandes. Este proyecto no solo beneficiaría a las personas gestantes, sino que también sería muy positivo para los profesionales de la salud, debido a la existencia de traumas vicario de quienes son observantes de violencia gineco-obstétrica, ellos también son víctimas porque muchos funcionarios de la salud han dejado la obstetricia a causa de que sienten que son cómplices de una violación, por ejemplo, porque no pueden hacer nada o se sienten intimidados por sus jefes. Al tener esta ley ayudará que el clima laboral, el estrés post traumático de esos trabajadores y que la atención del paciente mejore”.
Al respecto sobre la capacitación de funcionarios, la matrona de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de La Frontera Mara Ruiz, señala lo relevante que es que “en la formación de matrona o matrón está la capacitación en cuanto a manejo integral del embarazo en diversos aspectos. Siempre que sale alguna circular nueva, decreto o normativa, información de eso, se capacita”.
A pesar de estos avances en la atención médica, persisten prácticas y actitudes que violan los derechos y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el ámbito de la salud reproductiva. Para avanzar hacia la erradicación de la violencia obstétrica es fundamental promover la educación y concientización sobre los derechos de las mujeres y el proceso de maternidad, tanto entre los profesionales de la salud, como entre la población. Además, se requiere una supervisión y monitoreo continuo para garantizar el cumplimiento de las leyes y políticas existentes, así como la implementación de protocolos de atención respetuosos y centrados en la mujer.
