BRAGA
Agencia UNO
Filomena Pareja fue detenida en dos ocasiones, perdiéndose con ello gran parte de la vida del menor de sus hijos. La abogada y miembro de la Red de Acción Carcelaria, Antonella Oberti, destaca la urgencia de mejorar programas de acompañamiento y estrategias pospenitenciarias para mujeres madres en prisión.
Durante la segunda jornada de formalización a la exalcaldesa Cathy Barriga –quien finalmente quedó con arresto domiciliario, arraigo y prohibición de hablar con testigos del caso por fraude al fisco y falsificación de instrumento público-, generó debate en redes sociales el argumento utilizado por uno de sus abogados defensores, Marcelo Hadwa, quien se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva apelando, entre otros argumentos, al rol de madre cuidadora de la imputada.
En específico, el litigante declaró que “mi representada tiene la calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar, ni se pueda decir ‘se queda el padre con el hijo’, no”, agregando que “es madre cuidadora y cumple un rol fundamental para el desarrollo y el interés fundamental de ese niño”.
Si bien el tribunal no consideró aquel argumento como suficiente para aplicar el arresto domiciliario, sino que estimó la relevancia de otras causas, lo indicado por Hadwa fue suficiente para encender el debate respecto de las madres cuidadoras privadas de libertad.
En relación con lo anterior, el defensor de Barriga hizo referencia a las “Reglas de Bangkok”, las cuales establecen directrices específicas para garantizar un trato justo y equitativo a las mujeres imputadas por delitos, reconociendo sus necesidades particulares y considerando factores como el embarazo y la responsabilidad de cuidar a los hijos. Sin embargo, pareciera ser que estas reglas no se aplican en el común de los casos.
Según datos de Gendarmería, actualmente en Chile existen 4.114 mujeres privadas de libertad, de las cuales el 74% declara tener hijos vivos. De aquellas, 2.352 tienen hijos menores de 18 años, lo que significa que deben estar al cuidado de algún progenitor o tutor legal. Asimismo, la mayoría de las mujeres privadas de libertad tienen la responsabilidad de criar entre uno y cuatro hijos.
La fundadora de Pajarx entre Púas, organización que trabaja por los derechos de las personas privadas de libertad, Myr Chávez, en relación con las cifras declaró que “se produce un daño profundo en la vida de las mujeres, afectando principalmente a las niñas y niños que están a su cuidado, incluso se afecta a las comunidades en el sentido que se cortan tejidos de cuidados, dejando a las familias en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. Muchísimas de estas madres también son las únicas sostenedoras de sus familias”.
Al respecto, la abogada y diplomada en Políticas Sociales en Desarrollo y Pobreza, directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria y miembro del Center for Justice and International Law (CEJIL), Antonella Oberti, destaca la existencia de programas que forman parte de una misma iniciativa, llamada “Creciendo Juntos”. Este programa se divide en dos componentes de intervención, siendo el más destacado y con asignación presupuestaria prioritaria el programa destinado a mujeres embarazadas o con hijos e hijas menores de dos años, que se encuentran en el entorno carcelario.
Dentro de este componente, se asigna a cada madre una dupla psicosocial que mantiene contacto constante con el Juzgado de Familia, gestionando las redes y evaluando las condiciones para determinar con quién quedará el niño o niña una vez que cumpla los dos años y deba abandonar el recinto penitenciario.
El segundo componente del programa se centra en brindar apoyo psicosocial a padres y madres privados de libertad con hijos menores de 12 años, fortaleciendo habilidades parentales. Sin embargo, como es común en programas penitenciarios, la cobertura es limitada. Por ejemplo, al 31 de agosto de 2021 solo 155 mujeres se atendían por el “Creciendo Juntos”. Dicha cifra resulta insuficiente, dada la cantidad de hombres y mujeres con hijos menores de 12 años privados de libertad. “A pesar de este desafío, es crucial destacar que el programa existe y busca abordar las necesidades de este grupo vulnerable”, enfatiza la abogada.
Asimismo, existe el programa “Abriendo Caminos”, el cual se enfoca en brindar apoyo a niños, niñas y adolescentes (NNA) que tienen un adulto significativo privado de libertad. Este programa proporciona un espacio seguro para respaldar y acompañar a estos jóvenes en el proceso de lidiar con tener a un adulto cercano en situación de privación de libertad.
En el país, más del 50% de las mujeres reclusas tiene condenas por delitos relacionados con drogas, según datos del Ministerio de Justicia. A diciembre de 2023, 2 mil 443 internas cumplen penas por este motivo, representando un aumento del 30% respecto de 2022.
La tasa de encarcelamiento femenino en Chile es la más alta de la OCDE, con 21.9 por cada 100 mil habitantes. Debido a la falta de visitas y las malas condiciones carcelarias, se profundizan los desafíos para las mujeres privadas de libertad, exacerbando la desigualdad en el sistema penitenciario.
Filomena Pareja (64), en conversación con El Mostrador Braga, comentó que estuvo detenida en dos oportunidades por microtráfico, en 2011 y 2017. En ambas ocasiones fue condenada a tres años de prisión.
Madre de seis hijos, cinco vivos, comenta que su familia debió luchar incansablemente en contra del Sename, ya que buscaban hacerse cargo de sus dos hijos menores. La primera vez que cayó detenida, en 2011, su hijo tenía cinco años. “Salí cuando mi hijo tenía ocho, y fue sumamente difícil. Él era fanático de Optimus Prime, por lo que creía que Megatron me había raptado y él no podía rescatarme”, recuerda.
En 2018, solo 1.571 mujeres reclusas recibieron visitas, en comparación con los 21.980 hombres. Muchas evitan que sus hijos las visiten, para protegerlos de la compleja experiencia carcelaria, contribuyendo así a la soledad de las mujeres en prisión.
En relación con lo anterior, Pareja destaca que la cárcel no es un buen lugar para llevar a los hijos. “Yo establecía las visitas con mis hijos bien alejadas, porque es triste para una madre cada vez que tocan el timbre y los niños se tienen que ir”, relata.
Según comenta Chávez, “la separación forzosa que sufren los niños y niñas de sus madres deja marcas muy difíciles de reparar y puede constituir una vulneración a derechos de los niños y niñas. Las madres privadas de libertad cargan con la culpa por el abandono de sus hijos, ya que saben que estos quedan expuestos a falta de cuidados y distintos tipos de abuso o institucionalización, la que tampoco garantiza su bienestar”.
“Muchas madres nos equivocamos al tomar decisiones que después van a repercutir en todo. Mi hijo hoy tiene 19 años y estamos recién conociéndonos, porque yo salí hace cuatro años”, expresa Filomena Pareja. No obstante, gracias a la Corporación Abriendo Puertas, ella pudo reinsertarse y encontrar trabajo en Ecocitex.
Por otro lado, Oberti recalca la necesidad imperante de ampliar la cobertura de programas de reinserción, con capacitación en oficios y educación dentro de las cárceles, especialmente enfocados en las mujeres. “La criminología femenina destaca que muchos delitos conllevan condenas cortas, entre 61 días y un año, lo que dificulta acceder a intervenciones especializadas. En estos breves períodos, las mujeres a menudo no logran completar talleres o cursos, saliendo sin herramientas ni certificaciones, lo que contribuye al ciclo del delito”, afirma.
En esa misma línea, destaca que, si bien se han realizado mejoras, persisten los estereotipos en la oferta programática para mujeres en prisión, con talleres enfocados en manicura, repostería y estética. “A pesar de algunos avances, la disparidad persiste en comparación con los talleres para hombres, que incluyen oficios asociados a la masculinidad, como soldadura, construcción y carpintería, con mayores ingresos”, agrega.
“Es esencial cambiar esta situación. Además, las intervenciones dentro de la cárcel deben conectarse y fortalecerse con las acciones pospenitenciarias. Es decir, es necesario mejorar el acompañamiento una vez que la mujer ha salido de la prisión. Este aspecto es vital para romper el ciclo del delito y proporcionar a las mujeres las herramientas necesarias para una reintegración exitosa, un aspecto en el que aún hay desafíos en Chile”, concluye la abogada.
