BRAGA
Las demandantes solicitan compensación por los gastos y pérdidas económicas causadas por embarazos no planificados, incluyendo pérdidas de ingresos y oportunidades laborales, así como el daño emocional y psicológico asociado a la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos.
El Estado de Chile enfrenta una demanda en representación de siete mujeres que resultaron con embarazos no deseados luego de utilizar anticonceptivos defectuosos prescritos y suministrados por los establecimientos públicos de salud.
Corporación Miles, con el apoyo de Women’s Link Worldwide, presentaron esta demanda que pretende que el Estado asuma su responsabilidad por las afectaciones económicas, emocionales y en proyectos de vida producto de los embarazos no deseados y no planificados.
Durante el año 2020, cientos de mujeres se vieron afectadas por la falla masiva del anticonceptivo Anulette CD. Desde Corporación Miles afirman que tuvieron conocimiento de al menos 200 mujeres que resultaron embarazadas por esa falla, “aunque el número real puede ser mayor”. Además de la entrega de los lotes defectuosos, las instituciones cometieron una serie de errores y omisiones incluso después de detectado el problema, que aumentaron el riesgo para las afectadas.
Según lo estipulado por la organización, las instituciones responsables fueron, en diferentes grados, el Instituto de Salud Pública (ISP), el Centro Nacional de Abastecimiento, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Destacan que, por ejemplo, no se realizó un adecuado control de calidad en la adquisición de los anticonceptivos, y los profesionales encargados de la distribución de los medicamentos no estaban adecuadamente capacitados para identificar los lotes defectuosos y evitar que llegaran a las usuarias. Tampoco se informó oportunamente y de manera directa a las mujeres que consumieron el anticonceptivo sobre la existencia del problema para evitar que continuaran usando las píldoras.
Estas acciones vulneraron la autonomía reproductiva de las mujeres. Como resultado, algunas se vieron obligadas a renunciar a sus estudios y perdieron oportunidades laborales. Asimismo, los gastos asociados al embarazo, parto y cuidados las dejaron en una situación de vulnerabilidad económica, y muchas sufrieron consecuencias en su salud física y mental.
“Estas consecuencias resaltan la importancia de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos, así como la necesidad de brindar apoyo integral a las mujeres que se encuentran en situaciones de embarazo no deseado para proteger sus derechos sexuales y reproductivos y su bienestar general”, comentó la directora ejecutiva de Corporación Miles, Javiera Canales.
Las demandantes solicitan una compensación por los gastos y pérdidas económicas causadas directamente por los embarazos no planificados, y por las pérdidas de ingresos y de oportunidades laborales. También reclaman el reconocimiento del daño emocional y psicológico asociado a la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos.
Además de la compensación, solicitan acceso a servicios médicos de calidad, atención en salud mental, reinserción en el sistema educativo, acceso a programas sociales de apoyo, entre otras medidas que buscan reparar integralmente los daños sufridos y garantizar su bienestar futuro.
“Es importante que las mujeres afectadas reciban una reparación adecuada e integral para que puedan continuar con sus proyectos de vida. Y además, el Estado debe implementar medidas para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir”, aseguró la abogada senior de Women’s Link Worldwide, María Cecilia Ibáñez.
La demanda propone una serie de medidas de no repetición con el objetivo de prevenir que estos errores se repitan en el futuro. Se sugiere establecer un protocolo dirigido a los centros de salud para verificar visualmente los anticonceptivos entregados, así como un aviso inmediato en caso de encontrar defectos y la implementación de un sistema informático que permita la trazabilidad de los medicamentos entregados en los servicios de salud. También un programa de capacitación para las personas funcionarias sobre los beneficios, contraindicaciones y correcto uso de los anticonceptivos disponibles.
Las medidas solicitadas buscan mejorar los procesos de control de calidad, distribución y seguimiento de anticonceptivos, con el fin de evitar situaciones como la ocurrida con los anticonceptivos defectuosos que afectaron a cientos de mujeres en el caso del Anulette CD.
En esta misma línea, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, aseguran que “en 2023 se modificó la normativa para que a través del ISP se puedan retirar de circulación los anticonceptivos defectuosos en un menor plazo que no puede exceder los cinco días, además de emitir un mensaje de advertencia a las consumidoras que les permitiera tener información inmediata respecto de la falla detectada”. Asimismo, durante el mismo año “a través del Fondo de Igualdad administrado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se entregaron más de 53 millones de pesos al ISP que permitieron aumentar la fiscalización de los anticonceptivos, permitiendo el análisis de 115 de estos productos con la finalidad de comprobar su calidad y seguridad”.
Para seguir avanzando en asegurar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, desde 2023 se concretó, por medio de la Central de Abastecimiento Cenabast, la reducción del precio de anticonceptivos de uso frecuente, que permite mejorar su acceso”, agregan desde la cartera.
