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Tras acusaciones de lobby, Andes Iron y familia de Carlos Alberto Délano disparan sus últimos cartuchos para lograr aprobación de minera Dominga PAÍS

Tras acusaciones de lobby, Andes Iron y familia de Carlos Alberto Délano disparan sus últimos cartuchos para lograr aprobación de minera Dominga

Marco Fajardo
Por : Marco Fajardo Periodista de ciencia, cultura y medio ambiente de El Mostrador
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La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo vota este miércoles un proyecto judicializado y con un Gobierno de salida, sin perspectiva de una próxima administración gubernamental amigable y con un ambiente incluso más adverso tras el estallido social de 2019, que hizo del ecologismo una de sus banderas. La sesión, agendada en tiempo récord, según precisan diversas fuentes conocedoras del proyecto, responde a las presiones que ejerció la minera Andes Iron –ligada a la familia de Carlos Délano, condenado por delitos tributarios en el marco del caso Penta– para que se votara lo antes posible. La estrategia tendría como propósito que la siguiente etapa, en el Consejo de Ministros, alcanzara a llevarse a cabo durante el actual Gobierno, aunque la presión no sería menor, dado que la votación se daría justo en medio de las campañas presidencial y parlamentaria. «Creo que la empresa tiene claro que cualquier resultado político de la próxima elección no va a ser positivo para este proyecto, y que esta es la única pequeña ventana que tienen. Creo que es el último juego de la minera para tratar de sacar el proyecto», señala Max Bello, asesor de políticas públicas oceánicas de Mission Blue.


Contra reloj, la minera Andes Iron, ligada a la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano, amigo personal del Presidente Sebastián Piñera, se juega una carta trascendental en su aspiración para obtener luz verde a la construcción del megaproyecto portuario-minero Dominga, en la Región de Coquimbo. A partir de las 08.30 horas de este miércoles, comienza la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, que analizará el proyecto Dominga, de US$3.200 millones de dólares de inversión, que pretende instalar en una zona de alta biodiversidad y tras una década de tramitación.

Lo hace con el proyecto judicializado y un Gobierno de salida, sin perspectiva de una próxima administración gubernamental amigable y con un ambiente aun más adverso tras el estallido social de 2019, que hizo del ecologismo una de sus banderas. Incluso, de superar esta instancia, a la minera Andes Iron todavía le queda pasar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, instancia que debería agendar la revisión de Dominga en plena campaña electoral.

«Creo que la empresa tiene claro que cualquier resultado político de la próxima elección no va a ser positivo para este proyecto, y que esta es la única pequeña ventana que tienen. Creo que es el último juego de la minera para tratar de sacar el proyecto», apunta Max Bello, asesor de políticas públicas oceánicas de Mission Blue.

De acuerdo a lo que sostienen diversas fuentes de la zona, la convocatoria de la Comisión fue posible tras presiones de la minera y la Municipalidad de La Higuera, liderada por Yerko Galleguillos (UDI), que resultó reelecto estrechamente en los últimos comicios tras vencer a la socialista Uberlinda Aquea.

«Nunca antes un proyecto que estaba judicializado se decidía votar y pasar por encima de la Corte Suprema, esta es la primera vez», grafica Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, en referencia a los recursos de casación pendientes ante el máximo tribunal del país.

Para este miércoles además está convocada una manifestación frente a la gobernación, en la Plaza de Armas de La Serena.

Oposición en la Convención

La minera ligada a Délano enfrenta además una fuerte oposición en la Convención Constitucional, donde el martes varias integrantes por la zona norte se manifestaron en contra del proyecto bajo el lema «No a Dominga».

La convencional por el distrito 5, Jennifer Mella, fue enfática sobre el nuevo avance del cuestionado proyecto.

“Que el Ejecutivo ceda frente a las presiones no es algo antojadizo. La derecha y el Gobierno están tratando de dejar amarrados diferentes proyectos, cuyo desarrollo no va a estar asegurado en un nuevo marco institucional que proteja tanto al medio ambiente como a las comunidades que se ven afectadas por el extractivismo salvaje», aseguró la abogada de Convergencia Social.

«Es inaceptable que, en medio de este proceso de transformaciones y de profundo debate sobre los pilares que construirán el Chile del futuro, se siga recurriendo a esta misma táctica una y otra vez. En este sentido, tanto desde los territorios que representamos como constituyentes electas, como desde la propia Convención Constitucional, haremos frente a estos intentos que pretenden sobrepasar la voluntad de las comunidades y la propia deliberación democrática sobre el nuevo modelo de desarrollo que necesita nuestro país”, enfatizó.

Este martes además hubo señales desde el mundo político. El senador Guido Girardi llamó al Gobierno a evitar que, en el contexto de los dramáticos antecedentes del informe de la ONU sobre los efectos del Cambio Climático (IPCC 2021), permita que se construya el proyecto y se cometa “un ecocidio sin magnitudes en uno de los ecosistemas más valiosos en biodiversidad del planeta”.

Exclusión de gobernadora electa

Debido a un fallo de la Contraloría de julio, la gobernadora regional electa de Coquimbo, la ecologista Krist Naranjo, que se impuso con un 60%, no podrá ser parte de la votación del COEVA, que será encabezada por el exintendente y delegado presidencial, Pablo Herman Herrera.

Recién a mediados de julio, consultado por Dominga, Herman señaló al diario local La Región que «eso está en un área judicial, y si es que se tiene que votar, se consultarán las opiniones», agregando que no había fecha para sesionar.

«El delegado presidencial viene con una instrucción», asegura Van der Meer. Ella señala que tras el fallo de Contraloría se agilizaron las presiones.

«El alcalde de La Higuera fue a solicitar que el proyecto de Dominga se votara. Él siempre ha apoyado abiertamente a Dominga, porque tiene bastante apoyo de la minera hacia el municipio. Para la pandemia distribuían comida, que muchas veces era municipal, con el nombre de Dominga, que también apoyó el comercio local», agrega.

«Es impresionante que un alcalde sea un instrumento de los poderes fácticos de unos pocos en desmedro de una gran cantidad de personas de la comuna», lamentó en la misma línea el documentalista e integrante de la Alianza de Humboldt, César Villarroel.

Van der Meer destacó además que el proyecto se votará con la misma información disponible de 2017, sin datos nuevos. La Municipalidad de La Higuera, consultada por El Mostrador, no quiso referirse al tema.

Respecto de la votación del miércoles, la gobernadora regional precisó que “la votación del miércoles es posible que tenga más un simbolismo político que práctico, porque Dominga está rechazada y aquí se está volviendo atrás en un proceso que tiene un conducto regular, y en que nuestras instituciones deben funcionar. Hoy abordamos esto con pescadores de La Higuera y con representantes de las organizaciones ambientales y sociales, a quienes transmitimos que, como Gobierno Regional, tomaremos las medidas necesarias para proteger la biodiversidad y el ecosistema de La Higuera, Punta de Choros y sus entornos”.

Asimismo, la autoridad regional calificó la citación al COEVA como “apresurada”, además de puntualizar que a través de la Asociación de Gobernadores Regionales se trabaja para tener más atribuciones en este ámbito, en que la Contraloría se manifestó indicando que la presidencia de esta instancia corresponde al delegado presidencial.

“Nosotros creemos que este tipo de atribuciones tienen que pasar por el gobernador o gobernadora regional”, precisó Krist Naranjo.

«Maniobra desesperada»

Para Max Bello, asesor de políticas públicas oceánicas de Mission Blue, este proyecto «nació malo». «La empresa nunca ha podido justificar la construcción en un lugar como el archipiélago Humboldt», señaló.

Bello recalcó que una aprobación sería una señal política «errada» en el momento actual en Chile, «porque ha habido un compromiso del Presidente Piñera en su primer Gobierno de no avanzar en este sentido. Sería un muy mal paso, como la reapertura de las termoeléctricas. Espero que se vote negativamente», sobre todo por parte de las seremis del Medio Ambiente y Agricultura, que incluye a Conaf.

Para la Alianza Humboldt, que agrupa a varias entidades ambientalistas, se trata de una «maniobra desesperada».

“Nos parece que es poco razonable la maniobra que están llevando adelante, porque no corresponde que se haga esta votación mientras estén pendientes los recursos de casación ante la Corte Suprema, los cuales podrían dejar sin efecto de manera inmediata cualquier acuerdo al que llegue la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo”, afirmó Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y abogado de la Alianza Humboldt.

“Este proyecto es nefasto para uno de los ecosistemas más ricos e importantes del mundo y puede significar transformarlo en una nueva zona de sacrificio en Chile, y a pesar de haber sido estudiada por la ciencia de manera extensiva y que ha concluido que este lugar es irremplazable”, afirmó por su parte Matías Asun, director de Greenpeace en Chile.

A su vez, desde Oceana, su directora ejecutiva agregó que “ningún futuro Gobierno aceptará este proyecto, porque hipoteca uno de los ecosistemas más ricos e importantes del mundo”, agregando que “nadie puede avalar la destrucción de este ecosistema en medio de la crisis climática que está atravesando nuestro planeta. Es realmente vergonzoso que en 2021 estemos discutiendo si acabar o no con un hotspot de biodiversidad que es el hábitat de distintas especies de ballenas y del 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt”.

Recursos pendientes

En mayo pasado, pescadores, comunidades de la comuna de La Higuera y organizaciones medioambientales presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema, para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que ordenó un nueva votación del proyecto, pero no revisó si la evaluación ambiental de Dominga se hizo o no de forma correcta, tal como lo ordenó una sentencia anterior del máximo tribunal.

Al respecto, Diego Lillo, uno de los abogados de la Alianza Humboldt, declaró en aquella oportunidad que el 1TA “confundió su función de revisar la legalidad de la actuación del Comité de Ministros, que rechazó el proyecto, con una atribución que no tiene de realizar una evaluación ambiental alternativa de Dominga”.

Costa aclaró también que “cualquiera sea el resultado de la votación en Coquimbo, no significa que el proyecto esté aprobado y que, por lo tanto, pueda construirse, ya que existen instancias de reclamación que usaremos en caso de ser necesario. Esperamos que prime la razón y el delegado presidencial y los seremis no lleven a votación a Dominga».

Alianza Humboldt está formada además por las organizaciones Oceana, Greenpeace, Sea Shepherd, Parley, Chao Pescao, Fundación Terram, Chile Sustentable, ONG FIMA, Defensoría Ambiental, Geute, Ecosistemas, Fundación Jane Goodall, Ayni, Chinchimén, Fundación Relaves, Aula de Mar, Panthalassa, Codesa y C-Verde; junto a agrupaciones de la zona en conflicto coordinadas a través de Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, la cual está compuesta por Defensa Ambiental IV Región, MODEMA y Sphenisco, y más de 100 organizaciones regionales.

Rechazo en 2017

Durante la administración de Michelle Bachelet, el proyecto Dominga fue rechazado en 2017, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como por el Comité de Ministros, porque presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.

El documentalista Villarroel además lamentó que no se aprenda de la experiencia de la cercana mina El Tofo, donde nació el alcalde de La Higuera, que tras más de dos décadas de funcionamiento dejó un lugar en ruinas.

«Era una mina gigante, muy industrializada, con una dársena para los barcos, con un ferrocarril para sacar el hierro. Pero después de su funcionamiento quedó todo lleno de basura. Ahora vas a El Tofo y están los vestigios de un pueblo abandonado, una megaestructura de basura. Lo único que dejó fue basura metálica por todos lados. La comuna no tuvo un salto cuantitativo en desarrollo y sigue siendo un lugar humilde», subrayó.

«Ahora vamos a hipotecar otro lugar por 25 años, cuando estamos hablando de restaurar ecosistemas para evitar una catástrofe» en el contexto del cambio climático, expresó. «Después del estallido nunca pensé que se iban siquiera atrever a presentar estos proyectos, menos de la manera en que lo están haciendo ahora, sin esperar que la justicia determine cuál es el estado de la minera».

¿Cuáles son las expectativas de los ecologistas sobre la sesión de este miércoles?

«Yo creo que se va a aprobar. Ellos ya tienen definidos cuántos votos van a tener», manifestó Van der Meer.

«Creo que (en la minera) saben que ningún otro Gobierno va a aceptar un proyecto así. Igual esta votación no entrega certezas a nadie. Si se aprueba, nosotros reclamaríamos, iría a Comité de Ministros. El problema es que el fallo del Tribunal Ambiental es muy malo y saben que van a perder en la Corte Suprema. Esto es lo último que les queda por hacer: ir con una votación aprobada y otra rechazada para ir equilibrando la cosa», agregó, señalando que en última instancia un avance adicional depende del Presidente, Sebastián Piñera.

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