CULTURA|CIENCIA
Este martes, miembros de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) tienen previsto exponer en la Comisión de Educación de la Cámara Baja sobre la situación. La mayoría de ellos publican en las mejores revistas de ciencias, pero llevan décadas sin contrato, con sueldos precarios.
Una importante cita tendrán este martes los integrantes de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), que representa a unos 800 científicos de Chile y el extranjero.
Las investigadoras Marianela Aravena, presidenta de ANIP, y su colega Carolina Quinteros, tienen previsto exponer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre las problemáticas que los aquejan, entre ellos bajos sueldos, malos tratos e inestabilidad laboral.
“El primer paso que deberíamos dar es colaborar con las y los trabajadores del conocimiento organizados para poder recabar información y datos que hoy no están disponibles para pensar soluciones a sus problemáticas, por eso desde mi equipo estamos en diálogo con la ANIP para trabajar en esta línea y esperamos el apoyo de la Comisión”, afirmó la diputada Emilia Schneider, de Convergencia Social, miembro de la comisión.
La ANIP presentó en octubre un documento público para exponer la situación y ofrecer propuestas para solucionarla.
“En relación a los datos esgrimidos, encontramos que las y los investigadoras/es en postgrado carecen de seguridad social, al momento de desempeñarse en la investigación o docencia vinculada”, es una de las conclusiones.
Los salarios son en promedio similares a quienes tienen los mismos estudios de pregrado, pero sin postgrado, tal como lo indican los datos del censo de los socios de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) en donde se identifica que el rango de salarios mayoritario fluctúa entre $400.000 pesos y $1.000.000, correspondiente a un universo aproximado de un 37% de las y los encuestadas/os (Censo ANIP, 2022).
La ANIP expuso en sus redes sociales testimonios anónimos de científicas y científicos que muestra la cruda realidad de muchos investigadores actuales, especialmente de precariedad laboral, pero también por discriminación sexual o el bajo nivel de las universidades privadas.
“Llevo más de 15 años trabajando a honorarios, me preocupa el futuro, especialmente temas de jubilación y no poder tomar licencia. Tengo fibromialgia y me da miedo de enfermarme de algo peor”, señala uno de ellos.
“Trabajo a honorarios en una universidad privada y la institución no reajusta los sueldos ni siquiera el IPC, desde el 2010, lo que va en desmedro de nuestra actividad laboral. Se ha intentado conversar con las autoridades pero hace caso omiso a las demandas. Por otro lado no contamos con sala de profesores donde podamos descansar, tomar un café o preparar clases”, indica otro.
“Tengo un título, dos magíster y un doctorado, todos financiados con becas y en universidades públicas. Tengo más de 40 publicaciones en revistas indexadas (todas en acceso libre, en revistas gratuitas, fruto de investigaciones financiadas por el Estado y por medios propios) y más de 500 horas docentes en Chile y en el extranjero. Llevo dos años buscando un trabajo contrato a tiempo completo, he participado en muchos concursos públicos y nada… Sigo siendo profe por horas, con varios contratos en distintas casas de estudio. Solo quiero un contrato con derechos laborales. Estoy desesperada”, manifiesta otra científica.
Para la diputada Schneider, la precarización laboral de trabajadores y trabajadoras que producen el conocimiento es un problema real e importante.
“Resulta particularmente grave la informalidad e incertidumbre a la que están sometidos, además de la falta de datos sobre su situación. Esto es síntoma de un problema más grande de la investigación en Chile, su sistema de financiamiento y la lógica de mercado que la rige. Acá hay una responsabilidad de las universidades pero también del Estado, que no tiene una política con mirada de futuro para la investigación. Mantener la precarización laboral y la falta de planificación es seguir perdiendo oportunidades para el desarrollo y la innovación. En este tipo de trabajo también se juega una dimensión muy importante del futuro de Chile, su crecimiento y prosperidad”, aseguró la legisladora.
Sin embargo, también hay testimonios que revelan, por ejemplo, discriminación sexual.
“Lo peor fue en uno de los últimos cursos en los que estuve a cargo -docente a honorarios-, una estudiante me empezó a molestar y explicitar a todo el curso que pertenecía al mundo de las disidencias sexuales, todo con el fin de cuestionar mis clases. Avisé la situación al directorio a cargo de la carrera, ya que me sentí vulnerable. Me dijeron que hiciese un informe, pero no me sentí en condiciones emocionales para hacerlo, pero explicité que las clases estaban grabadas y podían revisarlas y ver lo acontecido. Al final no se hizo nada en la universidad y no me volvieron a llamar para realizar clases”, lamenta.
Asimismo, hay quejas por el bajo nivel de las universidades.
“Siempre me llama la atención las faltas de respeto que terminan siendo avaladas por la universidad, dejando al docente desprotegido. En una clase, se generó un debate con una estudiante que se negaba a aceptar que se le baje la nota por entregar un trabajo fuera de plazo; incluso amenazó con demandar a la universidad y a otra compañera que intentaba dialogar con ella. En otro episodio, algunas estudiantes confesaron que estudiaban por obligación de sus padres y sin interés por la carrera, como forma de justificar sus conversaciones en clases, donde nunca obedecían ante mi insistencia que guarden silencio […] Estas y otras situaciones similares fueron reportadas a mis superiores. Nunca me sentí acompañada ni defendida. Los estudiantes aludidos jamás recibieron algún tipo de sanción. La universidad ya no disimula la venta de títulos universitarios por sobre la formación de profesionales íntegros, con ética, que aporten a la sociedad. Mi palabra no pesa porque soy docente honorario”.
La Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Carolina Gainza Cortés, asegura que abordar la situación laboral de investigadores e investigadoras es parte del programa de Gobierno “y desde el Ministerio de Ciencia lo asumimos como una tarea prioritaria en nuestra gestión”.
“En primer lugar, creemos que buena parte de la problemática que plantea esta campaña de ANIP en redes tiene un evidente componente de género. Es por eso que para realizar propuestas transversales e integrales debemos partir considerando esta dimensión. Por otra parte, la situación de inestabilidad laboral y la búsqueda de mejores condiciones laborales están incorporadas en el Plan Mejor Trabajo en Investigación que presentaremos en los próximos meses”, anticipó.
Añadió que el trabajo en la actualización de la Política de Género y su plan de acción, y el Plan Mejor Trabajo, son fruto del diálogo e intercambio con distintos actores del ecosistema CTCI.
“La Política de Género y su plan de acción está articulada con el Plan Mejor Trabajo en Investigación, donde establecemos acciones que se hacen cargo, en el corto, mediano y largo plazo, de las problemáticas que evidencia esta campaña. Lo hacemos con responsabilidad, utilizando la mejor evidencia disponible, y con el compromiso de avanzar en un trabajo justo en el ámbito de la CTCI”.
Marianela Aravena explica que “estamos sobre problemáticas ya de carácter transversal en los trabajadores de esta área”.
“Más allá de eso hemos explicitado relatos que apuntan principalmente al trabajo que se ejerce en la docencia honorario, en los cuales cuando hay problemas mayores o conflictos que evidencian los trabajadores no los vuelven a llamar a ejecutar curso. Por otro lado están los problemas de inserción laboral o de inestabilidad laboral, ya que hay muchos trabajadores del conocimiento que plantean que han estudiado, han sacado todos sus títulos, grados, que han ejercido varios años de docencia y aún así no logran encontrar un contrato de trabajo para ejercer sus labores académicas”, añade.
“Da lo mismo el nivel académico que van teniendo los trabajadores del conocimiento e investigación, ya lo que de alguna manera a todos los incluye es que están viviendo con precarización y eso es en toda la etapa de la carrera académica incluso con posterioridad al doctorado”, advierte.
Por otro lado, explicó la necesidad de hacer una encuesta a un universo mayor de trabajadores del conocimiento, por ejemplo, para saber cuántos doctorados hay en Chile realmente. “Se han hecho estudios, pero necesitamos saber el universo total, porque cada vez somos más y también es necesario saber cuántas personas están teniendo posgrado, no tan solo doctorado”.
También apuntó a cambiar los marcos regulatorios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), donde a su juicio se podrían integrar al mismo directorio representantes de los estudiantes de posgrado.
Desde el Ejecutivo aseguran que hay una comunicación permanente y por distintos temas con los diversos grupos de investigadoras e investigadores. “En particular, en el marco de la actualización de la política de género y la elaboración del plan mejor trabajo en investigación, trabajamos con distintas actorías y organizaciones de investigadores e investigadoras”.
Asimismo, la subsecretaria explica que para la realización del Plan Mejor Trabajo, fueron convocadas nueve organizaciones de trabajadores en investigación: Asociación Red de Investigadoras, Más Ciencia Para Chile, Asociación Nacional de Investigadores en postgrado, Asociación de investigadores de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, Red de Investigadores en Educación Chilena, Ciencia presente en la Sociedad, Red de Filósofas Feministas, Redes Chilenas de Investigación y Red Feminista de Ciencias Sociales.
Asimismo, recientemente terminó el trabajo de actualización de la Política de Género que se dará a conocer en las próximas semanas. Esto implicó la generación de institucionalidad, mesas de género en las cinco macrozonas que mantiene este ministerio (todas formalizadas por Resolución) lo cual permitió comprender las desigualdades de manera situada (desde los territorios y en voz de sus representantes). En total, alrededor de cien personas participaron en estas mesas.
Además, y a través de los proyectos InES de Género que son un instrumento concursable que se entregan desde ANID y que están orientados a fortalecer la institucionalidad de género de las universidades en el ámbito I+D+i+E (investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento) “tenemos contacto estrecho con los 28 proyectos en ejecución (15 estatales y 13 privadas) lo que nos ha permitido generar una red potente que como ministerio impulsamos y visibilizamos para avanzar en disminuir las brechas y las desigualdades estructurales de género en las universidades”.
Para la diputada Schneider, falta una política seria y planificada para la investigación en Chile, y eso implica, a su juicio, cambiar la lógica competitiva e individualista de su financiamiento por una lógica colaborativa, al servicio de las necesidades del país y que formalice este trabajo en las universidades y centros de investigación.
“Es fundamental que empecemos a discutir y democratizar la toma de decisiones sobre recursos que se invierten para el futuro y desarrollo de Chile, no puede ser un criterio particular, necesitamos priorizar el bien común para investigar estratégicamente. Y para abordar dentro de esta discusión las condiciones laborales, necesitamos información sobre la situación actual de las y los investigadores”, expresó, en concordancia con la presidenta de la ANIP.
Desde el Ministerio, en tanto, señalan que en cuanto a las soluciones consideran crucial integrar la perspectiva de género.
“Son las mujeres y las diversidades sexogenéricas las que padecen las desigualdades históricas que están contenidas en la mayoría de los relatos que se presentan en la campaña de ANIP. Somos conscientes de la existencia de asimetrías de poder en el sistema CTCI y que afectan las trayectorias de las personas, especialmente de las mujeres”, admitió Gainza.
“Desde 2022 estamos estableciendo medidas para que todas las personas que trabajan en el ámbito de la investigación -personal técnico, personal de apoyo, investigadores- puedan desempeñarse en ambientes libres de violencia y en condiciones de trabajo decente. Esto implica un trabajo colaborativo, intersectorial en el que nuestro ministerio, el de trabajo, educación y las propias instituciones de educación superior están comprometidas con implementar acciones específicas desde su propio ámbito”, expresó.
El Plan Mejor Trabajo en Investigación, que se presentará durante el primer semestre de este año, considera las atribuciones del MinCiencia y los lineamientos de gobierno: trabajo decente, igualdad de género y desarrollo sostenible. El objetivo es crear condiciones favorables que proporcionen un marco de acción en las instituciones y sistema CTCI para mejorar las condiciones de las y los trabajadores de conocimiento, al tiempo que ampliamos las oportunidades laborales para los profesionales de la CTCI, tanto en la academia como el sector privado y público, afirmó la autoridad.
Y aseguró que dentro de las últimas medidas tomadas, en febrero de este año se ofició a ANID para que incorpore los lineamientos de la ley 21.369 y la 21.643 (cuando comience a entrar en vigencia) en sus concursos y que las instituciones que patrocina el Ministerio (IES y Centros de investigación) puedan prevenir abuso y acoso laboral y sexual).
