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Confianza rota

por 8 mayo, 2019

Confianza rota
Fue necesario recordarle al fiscal Abbott que, al momento del abuso, nuestra edad no superaba los 10 años. Agradezco a James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Murillo, Helmut Kramer, Silvana Bórquez y Jaime Concha, porque, a pesar de lo paradójico, lograron ejercer la presión suficiente para que la ya alicaída Fiscalía echara pie atrás en mantener este convenio. ¿Por qué digo paradójico? Porque es sabido que, para nosotros y por el tiempo transcurrido, la justicia nunca llegará, pero aún así se mantienen estoicos para que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país ya no estén desamparados.
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Hace muy pocos días nos enteramos de un acuerdo de cooperación que el Fiscal Nacional firmó con la Conferencia Episcopal, que, si bien ya fue dejado sin efecto, igual instaló un manto de dudas concerniente al real interés de la Iglesia católica por el esclarecimiento de la verdad, una que ha tenido que ser arrancada por la fuerza jurídica, la misma que se transó al mejor postor con ellos.

Sin duda que es sorprendente cómo el ente persecutor logró firmar un acuerdo de cooperación con quienes están siendo investigados por abusos sexuales y no ha sido capaz de realizar un acuerdo de apoyo en el esclarecimiento y búsqueda de justicia para nosotros, las víctimas. Ni uno solo de nosotros fue invitado por Jorge Abbott o la Conferencia Episcopal para ser parte de la redacción de ese acuerdo, por lo que quedó claro que no era más que una forma potente de marcar superioridad ante quienes fuimos abusados sexualmente en nuestra infancia.

¿Habrá leído el Fiscal Nacional las declaraciones de defensa férrea que espetó Celestino Aós, defendiendo el secreto de confesión, amparándose en este para continuar con el silencio sepulcral que ha condenado a cientos de víctimas?

Por suerte en el Congreso avanza, en su segundo trámite constitucional, el único haz de luz en pos de cambiar el sistema que por décadas ha favorecido a abusadores escurridizos como los de la Iglesia, pues la imprescriptibilidad vendría de una vez por todas a dar la posibilidad de encontrar al abusador sin importar el tiempo que este se encuentre escondido y, sí o sí, la ley tendrá la obligación de ejercer su peso.

Esto sin duda enloda la confianza que muchos denunciantes tuvieron en nuestro sistema judicial, y haber mantenido vigente este acuerdo habría significado para las víctimas una clara falta al debido proceso. Mientras, los victimarios –amparados en la fe y el acuerdo– habrían recibido salidas alternativas, quedando, una vez más, sin ningún tipo de castigo. Pero por fin la Iglesia ha recibido una gran derrota y si realmente tiene capacidad de reflexión, entonces entenderá que la buena fe de toda una sociedad no puede ser subestimada y que ya es hora de pensar distinto a los militares respecto al esclarecimiento de la verdad. Que aquel delictual pacto de silencio, que ha mentido oculto a los abusadores, debe terminar.

Me da la impresión que el accionar de la Iglesia católica no era más que una señal de amedrentamiento para las víctimas, a través de la influencia que trató de ejercer con la Fiscalía. Quisieron decir que estaban por encima de la ley y casi lograron su objetivo.

Hasta el mismísimo ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que intervendrían el acuerdo en vez de decir que apoyaría el dejarlo sin efecto. Para mí, como víctima, fue un duro golpe que la autoridad amparase el abuso y defendiera de cierto modo a la Iglesia, pero al recordar la macabra historia de Colonia Dignidad no demoré en encontrar que, en su momento, nuestro ministro de Justicia fue un férreo defensor de Paul Schäfer, condenado por abusos sexuales de 26 niños, además de torturas en la época de la dictadura.

¿Puede así una víctima confiar en el sistema judicial?

Resulta incomprensible cómo una vez más la Iglesia católica usó artimañas de dilación para lograr blindarse y así no ser perseguida, disfrazando su silencio con una dudosa cooperación. Es sabido –jurídicamente hablando– que quien no es interviniente en una causa, no puede tener acceso a información referente a una determinada investigación. Entonces, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que la Conferencia Episcopal haya querido exigir información respecto a las investigaciones si no es parte en los procesos? ¿Quería acaso ir un paso a delante del denunciante y buscar estrategias de defensa?

Esto sin duda enloda la confianza que muchos denunciantes tuvieron en nuestro sistema judicial, y haber mantenido vigente este acuerdo habría significado para las víctimas una clara falta al debido proceso. Mientras, los victimarios –amparados en la fe y el acuerdo– habrían recibido salidas alternativas, quedando, una vez más, sin ningún tipo de castigo. Pero por fin la Iglesia ha recibido una gran derrota y si realmente tiene capacidad de reflexión, entonces entenderá que la buena fe de toda una sociedad no puede ser subestimada y que ya es hora de pensar distinto a los militares respecto al esclarecimiento de la verdad. Que aquel delictual pacto de silencio, que ha mentido oculto a los abusadores, debe terminar.

Este acuerdo intentó mermar cualquier posibilidad de recibir una reparación través de un proceso jurídico limpio y transparente. Ese convenio doblegó a la justicia, aquella que muchos de nosotros estamos lejos de conseguir, dado el negacionismo de cooperación en el que la Iglesia constantemente cae.

Este acuerdo también lo firmaron los schoenstattianos, quienes mantuvieron hasta último minuto escondido a Francisco José Cox, a pesar de estar en conocimiento de las aberraciones que este endemoniado ser practicó durante décadas contra niños.

Les digo, el tiempo de la dominación, de la manipulación de conciencia, está llegando a su fin, el tiempo de vanagloriarse de sus influencias está por terminar. Esta Iglesia desesperada ya está en agonía.

Lo lamentable es que una vez más en este país, nosotros, las víctimas, estuvimos obligados a exponernos públicamente con tal de bajar este convenio, mientras que nuestro depredador sexual, por el solo hecho de vestir una sotana, cuenta con protección absoluta y lo avala la prescripción legal por la que, de cumplir su tiempo escondido, consigue la ansiada libertad a través de la impunidad.

Fue necesario recordarle al fiscal Abbott que, al momento del abuso, nuestra edad no superaba los 10 años. Agradezco a James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Murillo, Helmut Kramer, Silvana Borquez y Jaime Concha, porque, a pesar de lo paradójico, lograron ejercer la presión suficiente para que la ya alicaída Fiscalía echara pie atrás en mantener este convenio. ¿Por qué digo paradójico? Porque es sabido que, para nosotros y por el tiempo transcurrido, la justicia nunca llegará, pero aún así se mantienen estoicos para que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ya no estén desamparados.

Más dudas se tejen al enterarnos que el fiscal Emiliano Arias, días antes de la firma del acuerdo, informó a Abbott acerca de las formalizaciones que se acercaban en contra de sacerdotes acusados de abusos. Sin duda que nuestro mundo pareciera ir al revés y nuestro sistema judicial, que tantas garantías dice respetar, va de mal en peor.

La tarea más difícil es la que se le avecina a Jorge Abbott: la de recuperar la confianza perdida de todo un país, pues hizo un pacto faltando a la buena fe de todos los ciudadanos que creíamos en el Ministerio Público, intentando llegar a un acuerdo de justicia con la misma injusticia.

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