Pasó la hora del perdón, llegó el momento de la responsabilidad

Es difícil entender que las máximas autoridades del Gobierno pidan perdón por no haber notado el descontento social y, acto seguido, se nieguen a reconocer la responsabilidad política que les compete en lo sucedido. Igualmente incomprensible es la invitación a la alta comisionada de derechos humanos a revisar si en Chile se violan esas garantías fundamentales ¿Acaso el Presidente no sabe que desde hace una semana se están violando esos derechos?  ¿No se enteró de que en los tribunales se acumulaban hasta el jueves cinco querellas por homicidios a manos de agentes del Estado, denuncias por casi 600 heridos por armas de fuego de la policía y los militares –17 en peligro vital- y ocho acciones legales por abuso sexual de los responsables de orden y la seguridad?

Supongamos que la ciudadanía acepta el perdón por la indolencia de sus representantes frente a la galopante desigualdad cultivada durante los últimos 30 años ¿Eso significa que llegó la hora de restablecer el orden? ¿ese orden que nos llevó al actual estallido social?

Imaginemos que chilenos y chilenas se contentan con el esfuerzo fiscal anunciado el martes que eleva las pensiones básicas en un 20%, pensemos que se sienten tranquilos con el 14% de incremento del salario mínimo. Creamos en que celebran que el costo de la locomoción permanezca igual que hace dos semanas y también el de la electricidad, porque el Estado ha tenido la generosidad de subsidiar a las empresas eléctricas –con nuestros impuestos por cierto- para que no suban las tarifas.

Pensemos además que las personas consideran razonable que sus representantes no se sientan responsables del descontrol del orden y la seguridad, ni que el Gobierno tenga ninguna explicación que dar por estar desbordado ante los saqueos y la destrucción de la propiedad pública.  Claro, las personas deben entender que no es el Estado, no es su policía, no son sus FFAA las que tienen que garantizar el orden, ni tampoco las autoridades políticas que los mandan.

-¡Ciudadanos, les dicen, ¡exíjanle respuesta a ese poderoso enemigo criminal, concertado desde hace tiempo -sin que ningún organismo de inteligencia lo advirtiera- o vayan donde los dictadores de Cuba y Venezuela, para que se hagan responsables de instigar la violencia!

– Pueblo de Chile: ¡haga turnos en las noches para su autodefensa, detenga y linche a quienes ustedes crean que están delinquiendo! ¡porten sus pistolas y protejan sus establecimiento comerciales!

Eso no va a resultar.

Los y las representantes deben entender que fue la Constitución Política -y su Estado subsidiario- el que entregó al mercado la responsabilidad de proveer recursos y servicios básicos. Por lo tanto, tenemos que concluir que esa misma Constitución no corregirá el despojo de los derechos sociales. Ya fracasó.

De igual manera, se hace necesario explicar a nuestra elite política que las actuales instituciones democráticas son las que enfadaron a las personas, por su corrupción, su encapsulamiento y su ceguera frente al malestar. Por lo tanto, no hay salida posible si no son capaces de transformarse, renovarse y depurarse.

Finalmente, tampoco tendremos salida a esta crisis si el gran empresariado sigue eludiendo impuestos; sigue exigiendo reintegración; sigue evadiendo la competencia del mercado; mantiene el statu quo sin innovación, sin creatividad y sin productividad.

No veremos luz al final del túnel si los inversores de empresas de servicio se rehúsan a flexibilizar los contratos de sus concesiones de monopolios naturales. Eso significa aceptar rentabilidades a nivel OCDE, es decir 5 o 6 por ciento, en lugar del 10 a 12 que le garantiza nuestro país.

En suma, no se puede seguir transfiriendo a la ciudadanía la responsabilidad de resolver esta crisis. Ella hizo suficiente. Es hora de la elite, es tiempo  de leer y hacerse cargo de las consignas multitudinarias que se entonan en la calle: no más abuso, no mas desigualdad, no más militares en la calle.