viernes, 10 de julio de 2020 Actualizado a las 22:59

OPINIÓN

Autor Imagen

El Congreso y su presente griego

por 4 junio, 2020

El Congreso y su presente griego
Que el Consejo de la Alta Dirección Pública termine dictaminando una reducción de un 10 o 15 por ciento mensual de la dieta, para tranquilizar a las redes sociales, no hace demasiado sentido. Ojalá proponga el mínimo posible. Tiene entre manos un problema que es mucho más político que técnico, aunque la redacción de la reforma constitucional haya buscado darle en las formas este último matiz, una suerte de gatopardismo inteligentemente redactado. No me gustó para nada esta reforma constitucional. Parlamentarios legislando sobre sí mismos, demostró una vez más no tener valor alguno.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

Recientemente fui convocado por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) para dar mi opinión sobre la tarea que le encargó el Congreso, a través de la reciente reforma constitucional: bajarles la remuneración a los parlamentarios y ministros. Aquí resumo lo que expresé.

La reforma constitucional recientemente aprobada me parece errónea y hecha para satisfacer a las redes sociales más que a las necesidades del Estado. Es, además, potencialmente dañina.

Se le pide al CADP que haga un trabajo “técnico”, cuando en realidad lo dejaron en un dilema político, en el cual está teniendo que “sacar las castañas con la mano del gato”. Mi mayor deseo es que, en esta situación complicada, tengan la sabiduría como para minimizar los daños al Estado y al propio consejo, antes que cualquier otro resultado.

El origen político de esta ley fue la queja de una parte de la ciudadanía y algunos diputados, respecto a las elevadas remuneraciones y asignaciones... recalco: asignaciones de los parlamentarios y no de los ministros. Circuló en los medios y redes sociales una gráfica que compara la remuneración parlamentaria en relación con el ingreso per cápita de diferentes países de la OCDE, en la que, obviamente, Chile sale muy mal parado.

Si bajan muy poco las dietas, quedarán incinerados en las redes sociales y la opinión pública. Si las bajan mucho, harán grave daño al Estado, no solo por la labor de los parlamentarios, sino por las repercusiones en el resto de los salarios públicos, partiendo por los ministros, que por Constitución deben ganar lo mismo que un parlamentario y eso no lo reformaron. De ahí para abajo, entonces... subsecretarios, intendentes, gobernadores y los cargos más hacia abajo que a ellos reportan. Incluso la descentralización podría resultar damnificada, cuando lo que necesita Chile son gobiernos regionales altamente profesionalizados.

Si se hubiera graficado con el mismo parámetro el ingreso de los médicos de clínicas privadas o de los ingenieros de minas, el resultado habría sido igual o tal vez peor. Chile tiene una espantosamente mala distribución del ingreso, pero eso no significa que, dentro de la realidad chilena, los parlamentarios con su dieta de aproximadamente 7 millones líquidos estén excesivamente sobrepagados, si se les compara con actividades de igual responsabilidad social o privada. Sé que lo que estoy diciendo es impopular y que me van a destrozar en las redes sociales, pero a mi edad puedo y debo decir lo que me parece.

Por dar una idea, un médico especialista en las clínicas privadas, un abogado de bufetes conocidos o un director de grandes empresas, gana 3 o 5 veces lo que gana un parlamentario o ministro y ninguno de esos trabajos acarrea más responsabilidades, comparativamente hablando. Se subentiende que un cargo político de ministro o senador tiene otros beneficios intangibles, que suelen expresarse en mejores remuneraciones futuras, pero de ninguna manera como para equiparar estas enormes diferencias.

El ingreso per cápita del promedio de los 180 mil hombres, mujeres y niños del 1% más rico de Chile, si se computan las ganancias de capital, es de aproximadamente $180 millones mensuales para una familia de cuatro. ¡$180 millones mensuales! Un pésimo, detestable y obsceno dato, pero es la realidad.

Estamos obviamente en una crisis de representación nacional e internacional y de desprestigio de la función parlamentaria y política, pero eso no significa que haya que remunerar menos a los parlamentarios, sino que los ciudadanos debemos elegirlos mejor.

El problema de las asignaciones parlamentarias

Asunto diferente son las asignaciones del orden de 22 millones mensuales para senadores y 11 para diputados. Hace algunos años, muchos de estos recursos iban a parar directa o indirectamente al bolsillo de algunos parlamentarios, sus familiares o a sus campañas políticas.

Sin embargo, eso está hoy más controlado por un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. El Congreso no le encargó a la ADP abordar las asignaciones, pero en la mente del público esta sigue siendo una remuneración parlamentaria, lo que causa mucho enojo, aunque hoy pertenezca al espacio de las fake news que motivaron esta reforma constitucional.

Hoy, en una exótica defensa corporativa, algunos de ellos decidieron que, si se han de hundir salarialmente, mejor que se hundan todos incluso en el Ejecutivo y, de esta manera, en una de esas, no se hunde ninguno. Ese es el presente griego de carácter gatopardesco que le ha encomendado el Congreso al CADP.

El dilema del CADP

Si bajan muy poco las dietas, quedarán incinerados en las redes sociales y la opinión pública. Si las bajan mucho, harán grave daño al Estado, no solo por la labor de los parlamentarios, sino por las repercusiones en el resto de los salarios públicos, partiendo por los ministros, que por Constitución deben ganar lo mismo que un parlamentario y eso no lo reformaron. De ahí para abajo, entonces... subsecretarios, intendentes, gobernadores y los cargos más hacia abajo que a ellos reportan. Incluso la descentralización podría resultar damnificada, cuando lo que necesita Chile son gobiernos regionales altamente profesionalizados.

Hay además una posibilidad, por los apretados plazos estipulados en esta reforma, que estas decisiones perduren no por noventa días, sino por nada menos que cuatro años hasta el subsiguiente Gobierno, lo cual hace aun más delicada la situación.

Además, no es razonable que un senador gane lo mismo que un diputado, pues sus responsabilidades y requisitos del cargo son diferentes. Tampoco tiene ninguna lógica que los ministros del Interior y de Hacienda ganen lo mismo que un senador o diputado, ni tampoco que ganen lo mismo que el ministro de Bienes Nacionales o el de Ciencia y Tecnología. Son salarios homogéneos para responsabilidades heterogéneas.

Pero, además, si como consecuencia indirecta de esta reforma por la reducción de salarios de los subsecretarios, se tuviera que rebajar la remuneracion a los directivos seleccionados por la ADP, eso sería un golpe demoledor a este sistema que tanto trabajo ha costado afianzar. Quiero ser enfático en este punto: lo que se requiere hacer con muchos salarios ADP es aumentarlos y no disminuirlos.

La figura del subsecretario es clave en este problema, pues constituye el pivote entre los cargos políticos y los cargos técnicos. Bajarles la remuneración puede detonar una reacción en cadena hacia abajo entre los directivos seleccionados por ADP, por mucho que la reforma reciente los excluyó explícitamente. Por dar una idea, el director del Hospital de La Florida, cuya inversión fue de nada menos que US$150 millones y que está en este momento luchando en condiciones desesperadas por la vida de los chilenos, gana $4.7 millones líquidos, mientras que un médico radiólogo en el sector privado gana $7 millones y un cirujano general más de $20 millones mensuales.

Los directores de escuela, cargos también ADP, ganan hoy menos que muchos profesores del sector público, lo cual es un verdadero tiro en el pie a la reforma educativa, que muy pocos mencionan. Asimismo, sería grave que se vieran afectados muchos contratos de honorarios altamente especializados, por ejemplo, en tecnologías de información, derecho penal o ingeniería.

Recomendaciones al CADP 

Después de esta diatriba, los lectores se estarán preguntando cuál consejo concreto pude ofrecerle al CADP, dado que la ley es la ley y que no hay nada que ellos puedan hacer al respecto.

Aun así, les di una primera sugerencia. El CADP tiene una gran ventaja y responsabilidad: poder darse el lujo de hacer un “téngase presente” público sobre el origen y la complejidad política de la tarea que se les encomendó. Tienen la suficiente autonomía como para aclararle a la ciudadanía los dilemas a los que están sometidos.

Segunda sugerencia. Como criterio general, les sugerí definir las reducciones salariales mínimas posibles en lo que a dieta o remuneración ministerial se refiere. Es preferible que al CADP lo crucifiquen en las redes sociales, a que estas reducciones tengan impactos graves y duraderos en el funcionamiento del Gobierno. Si de mi dependiera, las reduciría en un 1%, para dar una señal fuerte y clara: no les debieron haber encargado esta tarea o, al menos, no de esta manera.

Tercera sugerencia: una excepción. Hay algunos cargos, en el ámbito de las asesorías de honorarios, contratas u otros casos puntuales en diversos ministerios y servicios, que están efectivamente sobrepagados. Eso exigirá la tediosa tarea de revisarlos uno a uno, pero estoy seguro que el staff y los expertos de la dirección del Servicio Civil, ya muy familiarizados con el sector público y sus remuneraciones, podrán hacerles una propuesta preliminar sujeta a su aprobación final, de manera expedita.

Recomendaciones para el Congreso

Tres sugerencias no solicitadas para el Congreso, antes que para el consejo. La primera sería reformar rápidamente la restricción constitucional que iguala remuneraciones de diferentes ministros y de diferentes parlamentarios, y encargarle a este consejo realizar esos ajustes, dando además un mayor plazo a su tarea. Un mes es insólito.

Se han construido dos mitos, que todos damos por aceptados, simplemente porque sí: el de la horizontalidad forzada de remuneraciones que recién mencioné, entre todos los ministros y parlamentarios, pero también el de la verticalidad. Este último supone que debemos respetar en el Gobierno las normas de las Fuerzas Armadas: a mayor rango, mayor remuneración. No tiene por qué ser así.

A lo mejor el cargo de director de Sernageomin debe ser ocupado por un gran experto en geofísica, cuyo ingreso sea aun mayor que el del ministro de Minería. Si hubiéramos decidido hace años que el director de Onemi debe ser un experto en logística de clase mundial, con salario compatible con esa experiencia, a lo mejor nos hubiéramos ahorrado la tragedia del tsunami del 2010. Otro ejemplo: si el responsable de implementar el Transantiago hubiera sido un gerente de proyectos complejos, de envergadura internacional, es muy posible que nos hubiéramos ahorrado cientos o tal vez de millones de dólares, así como las penurias de los ciudadanos que hemos sufrido por este sistema.

Los mitos de la horizontalidad y verticalidad salarial corresponden a un Estado del siglo XI para desafíos del Siglo XXI.

Asimismo, es deber del Congreso y no del consejo, transparentar totalmente el tema de las asignaciones, fuente potencial de dispendio y/o financiamiento inadecuado de la política dos o tres veces mayor que el tamaño de las dietas. Si hay o no gastos inadecuados, no me corresponde ni sabría qué decir, pero queda un respetable margen de dudas.

Sería ideal que un ente plenamente externo al Congreso, no el Comité de Asignaciones, las revise cuenta por cuenta, parlamentario por parlamentario y se le informe a la ciudadanía el resultado. Si son gastos pertinentes, bienvenidos sean y, si no, que se sancione lo necesario y se ajusten una vez más los mecanismos de control. Este Comité de Asignaciones debiera tener un grado de independencia sustantivamente mayor respecto al Congreso, de manera permanente, si es que el velo de desconfianza ciudadana se quiere levantar completamente.

Por último, parece incomprensible que la labor parlamentaria no tenga exigencia de exclusividad. Esto data del siglo XIX, cuando los terratenientes eran parlamentarios por hobby. Según un reportaje del 2015, hay “parlamentarios dueños de empresas agrícolas y de transportes que integran las comisiones que legislan en esos rubros, diputados y senadores que administran sus negocios, otros prestan asesorías y no tienen la actividad legislativa como función exclusiva”. Si estas irregularidades persisten hoy, no tengo cómo saberlo. La Comisión Engel propuso el 2015 la exclusividad de la función parlamentaria y todavía no se legisla, aunque estaba y espero que todavía esté en los planes del actual Gobierno. Esto es bastante más importante y transparente que las dietas, está estrictamente relacionado con ellas y esta reforma de pacotilla no lo abordó.

Para cerrar

Como puede verse, frente a estos macrotemas regulatorios, que el CADP termine dictaminando una reducción de un 10 o 15 por ciento mensual de la dieta, para tranquilizar a las redes sociales, no hace demasiado sentido. Ojalá propongan el mínimo posible.

El consejo de la ADP tiene entre manos un problema que es mucho más político que técnico, aunque la redacción de la reforma constitucional haya buscado darle en las formas este último matiz. Una suerte de gatopardismo inteligentemente redactado.

No me gustó para nada esta reforma constitucional. Parlamentarios legislando sobre sí mismos, demostró una vez más no tener valor alguno.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director

La otra ola

Envíada por Juan Pablo Scarella Larraín | 9 julio, 2020

Cartas al Director

Noticias del día

TV