A ordenar el naipe

Ordenar el naipe, o sea, la baraja: eso es lo que se debe esperar de la nueva mesa de la Convención Constitucional que será elegida el martes 4 de enero. En rigor, la Convención no es una baraja ni cada constituyente una carta, pero lo que se quiere decir es que la mesa tendrá una gran responsabilidad para colocar las cosas dentro de la Convención de acuerdo con el plan que ella tiene y que se expresó en un cronograma para los próximos 6 meses. Al cabo de este tiempo, la Convención tendrá que presentar al país una propuesta de nueva Constitución para que sea finalmente el pueblo el que, convocado a las urnas, apruebe o rechace el texto que se le proponga.

Así es como funcionan las cosas en un proceso de cambio constitucional que se realiza con sujeción a las reglas de la democracia y no a las órdenes de algún dictador que, vistiendo uniforme regular o verde oliva, busca imponer su voluntad a un conjunto de ciudadanos temerosos que concurren a un plebiscito organizado solo para que confirme la voluntad del mandatario. “Metas, no plazos”, ese es el lema de las dictaduras y de gobiernos autoritarios, mientras que, al revés de eso, la Convención, que tiene una meta que cumplir, debe llegar a esta en un plazo determinado, sin que esté en su mano poder extenderlo según su gusto o necesidades.

Es por eso que la nueva mesa de la Convención, quienes sean los y las que la integren, tendrá que mostrar la determinación, la persistencia y el ascendiente suficiente para agilizar el trabajo del organismo y conseguir que el cometido de las actuales 7 comisiones temáticas se lleve a cabo de manera coordinada –mejor aún, articulada– y dentro de los tiempos que corresponden.

Cuando los constituyentes decimos una y otra vez que este es un momento histórico, lo que queremos señalar es que se trata de un momento de enorme responsabilidad, y no solo para la nueva mesa, sino para cada constituyente y los distintos colectivos o grupos que se han formado al interior de la Convención. Partidismo político, filiaciones sociales o culturales específicas, apoyo u oposición al próximo Gobierno, futuras carreras políticas de algunos constituyentes que hoy los empujan a la incontinencia verbal y búsqueda de exposición mediática, autoestimas personales elevadas, sueños de grandeza, todo eso, que puede entenderse perfectamente en el plano humano, tendría que empezar a ceder en favor de lo que realmente cuenta en esta experiencia inédita en la historia de Chile: una Constitución gestada, desde su inicio, por vías democráticas e institucionales.

Sentido histórico no puede ser otra cosa que sinónimo de responsabilidad, hasta el punto de que, especialmente a partir de ahora, lo que verdaderamente importa no es quiénes somos cada uno de los 155 constituyentes, sino dónde y para qué estamos. ¿Dónde? En una Convención Constitucional y no en cualquier otro espacio público. ¿Para qué? Para debatir, acordar y presentar al país una propuesta de nueva Carta Fundamental. Si no tuviéramos éxito en esa tarea, incluido el resultado del plebiscito de salida, no podremos culpar a nadie más que a nosotros mismos: ni al Gobierno actual que agoniza, ni al siguiente que acaba de nacer, ni a la pandemia, ni a medios de comunicación que no miren con buenos ojos el proceso en que nos encontramos, ni tampoco a un complot de las elites que se sienten amenazadas por una futura Constitución que será socialmente más justa que aquella que empezó a regir en 1980.

La nueva Constitución, una vez escrita, tal como nos pasó la reciente medianoche del 31 de diciembre, debería ser ocasión para un abrazo entre chilenos que con diferentes creencias, ideas, maneras de pensar, modos de vida, interpretaciones del pasado, planteamientos sobre el futuro e intereses –todo lo cual es propio de una sociedad abierta–, quieren permanecer juntos y en paz, sin que ningún sector crea tener derecho a imponerse a los demás en uno o más de los aspectos recién señalados. Por tanto, la nueva Constitución no será probablemente del gusto completo de nadie, si bien todos podremos ver en ella un conjunto de instituciones, principios y reglas en cuyo marco será posible llevar existencias dignas, o sea, valiosas tanto individual como colectivamente, de acuerdo a la autonomía, opciones y preferencias de personas libres que se resisten a cualquier proyecto que haga de ellas un conjunto homogéneo y dócil.

La nueva Constitución, ya más o menos a la vista en algunos de sus aspectos, no acabará con los inevitables desacuerdos propios de la vida en sociedad, pero permitirá que los procesemos como habitantes de una casa común, que desean continuar viviendo juntos y que entienden también que es mejor que los desacuerdos no se transformen en conflictos, proveyendo para el caso de estos últimos las instancias, reglas y procedimientos que permitan darles un curso pronto, pacífico y eficaz.

Lo sabemos de sobra: las cosas siempre pueden salir mal o no todo lo bien que se quisiera, pero que ocurra eso, o bien algo mejor, no es algo que esté escrito en el cielo o responda a alguna fatalidad histórica. Que ocurra finalmente lo uno o lo otro, depende de nosotros y, en este caso, de poco más de un centenar y medio de constituyentes, que, sin pasar por alto a la base social del país, no podemos olvidar que somos representantes mandatados por esta con un objetivo bien preciso.

Entonces, tenemos que ordenar mejor el naipe.