NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Agencia UNO
Constituyentes como Elisa Loncon en la Región Metropolitana –la zona que concentra mayor población perteneciente a pueblos originarios– y Adolfo Millabur en la Región del Biobío, ya han iniciado el trabajo de difusión del texto constitucional. Distintos convencionales coinciden en que, tras medir la temperatura, han encontrado en las comunidades indígenas muchas dudas. Aseguran que desde el 5 de julio –día en que concluye la labor de la Convención– comenzarán un trabajo intenso para explicar las normas a aquellas personas que viven alejadas de las grandes ciudades, de cara al plebiscito del 4 de septiembre. De acuerdo con información del Servel, en la elección de convencionales constituyentes de 2021 votó un 22,81 % del padrón indígena por escaños reservados. La pregunta que se han hecho los convencionales de pueblos originarios es qué significaría para el Apruebo si, con nuevos factores como el voto obligatorio y un mejor trabajo de difusión de información, se logra aumentar ese porcentaje.
“Las comunidades en el sur tienen legítimas dudas sobre la nueva Constitución, y uno percibe que el relato negativo que se instaló desde un primer momento ha generado incertidumbre”, asegura el convencional mapuche y exalcalde de Tirúa, Adolfo Millabur.
Los escaños reservados ya se pusieron en marcha para defender el Apruebo al texto constitucional que, por ahora, reúne al menos 50 artículos –sin armonizar– que hacen referencia a los pueblos originarios, como son los de restauración de tierras, el principio de plurinacionalidad, la conformación de autonomías territoriales indígenas, la consulta indígena, escaños reservados en órganos colegiados de representación, sistemas de justicia indígena, entre otras normas, la mayoría con remisión a la ley.
El acuerdo es claro entre los convencionales que fueron elegidos a través de escaños reservados: a partir del 5 de julio, cuando se disuelve oficialmente la Convención Constitucional, deben desplegarse por las zonas más alejadas. Quienes ya han empezado a tantear terreno advierten que en algunas comunidades indígenas existe un escenario adverso, por desconocer los contenidos de la nueva Carta Magna.
“Tenemos dos meses por delante para explicar. Yo por lo menos gastaré los zapatos todos los días que sea posible, desde el momento en que entregue el cargo el 5 de julio hasta las últimas horas en que la ley nos permita hablar de la nueva Constitución”, agrega el convencional Millabur.
En 2021, registros del Servel arrojaron que alrededor de un 22,81% del padrón indígena votó por escaños reservados (17 eran los asientos reservados para personas pertenecientes a uno de los diez pueblos indígenas reconocidos por ley). Esto quiere decir más de 280 mil de 1.239.295 personas que estaban habilitadas en el territorio nacional para votar por esta opción.
Sin embargo, Luis Jiménez, representante del pueblo Aymara y parte del colectivo Escaños Reservados, señala que seguramente los pueblos originarios tuvieron mayor participación que ese 22,8%. Según el constituyente, muchos no votaron por los candidatos indígenas: “Una gran cantidad por la falta de información adecuada, por el no cumplimiento de los requisitos. Hubo personas que, teniendo su calidad de indígenas, no estaban en el registro. Algunos, como era la primera elección de este tipo, pedían su papeleta indígena y los vocales no se la daban. La gente con poca paciencia se fue”.
Escaños Reservados es uno de los grupos conformados por nueve de los 17 elegidos de pueblos originarios, ya que el resto pertenece a la Coordinadora Plurinacional, integrada además por independientes.
Ambos grupos han estado vinculados entre sí en el impulso de normas a lo largo del trabajo de la Convención, y a los demás colectivos de independientes y movimientos sociales, como son Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales Constituyentes. Pero mientras Escaños Reservados ha sido en general más cercano al Colectivo Socialista y al Frente Amplio dentro de las colectividades que pertenecen a partidos de la base de gobierno, la Coordinadora Plurinacional ha trabajado en más ocasiones con el Partido Comunista.
De acuerdo con Adolfo Millabur, también de Escaños Reservados, “el Gobierno de turno (de Sebastián Piñera) no difundió la información. El día de la elección de la Convención, la población indígena no sabía que existían candidatos. Los vocales no estaban capacitados y tenían otra caja de votos indígenas que no sabían para qué servían”.
“Antes de hablar de la baja participación electoral de los escaños reservados en la elección de 2021, hay que hablar de la irresponsabilidad del Gobierno anterior, que no hizo ningún trabajo informativo respecto de qué eran los escaños reservados”, concuerda la convencional mapuche del mismo colectivo y expresidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon.
“A nosotros nos dieron 2 segundos para hacer la propaganda en la televisión, no teníamos los recursos para informar. Faltó educación cívica, y eso trajo como consecuencia que pocos acudieron a votar”, agrega.
Una de las preocupaciones al interior de Escaños Reservados es que, tras la disolución de la Convención Constitucional el 5 de julio, se acaba el trabajo de difusión encargado por el órgano. Quedando la propaganda del Apruebo o el Rechazo en manos del Gobierno, los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
“Me parece paradójico, porque por un lado se hizo un esfuerzo tremendo para proponer un borrador, pero, por el otro, en esta etapa crucial de difusión se va a tener que apelar solo a la buena voluntad de las personas que creen en este proceso, con los pocos recursos que se van a disponer, y con todo un movimiento potente en contra”, asegura la convencional de este grupo y representante del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera.
Del total de habitantes en Chile, 12,8% se considera perteneciente a algún pueblo indígena, es decir, 2.185.792 personas, de acuerdo con el Censo 2017. La Región Metropolitana es la zona donde se concentra la mayor cantidad de personas identificadas con algún pueblo originario, reuniendo al 31,80% de la población indígena, y le sigue La Araucanía con un 14,70%.
Loncon explica que ha hecho trabajo de difusión del borrador constitucional en Maipú, Lo Prado, Las Rejas, Peñalolén, Valparaíso y Villa Alemana con comunidades que se juntan en escuelas y que “la recepción ha sido positiva”.
Son tres las regiones con mayor proporción de personas que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena, según región de empadronamiento: Arica y Parinacota (35,7%), La Araucanía (34,3%) y Aysén (28,7%), de acuerdo con el Censo 2017.
Ganó el Apruebo en 2020 en las tres regiones, sin embargo, también en todas ellas se llevó el triunfo José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial de 2021, y en La Araucanía, a diferencia de las dos restantes, ganó Kast con más de un 60 % en la segunda vuelta. A esto se suma que en la elección de diputados esta misma región eligió a cinco candidatos de Chile Vamos de un total de once escaños.
Adolfo Millabur estuvo el fin de semana pasado en Arauco, en Los Álamos, Lebu, Tirúa, y Carahua por la preparación del Wiñol Tripantu, Año Nuevo Mapuche. Cuenta que allí pudo observar “incomodidad por la mala manera en que han abordado algunos sectores el relato comunicacional, instalando que esta es una Constitución indigenista”. Explica que hay quienes “se sienten aún más discriminados al escuchar esto”. Así, releva la importancia de informar y que “en ningún caso la plurinacionalidad se entienden como una división del país”.
Fuentes cercanas a Millabur aseguran que el convencional cuenta con redes con municipios y concejales al sur del país que están dispuestos a colaborar en el trabajo de difusión.
Natividad Llanquileo, representante del pueblo Mapuche y parte de la Coordinadora Plurinacional, muestra preocupación por los sectores alejados donde no está llegando la información. En cambio, afirma que “en las ciudades grandes” las personas han estado mucho más pendientes.
Explica que el carácter obligatorio del plebiscito de salida del 4 de septiembre “nos obligará a participar e informarnos”. Apunta, también, que la baja participación del padrón de personas pertenecientes a pueblos originarios se debió a “un cansancio”, que tiene que ver con “el rol que ha jugado el Estado con los pueblos originarios, especialmente con el pueblo Mapuche”. De esta forma, dice, “hay una desconfianza que esperemos que cambie”.
Entre los temas que asegura resultarán claves para las personas de las comunidades indígenas en la difusión del texto, levanta “la participación en las decisiones respecto de qué va a pasar en su territorio, especialmente frente a cualquier proyecto extractivista” que deja el artículo de consentimiento que está siendo modificado por la Comisión de Armonización. Destaca asimismo las normas que dicen relación con restitución de tierras y la protección del agua al interior de las comunidades, “pensando en los tiempos de sequía, donde se mueren sus animales”.
Luis Jiménez, del pueblo Aymara, detalla que ha tenido contacto permanente –al menos su “equipo territorial”, ya que él estuvo inmerso en el trabajo de la Comisión de Armonización que terminó de sesionar el 17 de junio– con comunidades tanto en Arica y Parinacota como en Tarapacá, ya sea con quienes viven en las ciudades como en otros territorios. Asegura que “hay un compromiso de la mayoría de los escaños de a partir del 4 de julio hacer visitas físicas, que por lo menos para los pueblos originarios es fundamental”.
Sobre la retroalimentación que le han entregado a su equipo, sostiene que en las comunidades del norte hay “muchas dudas” y que están “a la espera del borrador final”. Sin embargo, proyecta una alta participación de los pueblos indígenas por dos razones. Una, es que según el convencional la nueva Constitución reúne dos temas que eran fundamentales para los dirigentes del pueblo Aymara: “Agua y pensiones”. La segunda es lo que llama “la cultura de la reciprocidad en los pueblos originarios: así como uno tiene derechos, tiene deberes cívicos”.
Tiare Aguilera, convencional del pueblo Rapa Nui y de Escaños Reservados, puntualiza que, aunque ha llevado un “trabajo coordinado” con las autoridades tradicionales y con los representantes de cada familia –el pueblo Rapa Nui no se organiza en comunidades sino en torno a familias–, la isla ha permanecido “prácticamente cerrada durante dos años por la pandemia –anunciaron que se abrirá en agosto–, lo que ha hecho difícil la comunicación, sumado esto a que la conexión es muy mala, por lo que no pueden seguir el proceso por la plataforma oficial”.
Como acciones concretas, cuenta que están haciendo dos charlas semanales para ir abordando artículo por artículo, además de que se está traduciendo el borrador a través de la Academia de la Lengua.
Destaca la norma que reconoce al pueblo Rapa Nui como territorio especial: “Reconociendo el tratado histórico con el Estado de Chile” como central para ellos, señala.
