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María Luisa Brahm también fue consultada respecto a qué demoras habían sido detectadas y cuáles eran sus causas, a lo que contestó que «ahora uno tiene el cuadro final. Las causas empezaron a ingresar el 2010, ese año y el 2020 son muy menores. En el total del período son alrededor de alrededor de 70 causas».
El pasado 28 de abril, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm declaró ante la fiscal Ximena Chong en calidad de testigo en la investigación por eventual corrupción al interior de este órgano.
De acuerdo a información recopilada por el diario La Tercera, Brahm se refirió en su declaración al funcionamiento y el orden de los asuntos que se revisan en el pleno del TC, además de los retrasos en las causas por derechos humanos y el papel de su antecesor en el cargo, Iván Aróstica en postergar estos casos.
«Previo a que yo asumiera como presidenta, no había un orden en que los asuntos que ingresaban a la tabla del pleno», explicó. También señaló que desconocía «qué criterio se usaba para proponer las tablas; la ley dispone que debe haber un orden cronológico, sin perjuicio de las preferencias».
Brahm también fue consultada respecto a qué demoras habían sido detectadas y cuáles eran sus causas, a lo que contestó que «ahora uno tiene el cuadro final. Las causas empezaron a ingresar el 2010, ese año y el 2020 son muy menores. En el total del período son alrededor de alrededor de 70 causas».
«La demora no es exclusiva en casos de DD.HH. Ya a esa altura, el presidente (Aróstica) había tomado un par de medidas, a fines de 2018 e inicios de 2019, producto de la presión. Se nota una disminución en el tiempo de tramitación, tanto en la etapa previa a la vista, como en el plazo de redacción de la sentencia. A veces confluyen dos redactores: mayoría y minoría, y en algunos casos la minoría detenía la decisión del asunto», agregó.
La actual líder del TC también explicó que las causas de derechos humanos «llegaban a la sala donde estaba él, me refiero a Iván Aróstica. Cuando estaba de presidente de la segunda sala, todas llegaban a esa sala, o una gran mayoría, y cuando se cambia a la primera sala, pasan a esa sala. Yo asumo que él tomaba esa decisión».
Sin embargo, aclaró que «no estoy atribuyendo ningún delito. Obedece a lo que yo le he explicado durante esta declaración; hacer una situación propicia para que personas que no tuvieran reales conflictos de constitucionalidad, vinieran al tribunal buscando sólo demora o tiempo».
Consideró además que «el manejo de las causas que he referido, poco prolijo en la gestión, en los tiempos de tramitación, en el voto dirimente, etc., generaba un ambiente propicio para ese aprovechamiento. Y somos nosotros entonces, no los privados que no tienen ninguna obligación, los que debemos hacer lo posible por enmendarlo».
Vale recordar que la presidenta del TC, María Luisa Brahm dijo el mes pasado en una entrevista a La Tercera que la gestión de su antecesor, Iván Aróstica, estuvo «al borde de la corrupción», provocando atochamientos, demoras y suspensión de causas.
Esta situación motivó que la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz interpusiera una querella contra los jueces del TC que resulten responsables de los delitos de prevaricación y cohecho agravado, por la tardanza en causas de derechos humanos en el órgano autónomo.
La legisladora sostiene que “existe una concertación para un retraso malicioso en determinadas causas, en particular, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en procesos por graves violaciones a los derechos humanos”.
