Cargos de la SVS contra el controlador de SQM y su círculo serían el primer paso de un proceso que implicaría a directores, corredoras, auditoras y conocidos operadores del mercado como Cristián Araya.
Después de años de investigación, Fernando Coloma es quien finalmente tiene a Julio Ponce Lerou, controlador de SQM —ex-yerno del dictador Agusto Pinochet—, y uno de los hombres de negocios más poderosos del mercado chileno, contra las cuerdas.
El superintendente de Valores y Seguros (SVS) se inscribió en los anales de la entidad ayer al presentar cargos contra Ponce Lerou y su círculo más cercano por presuntas violaciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas.
Hace al menos cinco años que algunos de sus antecesores venían investigando al empresario por diversos casos sin lograr avances. Coloma demoró menos de dos años. Su investigación se gatilló a pedido del gestor de fondos Moneda Asset y las AFP, y se concentró en operaciones de Ponce con las cascadas —principalmente en transacciones con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM— entre 2009 y 2011, las cuales, según los denunciantes generaron millonarias pérdidas para los accionistas minoritarios de las cascadas y ganancias del mismo rango para Ponce.
La superintendencia concluye que las operaciones habrían afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores, la confianza del público inversor y la transparencia del sistema.
En su comunicado, la SVS hace duras acusaciones. Dice que las operaciones de las sociedades cascada fueron realizadas «de modo recurrente y coincidente», lo que «permite presumir la existencia de un esquema estructurado sobre la base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento que habría llevado a que las Sociedades Cascada proveyeran acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios que, en la generalidad, pueden ser entendidos bajo mercado y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas».
Agrega que las referidas sociedades, por lo general, tiempo después, «enajenaban dichas acciones a precios significativamente mayores a los que las habían comprado y en condiciones de precios que, en la mayoría de las veces, podrían ser consideradas como sobre mercado, siendo las contrapartes de estas operaciones, mayoritariamente, las propias Sociedades Cascada».
Los cargos de la SVS parecen confirmar las acusaciones de Moneda y las AFP. El director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, afirmó que «dan cuenta de operaciones que a los ojos de la Ley de Sociedades Anónimas y de Valores, constituyen infracciones gravísimas. Algunas de estas infracciones son constitutivas de delitos sancionados con penas que llegan hasta los 10 años de presidio».
Moneda alega que entre 2009 y 2001, Ponce orquestó operaciones entre las cascadas por un valor de US$ 6.400 millones.
Documentos, a los que este medio tuvo acceso, muestran que entre las operaciones cuestionadas se encuentran algunas negociaciones que ocurrieron entre enero y noviembre de 2011. El 29 de marzo de ese año Oro Blanco vendió Calichera con un descuento de 9,3 % al precio de mercado y descuento del holding de 27,5 %. El 7 de noviembre Potasios compra Calichera con premio respecto al precio del mercado de 11.5 % y precio del holding de casi 2 %. El vendedor: SQ, otra empresa controlada por Ponce. En esas operaciones, SQ habría logrado una utilidad de US$ 70 millones, mientras que se estima que Potasios habría perdido casi US$ 60 millones.
Una fuente que conoce el caso de la SVS en detalle, devela que hay operaciones en las que Ponce y su grupo ponía a la venta un paquete grande de acciones, casi al final de la sesión, y al otro día temprano una de las empresas relacionadas las compraba. «Es obvio que estaba arreglado. Nadie podía juntar los montos en tan poco tiempo para hacer una oferta realista», explica.
En su anuncio de ayer, la SVS también apuntó contra el círculo de hierro de Ponce, presentando cargos contra Patricio Contesse Fica, hijo del actual gerente general de SQM y ejecutivo que partió con el empresario en los ’80; Aldo Motta, actual gerente general de varias sociedades cascada, y Roberto Guzmán Lyon, asesor de Ponce Lerou. Las partes tienen 20 días para responder.
AUMENTOS DE CAPITAL EN EL LIMBO
Varios expertos consultados coinciden en que los cargos de la SVS ponen en duda los aumentos de capital previstos por las sociedades cascada —US$ 470 millones—, que buscan sacar de la difícil situación financiera que enfrentan por el término del cartel de Potasio en Rusia. Las juntas están programadas para el 27 de septiembre.
Cercanos a Ponce Lerou, afirman que mientras la SVS explícitamente no los obligue a suspenderlas, el plan debe seguir adelante. El problema es que Ponce Lerou tiene US$ 1.500 millones en deuda para la cual le están pidiendo mayores garantías y colateral luego que los papeles de SQM colapsaran a raíz del quiebre del cartel del potasio, lo que hizo que el mercado se desplomara. El problema más grande sería Oro Blanco. La cascada tiene un bono por US$ 100 millones que vence el próximo año a tasas muy altas y sin el aumento de capital se gatillan una serie de problemas que afectarían a todas las sociedades del grupo que controla SQM.
PRÓXIMA ARISTA: DIRECTORES, AUDITORAS Y CORREDORAS
El caso puede alcanzar tintes políticos. Fuentes bien informadas indicaron que la SVS estaría preparando una segunda parte de la investigación, la cual también dejaría heridos.
Tras disparar contra Ponce, Coloma ahora iría por los directores que aprobaron las operaciones y en esa línea Alejandro Ferreiro podría verse salpicado, ya que participó como director independiente entre abril de 2010 y el 9 de marzo de 2012 de Norte Grande. Ferreiro es un eximio abogado de la Democracia Cristiana (DC), ministro de Economía del gobierno de Bachelet entre julio de 2006 y enero de 2008 y titular de la SVS entre mayo de 2003 y marzo de 2006 en el gobierno de Ricardo Lagos. Con Lagos además, fue titular de la Superintendencia de AFP.
Ferreiro fue presidente del Consejo para la Transparencia entre octubre de 2011 y mediados de 2013, y mientras integró el directorio de Norte Grande aprobó algunas operaciones de las cascada que involucraron a Norte Grande y fueron cuestionadas por la SVS que ordenó reversar utilidades derivadas de las mismas.
En dicha ocasión, Ferreiro aseguró que si la SVS lo ordenaba debía corregirse, pero que estaba seguro que no había una presunción de irregularidad por parte de Coloma. Si las operaciones por las cuales la SVS formuló cargos contra Ponce incluyen las que Ferreiro validó, la autoridad podría atacar su flanco. Eso sí, la SVS indicó ayer que los cargos tienen que ver con operaciones realizadas entre 2009 y 2011 en Calichera, Oro Blanco y SQM, no en Norte Grande. Sin embargo, dichas operaciones generaron beneficios a otras cascadas, incluyendo a Norte Grande, que luego la SVS ordenó reversar.
«No tuve observaciones a la forma en que se contabiliza esto. Esta es una operación que se realiza a través de Pampa Calichera y los efectos en resultados de esas operaciones, por normas de consolidación se aplican a las sociedades que están aguas arriba y por tanto, indirectamente de lo que se resuelve y aprueba y audita en Calichera, no puede sino ser reconocido en idénticos términos a nivel de Oro Blanco y de Norte Grande. Por tanto, no hay ni posibilidades ni sería consistente tener opiniones distintas respecto del tratamiento contable de una operación que está registrada de una manera en Pampa Calichera e idénticamente registrada a nivel de Oro Blanco y Norte Grande», dijo Ferreiro a El Mostrador Mercados el 23 de abril del año pasado, añadiendo en ese momento que dichas operaciones fueron aprobadas luego de ser discutidas con la auditora PwC, la misma que fue sancionada por la SVS en 2012 por su rol en el caso La Polar.
El rol de Price es una arista que la SVS también estaría persiguiendo.
Una persona que conoce detalles del caso, asegura que los cargos contra los directores serían igual o más duros que los que se anunciaron ayer. «Ellos son casi igual de responsables. Firmaron las actas y aprobaron las operaciones», explica. Dice que en algunas de las operaciones entre las cascadas que se aprobaron no se pagaron las acciones. Estaban como «cuentas por cobrar», señala y eso «es impresentable». Agrega que también habrían casos de uso de información privilegiada.
Expertos en gobiernos corporativos vienen desde hace un tiempo advirtiendo acerca de las operaciones de Ponce Lerou y hay pocos abogados que defienden las sociedades cascadas. Sin ir más lejos, hace dos semanas el abogado de Stanford, Ron Gilson, considerado el principal experto en el tema, las describió como «impresentables».
«Transforman los gobiernos corporativos más complejos, los hacen más opacos y oscurecen las formas de financiamiento mediante el cual se está manteniendo el control de la compañía. También surge de inmediato la pregunta sobre quiénes realmente toman las decisiones: ¿los directores de las sociedades que están arriba, los gerentes generales de las sociedades aguas abajo?, es decir, cómo se va conformando la política de delegación de autoridad, eso se hace muy confuso. En definitiva, se provoca una opacidad mayor desde el punto de vista de cómo se toman las decisiones», escribió en Estrategia hace un tiempo Fernando Lefort, decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales.
ROL DE LAS CORREDORAS
Asimismo la SVS tendría en la mira el rol que han jugado las corredoras en las operaciones. Las principales serían BanChile inversiones, a través del conocido operador del mercado Cristián Araya, cuyo apodo en el mercado es «Canalla». Ahora es socio de Tanner y él estaría al centro de algunas de las operaciones más cuestionadas por las autoridades.
Otra de las corredoras cuyo nombre suena es LarrainVial. Ponce ha sido su cliente por años y justo ahora tiene el mandato de emitir una «fairness opinion» sobre la valorización justa de los términos de las fusiones propuestas por Ponce. Expertos consultados están divididos acerca de si se puede culpar a los agentes de valores. Unos opinan que ellos simplemente cumplen un rol de facilitar las operaciones y que no se les puede asignar responsabilidad por cómo opera el cliente. Pero un gestor de activos para clientes de alto patrimonio y un experto en gobiernos corporativos no están de acuerdo. Creen que las corredoras son parte interesada y tienen cierta complicidad.
Hay que ver ahora hasta dónde llegará Coloma con el caso y si provocará cambios profundos en la forma en que opera el mercado de capitales chilenos. Irónicamente, Coloma está en Londres como parte del Chile Day 2013, evento que busca promocionar a Chile como un buen lugar para hacer negocios e inversiones.
