Sus abogados vuelven a insistir en que existen «circunstancias y hechos concretos» que revelan su falta de imparcialidad en un caso en que están en juego los intereses del Presidente.
Julio Ponce sigue tirando granadas políticas en el caso Cascadas.
Ayer aumentó la presión para que el Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, se inhabilite en el caso.
Sus abogados, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, dicen que la solicitud original del 23 de octubre fue «indebidamente desestimada» en el oficio reservado de la SVS del 25 de octubre. Piden que ese oficio sea dejado
sin efecto y que se declare a Coloma inhabilitado «para seguir adelante con el presente procedimiento».
Alegan que existen «circunstancias y hechos concretos que demuestran su falta de imparcialidad en este caso particular en que están en juego los intereses de S.E. el Presidente de la República».
En el documento, los abogados dicen que la decisión del Superintendente subrogante de rechazar la petición de inhabilidad original fue equivocada y que él no tenía la autoridad para hacerlo.
Los abogados de Ponce vuelven reclamar que la SVS no revela el nombre del vendedor, no hace ningún comentario al precio al cual fueron transadas dichas acciones y tampoco cuestiona la modalidad en que inscribieron, difundieron y ejecutaron las operaciones en la Bolsa, características que habrían sido similares a las que ocurrieron de 2009 en adelante y que la SVS las utiliza para acusar al controlador de SQM. De hecho, aseguran que los precios a los que se ejecutaron fueron entre un 8% y un 34% superiores (en la venta del 12 de mayo de 2008) a los que serían si se calcularan de acuerdo a los parámetros que la SVS utilizó para cuestionar los remates hechos desde 2009 en adelante. La diferencia es de 19% a 35% para la segunda transacción y de 26% a 39% para la tercera.
Dicen que los la falta de imparcialidad de Coloma «queda de manifiesto de la formulación de cargos» en contra de Ponce y que al mismo tiempo omite referirse a las operaciones realizadas por las sociedades relacionadas con Piñera, «como son Axxion, Bancard y Santa Cecilia».
Agregan que «resulta inaceptable desde el punto de vista de la objetividad conforme a la cual debe ser conducido un procedimiento de esta naturaleza», que a Ponce se le acuse de haber comprado o vendido “por sobre” o “por debajo” de lo que la SVS entiende como «precio de mercado –que es la piedra angular de la teoría del ‘esquema’–, y no se hayan analizado en los cargos las operaciones realizadas por otros agentes del mercado, como son Axxion, Bancard y Santa Cecilia».
Otro punto que refieren en el documento es que la SVS cuestiona ciertas ventas y reprocha a Ponce «que los compradores hayan sido siempre los mismos –las mal denominadas Sociedades Vinculadas e Instrumentales», pero no menciona a los «otros» que participaron. De acuerdo al equipo de Ponce, en esas mismas operaciones cuestionadas participaron las sociedades de inversión del Presidente.
«Este antecedente desvirtúa completamente la acusación de la autoridad, relativa a que en las ventas de los remanentes de acciones del aumento de capital habrían participado siempre y en exclusiva, las sociedades que la Superintendencia ha denominado como ‘Vinculadas’ e ‘Instrumentales’, desvirtuándose, así, la teoría del ‘esquema’”, alegan Labarca y Parodi.
Los abogados de Ponce también cuestionan el hecho de que Coloma no haya investigado operaciones idénticas o incluso de menor difusión a las que la SVS describe como parte fundamental del esquema. «La Superintendencia no analizó ninguna de esas otras operaciones o remates, en las que habrían participado las sociedades Axxion, Bancard y Santa Cecilia». Y dicen que hay sólo dos alternativas: «O que el señor Superintendente prescindió de dichas operaciones por estar vinculadas con el Presidente, o bien, que no las analizó porque de haberlo hecho tendría que haber descartado su teoría. Y en cualquiera de dichos eventos, unos y otros sólo pudieron obedecer a la falta de imparcialidad del señor Superintendente».
Labarca y Parodi dicen que su intención no es vincular al Presidente en el caso ni «imputarle irregularidad alguna, ni a él ni a sus sociedades». Lo que reprochan es «simplemente por no haber analizado las operaciones realizadas por dichas entidades» ya que, según ellos, de haberse realizado, «habrían lisa y llanamente desbaratado la teoría del ‘esquema'».
Alegan que la falta de imparcialidad y el conflicto de interés está precisamente en no haber efectuado dichos análisis. Esa decisión, dicen los abogados de Ponce, «va en directo beneficio de S.E. el Presidente de la República, toda vez que, en sus propias palabras, él ‘estaría entre los perjudicados’ por el tantas veces mencionado ‘esquema’”.
En el documento, Labarca y Parodi dicen que la aparición del Presidente en Tolerancia Cero y el testimonio de Coloma ante la Comisión del Trabajo del Senado, aportan nuevos antecedentes que confirmarían que Piñera tiene un interés directo en el caso y por eso el Superintendente tendría que inhabilitarse.
Observadores neutrales del caso dicen que las operaciones Ponce y su círculo no pueden compararse con las de las sociedades del Presidente o las de las AFP.
Explican que no son comparables, porque el vendedor o comprador no tenían relación alguna ni con el control ni con el directorio ni con la administración de la compañía, tampoco existían terceros minoritarios que se pudieran ver afectados de manera alguna.
La estrategia de los abogados de Ponce es vista por sus críticos como una maniobra desesperada frente a la contundencia que tendrían los cargos y la investigación de la SVS.
Para ellos, la denuncia de Ponce sigue una línea de acción que antes incluyó presentaciones contra Moneda y luego contra las AFP, en cuanto a asignarles participación en los remates que la SVS cuestiona y que a juicio de Ponce son normales en el mercado.
Este nuevo ataque a Coloma se suma al argumento de Roberto Guzmán en el caso.
Su abogado Gabriel Zaliasnik alega en sus descargos que la SVS no puede fiscalizar a personas naturales y que en manipulación bursátil el regulador sólo puede investigar a quienes están bajo su supervisión, por lo tanto, Coloma no tiene la autoridad para investigarlo.
En sus descargos ante la SVS, Zaliasnik alega que sólo en caso de uso de información privilegiada hay una norma expresa que permite a la SVS investigar a una persona natural; pero que en manipulación bursátil u otros ilícitos tiene facultades acotadas.
