Impacto de la Reforma Educacional
El equipo de research del banco señaló que al INE le urge una nueva Encuesta de Presupuestos Familiares para capturar la recomposición de gasto, tras el término del copago y el paso a la gratuidad en colegios, ante la posible mayor demanda de bienes y servicios de la canasta ante los ingresos disponibles que se liberan del gasto familiar en educación.
El BBVA anticipa un nuevo efecto en la medición de la inflación luego de la reforma educacional que impulsó el Gobierno.
El equipo de research del banco, que suele liderar los reportes con sus informes sobre inflación y la canasta básica, prevé cambios en la medición del IPC por parte del INE.
Según apuntan, el Manual Metodológico del IPC estipula que cuando un producto o servicio pasa a ser gratuito, este se excluye de la muestra.
De acuerdo al BBVA, «en principio, el INE requeriría una nueva Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) para capturar la recomposición de gasto familiar que ocurre para las familias que pasan de pagar un copago positivo a gratuidad».
Esto luego de que en 2014, 32 establecimientos optaran por la gratuidad para el año 2015, mientras que este año 794 colegios pasaron a ser gratuitos, dejando pendientes para el paso a la gratuidad de cerca de 1.250 colegios, lo que debiera producirse en los próximos 2 años.
Según señalan, el impacto del paso a la gratuidad en los colegios significaría un «mayor ingreso disponible residual que se gastaría en otros bienes o servicios, que en consecuencia deberían tener una mayor ponderación en la canasta del IPC en desmedro de la participación de los ítems de educación dentro de la canasta», añadiendo que por «ese factor, podría inferirse que al no realizar una nueva EPF, comienza a generarse un sesgo inflacionario en la división Educación».
De acuerdo al análisis, los colegios que accedieron a gratuidad implican inmediatamente su eliminación en la toma de precios, mientras que un colegio subvencionado que pasó a ser privado, para autofinanciarse incrementa el valor de su matrícula, la cuota de incorporación o el valor del arancel, inicialmente no se considera en el cálculo del precio sino hasta el siguiente año donde ingresará al cálculo bajo una relación de establecimiento particular.
El problema al que apuntan es que esto podría encauzarse en un sesgo inflacionario, luego de que en el resto de los bienes y servicios de la canasta se produciría una mayor demanda, debido al ingreso disponible que se libera desde educación. Esta mayor demanda «presionaría al alza los precios, lo que será parcialmente capturado por el IPC».
Sin embargo, añaden que mientras tanto se subestimará el gasto que las familias realizan en esos bienes y servicios hasta contar con una nueva Encuesta de Presupuesto Familiar, por lo que se subestimaría «su incidencia inflacionaria hasta conocer la nueva EPF».
Cabe destacar que la nueva EPF se realizará entre los años 2016 y 2017, y servirá para la elaboración de la canasta de IPC base 2018=100, la que entraría en vigencia a contar de enero de 2019.
Por esto, el BBVA asegura que «tendremos un sesgo incremental durante los próximos 3 años», al momento en que critican que «dentro de la OECD, Chile se ubica entre los países con menor frecuencia de actualización de su EPF».
Ante esto, anticipan que para el IPC de marzo «nos parece razonable considerar los reajustes realizados por entidades educacionales, cuyos aranceles ya son conocidos», mientras que agregan que «descartamos efectos desinflacionarios.
Nuestra toma de precios señala un alza de 4,8%, con incidencia de 0,39%, no muy distinta a la incidencia de esa división en marzo 2015.
