El aparcadero opera desde 2015, en 25 hectáreas en Quilicura, sus mismos dueños son los propietarios del servicio de grúa y entraron al negocio de seguro automotriz. La inversión de los privados está resguardada por un Ingreso Mínimo Garantizado, por el cual el fisco se comprometió a pagar 2 millones de UF en 20 años. Custodia Metropolitana es el nombre de la empresa y el año pasado recibió $2.553 millones del fisco. Sus detractores acusan monopolio.
Monopolio y competencia desleal, eso deberá zanjar en los próximos meses el Tribunal de Libre competencia, luego que Eulogio Altamirano, ideólogo del proyecto, denunciara a comienzos de 20016 a la concesionaria “Custodia Metropolitana” tras calificar aquella adjudicación de corrupta. “Hicieron las bases con servicios que no podían concesionar, pusieron un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) que no corresponde y están empleando a ex funcionarios del MOP como asesores”, sostuvo Altamirano.
La historia revelada por The Clinic, cuenta que el ministerio transformó un proyecto que tenía costo cero para el Estado en un millonario negocio para quien resultara ganador. Apareció un concepto clave: el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que aseguraba utilidades aun cuando el negocio no las generara. Es decir, si al final de cada año la compañía no obtenía el flujo de autos esperado, el MOP le cancelaba el dinero restante. Fijaron una millonaria cifra: más de 2 millones de UF divididas en 20 años, lo que a precio actual equivalen a 82 millones de dólares.
¿EL beneficiario? IAB Inmobiliaria S.A., compañía controlada por tres sociedades. Copra S.A., que pertenecía al histórico militante de la UDI Luis Cordero, y donde alguna vez fueron socios Pablo Longueira y Andrés Chadwick; Inversiones Yuste, de propiedad del empresario Andrés Navarro; y Agrícola y Comercial Santa Inés Limitada.
El 2 de diciembre de 2009, IAB Inmobiliaria S.A. se adjudicó el proyecto al ofrecer el menor cobro por el “retiro, traslado, y entrega”: 1.25 UF por auto, 0.03 UF menos que la segunda empresa. Pero no fue hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet que se puso en marcha el aparcadero, que a esa altura constituyó su propia empresa de remolque de vehículos llamada Movilidad Urbana SPA., la cual perjudicó el mercado de las grúas a nivel local. Y a parte de ofrecer servicios de grúas privados, entraron al negocio de los seguros.
“Era prácticamente imposible hacer un negocio paralelo. El MOP había creado un monopolio y el Ingreso Mínimo Garantizado se había convertido en una barrera de entrada infranqueable”, recuerda Altamirano, después que un grupo de alcaldes lo contactara en 2015 para que diseñara un aparcadero privado para los municipios que habían quedado fuera de la concesión.
No obstante, su querella no evitó que en junio del año pasado el fisco pagara a la empresa de Luis Cordero y Alejandro Navarro más de 4 veces la cantidad de ingresos que el propio flujo de autos había generado y embolsara $2.553 millones con IVA incluido. En los próximos meses, el Tribunal de la Libre Competencia zanjará la disputa y la fecha podría coincidir con el segundo pago del IMG, en junio. Esta vez, el fisco deberá desembolsar aproximadamente más de $1.500 millones
